La petición de un informe por parte del Ejecutivo se retrasa al llegar por error a Alzira

El Ayuntamiento defiende ante el Gobierno que protege más fincas que derriba en el Cabanyal

2009-09-12Publicat per: Las Provincias
DATOS Empresa pública: La sociedad Cabanyal 2010 está formada por representantes del Ayuntamiento y la Generalitat. En un principio compraron acciones una decena de empresas, pero la crisis y la escasa rentabilidad forzaron su salida.
El gobierno municipal ya prepara el informe que enviará al Ministerio de Cultura sobre la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, dijo ayer que le ha sorprendido la petición, debido a que la legislación sólo obliga a pedir opinión a la Administración autonómica.

No obstante, los argumentos del Consistorio sí parecen importar al ministerio, que debe hacer cumplir una sentencia del Supremo que afecta directamente a esta segunda institución. El fallo obliga a motivar una declaración anterior de que la apertura de la avenida no supondrá un expolio al patrimonio arquitectónico de esta parte del Marítimo.

La plataforma Salvem el Cabanyal presentó un recurso sobre este asunto, al entender que el Gobierno no podía obviar la petición vecinal, como hizo en su día cuando decidió que correspondía en exclusiva a la Generalitat.

Grau comentó que uno de los argumentos principales en el informe municipal será que el plan urbanístico protege más edificios que cuando se aprobó el Plan General en 1989. Además de la zona directamente afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez, la ordenación añade más inmuebles.

La petición del Ministerio de Cultura ha llegado también a la Generalitat, aunque con algo más de adelanto. El motivo es, según el relato del concejal, que a pesar de que la dirección del sobre era la correcta acabó en el Ayuntamiento de Alzira, desde donde se reenvió a Valencia.

«Salió de Madrid el 6 de agosto y el documento entró a último de mes o principios de septiembre. En todo caso, entendemos que estamos en plazo y ya trabajamos sobre el tema», añadió.

A pesar de la resolución pendiente, la empresa Cabanyal 2010 sigue trabajando en los acuerdos de compra de inmuebles y los expedientes de expropiación. Como publicó LAS PROVINCIAS esta misma semana, el futuro bulevar de San Pedro centra ahora las actuaciones, donde ya se ha procedido a notificar a los vecinos la expropiación.

Después de un plazo de 15 días, comentó el delegado, se pedirá la urgente ocupación de las propiedades, previo a su demolición. Grau estimó que apenas una veintena de viviendas están ocupadas y que pertenecen en su mayor parte a miembros de la plataforma vecinal contraria a las obras.

«¿Si habrá lío?, No lo sé», contestó a los periodistas, para añadir que primero estará acabada la urbanización de la parte sur del bulevar, debido a que en la calzada norte se ha previsto la excavación de un aparcamiento público.

«Aunque sea una expropiación, quiero que los vecinos sepan que siempre estamos abiertos a llegar a un acuerdo.» La ejecución completa del plan del Cabanyal supondrá una inversión cercana a los 150 millones de euros, con un plazo no inferior a los diez años y que incluye la construcción de 1.600 viviendas de promoción pública, a ambos lados de la avenida.