El alto tribunal admite la petición de la plataforma vecinal, que se basó en la degradación urbanística del barrio

El Supremo adelanta un año la sentencia del plan del Cabanyal y fallará en febrero

2008-01-22Publicat per: Las Provincias
El 13 de febrero, el Tribunal Supremo votará el recurso de casación interpuesto por la plataforma Salvem el Cabanyal en contra del plan urbanístico que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Con esta decisión, el alto tribunal adelanta el fallo al menos un año, a petición precisamente de la entidad vecinal.

El Tribunal Superior de Justicia aprobó por diez votos contra ocho la prolongación de la avenida y el resto del plan, en una sentencia dictada en octubre de 2004. No obstante, Salvem logró la suspensión cautelar de los derribos con la admisión del recurso de casación.

Según fuentes de esta entidad, dicha suspensión caducará el 13 de febrero, cuando el Supremo falle en un sentido o en otro. La paralización afecta a la zona protegida por su valor patrimonial y que fue declarada Bien de Interés Cultural por la Generalitat en 1993.

Es decir, que el gobierno municipal no puede demoler ningún inmueble situado entre las calles Escalante, Pescadores, Doctor Lluch y Amparo Guillem. El Tribunal Superior sí que ha dado la razón al Consistorio en licencias de derribo recurridas fuera de dicho ámbito. En los últimos meses, los esfuerzos en acometer el plan urbanístico se concentran en el llamado bulevar San Pedro, que tendrá su eje en la calle actual llamada con ese nombre.

Un total de 135 familias ya han recibido notificaciones para la expropiación forzosa. Las primeras cartas empezaron a llegar el pasado 5 de junio, según las mismas fuentes. Este bulevar se sitúa al norte de la futura prolongación de Blasco Ibáñez, perpendicular y en una de las zonas más degradadas del Cabanyal.

En caso de que el Supremo fallara a favor de los vecinos, ninguna de las actuaciones realizadas desde que se aprobó el plan urbanístico, en abril de 2001, tendría validez administrativa y serían declaradas ilegales. Tras el fallo a favor de la suspensión cautelar, el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, aseguró que fuera del ámbito protegido seguirían las expropiaciones.

La ejecución del plan del Cabanyal supondrá la demolición de 1.650 viviendas en unos 500 edificios. De ellos, Salvem el Cabanyal asegura que un centenar cuentan con algún tipo de protección patrimonial. Por el contrario, el gobierno municipal asegura que se protegen más que antes de la aprobación del plan y que la apertura de la avenida hasta las inmediaciones del hotel de las Arenas (algo más al norte) servirá para la regeneración urbanística y social del Marítimo.

La previsión es que la sentencia del Supremo se conozca antes de abril. Con las vista puesta en las elecciones generales, este asunto municipal podría trascender antes del 9 de marzo, con lo que se convertiría en un argumento más de la campaña de los partidos.

Según el escrito de alegaciones de Salvem el Cabanyal, el retraso en la resolución del plan ha generado una gran cantidad de solares, así como la ocupación ilegal de decenas de viviendas. "Se da en el barrio la mayor concentración de Valencia de personas que viven de la delincuencia".

Esta situación ha cambiado hasta las costumbres de los vecinos del Cabanyal. "La agresividad de los recién llegados al barrio y que viven de la delincuencia, es tan grande que las agresiones a los vecinos son continuas, dando lugar a que no puedan salir a la "fresca" como tradicionalmente se ha hecho".

El Ayuntamiento y la Generalitat formaron hace años una empresa mixta, también con capital privada, llamada Cabanyal 2010. Una de las última intervenciones de esta sociedad ha sido la demolición de un grupo de viviendas ocupadas ilegalmente junto a la estación de Renfe del Cabanyal, en el tramo final de la actual avenida Blasco Ibáñez. En su lugar se ha previsto la construcción de viviendas de promoción pública, al igual que en resto de las promociones del plan urbanístico.