El Supremo avala a Barberá y da luz verde al plan que conecta Valencia con el mar

2008-03-14Publicat per: ABC
Ha sido el proyecto urbanístico más controvertido del Ayuntamiento de Valencia. Largamente acariciado por la alcaldesa Rita Barberá -que ve en él la oportunidad de revitalizar una de las zonas más deprimidas de la capital-, divide en dos un barrio histórico, El Cabanyal, que, por su singularidad, goza desde 1993 de protección especial como Bien de Interés Cultural (BIC). Y fue esta peculiaridad lo que hizo que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de El Cabanyal-Canyamelar (PREPI) llegara a los tribunales casi a la vez que comenzaba su andadura administrativa.
Ayer, el Tribunal Supremo puso fin a diez años de litigios al desestimar los recursos interpuestos por los colectivos vecinales que se oponen a esta actuación y confirmar lo que ya dijera el Tribunal Superior de Justicia hace más de tres años: que a pesar de los «peros», que existen, el Plan tiene más beneficios que perjuicios. El Supremo adelantó ayer su decisión, aunque no hizo públicos los argumentos que la fundamentan.

Diez años litigando

El PREPI comenzó a tramitarse en 1988. En 2001 Generalitat y Ayuntamiento le dieron el visto bueno. Pero la oposición de partidos políticos y colectivos vecinales -agrupados muchos de ellos en Salvem el Cabanyal- provocó la intervención del TSJ, que en 2002 paralizó de manera cautelar los derribos. Dos años después, el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal Valenciano resolvió sobre el fondo del asunto: los planes urbanísticos de Barberá en El Cabanyal no infringen la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano por cuanto tienen encaje en la excepción que contempla el artículo 39.2 de dicho precepto.

Dice el referido artículo que «se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto» y que «no se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación del conjunto». Y esto último, era, según el TSJ, lo que ocurría con este plan urbanístico que afecta al nordeste de la capital: según el Tribunal, pese a que la diagonal que conectará la avenida Blasco Ibáñez con la fachada marítima afectará a 322 edificios, que perderán la protección de la que gozaban, el barrio saldrá ganando por cuanto el bulevar proyectado actuará como elemento revitalizador y dinamizador de una zona degradada.

El TSJ hizo suyos buena parte de los argumentos del arquitecto Alejandro Escribano, que elaboró un informe para la Conselleria, según el cual «la limitada pérdida patrimonial» que se producirá con la intervención en el barrio queda compensada «con creces» por el «efecto revitalizador» que tendrá la avenida «en las tramas urbanas colindantes (...) terminando con una situación de marginalidad» que ha repercutido negativamente en la conservación de este conjunto histórico protegido, que verá modificado su trazado y su nivel de edificabilidad.

La futura avenida al Mar adoptará forma de bulevar. Tendrá 48 metros de ancho. No tendrá un trazado en línea recta para reducir el impacto en este barrio protegido, en el que, se fija una edificabilidad máxima de cinco alturas, inferior a la de la avenida Blasco Ibáñez, pero superior a la del resto de El Cabanyal. Pese a ello, señalaba la sentencia, «no se rompe la estructura de barrio» por cuanto no es «incompatible con la trama histórico-artística». «La altura de cinco plantas para una calle de 48 metros cuando supone una prolongación de otra con una media de 20 plantas es moderada y supone una relación altura-anchura de la calle sin parangón en la ciudad», concluyó la Sala.

Y comenzaron los derribos. Se levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre ellos, a pesar de los opositores. Sólo once de los diecinueve magistrados que componen en Pleno suscribieron esta tesis. El resto emitió un voto particular: el plan, dijeron, no respetaba los límites de esta peculiar trama urbanística; cuestionaban que favoreciera la integración del barrio. A ello se agarraron los recurrentes para llevar el caso al Supremo. El ponente de aquella sentencia fue José Diez, el presidente de la Sala de lo Contencioso. Hoy es magistrado del Supremo. No ha intervenido.