Si el ayuntamiento desoye el requerimiento de suspensión de los derribos el ministerio puede ejecutar subsidiariamente

La ley permite al Gobierno paralizar el plan del Cabanyal si hay riesgo de expolio

2009-06-12Publicat per: Levante
La ley de Patrimonio Histórico Español a la que Salvem el Cabanyal, la plataforma contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez, lleva años invocando para evitar los derribos en el conjunto histórico dota al Ministerio de Cultura de competencias para adoptar de forma subsidiaria "medidas urgentes conducentes a evitar el expolio". Así lo recoge un informe jurídico elaborado para el grupo municipal socialista tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que reactiva la vía patrimonial por expolio abierta en su día ante el Ministerio de Cultura.

Mientras la alcaldesa, Rita Barberá, aseguró el miércoles que la sentencia del Alto Tribunal "no perturba en nada la legalidad" del plan urbanístico del Cabanyal, su "puesta en ejecución" y su "continuidad", los informes jurídicos de la oposición concluyen todo lo contrario. Las modificaciones introducidas en 1994 vía real decreto en la ley estatal de Patrimonio facultan al Ministerio de Cultura, como garante de la conservación del Patrimonio, para "declarar de oficio o a propuesta de cualquier persona física o jurídica" la situación en que se encuentra un bien y "las medidas conducentes a evitar la expoliciación". Cuando la administración competente -en este caso el Ayuntamiento de Valencia- "desatendiera el requerimiento, el Estado a través del Ministerio de Cultura puede ejecutar por sí mismo las medidas cautelares". Medidas que podrán ser declaradas "de urgencia" a fin de enviar el expolio. El procedimiento anteriormente expuesto "está sujeto a los principios administrativos de celeridad y eficacia".

Con la sentencia en la mano, los vecinos contrarios a la ampliación de Blasco Ibáñez hasta el mar podrían impugnar ante los tribunales, incluso ante la propia Delegación de Gobierno, las licencias de derribo. La sentencia, según los citados informes, es meridianamente clara en el sentido que "retrotrae el expediente al momento anterior a la emisión del acto recurrido", es decir a la resolución de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en la que se inhibió de las denuncias de expolio que data de 2001.

El departamento de Ángeles González-Sinde tendrá que revisar ahora, según dictamina la misma sala del Supremo que sólo hace seis meses validó el plan urbanístico del Cabanyal, "los amplios y exhaustivos informes" de los arquitectos de la Conselleria de Cultura -algunos de los cuales fueron relegados tras emitir informes contrarios a la prolongación-, de la Sindicatura de Greuges y de la Universitat de València, casi todos contrarios a los derribos en el conjunto histórico del Cabanyal.

La sentencia del Supremo y el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, la valenciana María Teresa Fernández de la Vega, de interesarse personalmente por el futuro del barrio han dado alas a la esperanza de los vecinos de ver el Cabanyal, con su arquitectura modernista popular, rehabilitado en su integridad.