La mayoría de las demoliciones servirán para la apertura del bulevar de San Pedro

Barberá derribará 13 inmuebles más en el Cabanyal y el PSPV lo denunciará en el juzgado

2009-07-14Publicat per: Las Provincias
Un informe municipal pone reparos, aunque Bellver aduce que están subsanados
La prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal ha entrado otra vez de lleno en los tribunales. La comisión de Urbanismo concedió ayer la licencia de derribo de 13 inmuebles, uno en la zona declarada Bien de Interés Cultural, lo que fue respondido por el grupo socialista con el anuncio de sendos recursos judiciales, además de un tercero por parte de la plataforma vecinal que se opone a las obras desde hace años. En algunos casos, los edificios comparten paredes medianeras en calles diferentes, por lo que se han tramitado en nueve expedientes de demolición.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, defendió la «completa» legalidad de las licencias, al responder así al edil socialista Vicente González Móstoles, quien desveló un informe técnico contrario de un servicio municipal, en contra de la Unidad Administrativa de Demoliciones.

No obstante, el primero aseguró que este tipo de informes «son normales» en la tramitación de cualquier licencia y que cuando llegan para la firma a la concejalía «está ya todo subsanado», por lo que acusó al concejal socialista de querer «confundir al mentir», en una nueva escalada del conflicto por la ejecución del plan urbanístico del Cabanyal-Canyamelar.

Los derribos se concentran en el futuro bulevar de San Pedro. uno eje transversal de la prolongación de Blasco Ibáñez y que el Ayuntamiento quiere tener acabado el próximo año.

González Móstoles anunció dos recursos judiciales por la vía de lo contencioso. El primero por la moción perdida en el último pleno para frenar los derribos y el segundo por las licencias aprobadas ayer.

Su argumento principal es que el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, debe emitir un informe acerca de si la prolongación de la avenida supondrá un expolio contra la trama urbana del barrio.

El dictamen debía haberse realizado en 2001, aunque entonces el Gobierno dijo que las competencias en materia de patrimonio histórico correspondían a la Generalitat. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo estima que sí debe redactarse dicho informe.

No obstante, los técnicos del Ministerio deben ceñirse a la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), según aseveró Bellver, y no sobre la ejecución del resto del plan. «En la comisión, González Móstoles ha pedido que se paralicen todas las licencias en el Marítimo, lo que es una barbaridad», añadió.

Del lote de derribos autorizados por la comisión de Urbanismo, sólo uno está dentro de la zona BIC. Se trata del número 168 de la calle Padre Luis Navarro. La empresa Cabanyal 2010, impulsora de las obras, asegura que sólo el 38% de las viviendas afectadas por los derribos están ocupadas.

Informe contrario

Acerca del rechazo de un servicio municipal a las demoliciones, González Móstoles comentó que se debe a lo mismo que estimó la comisión de Patrimonio para los derribos por la ampliación del IVAM, es decir, la ausencia de un proyecto sustitutorio en el solar.

«La interpretación correcta de la ley es que ese proyecto debe pedirse tanto si es para nuevas edificaciones como para urbanizaciones.» Por el contrario, Bellver explicó que sólo se refiere a lo primero. «En estos solares se abrirán calles, por lo que no es necesario y las licencias son totalmente legales», apostilló.