El juzgado obliga al ayuntamiento a reparar los edificios del Cabanyal que intentó derruir

2005-08-03Publicat per: Levante
La empresa municipal Aumsa deberá reparar los desperfectos que ella misma realizó en dos edificios de su propiedad del barrio de El Cabanyal, según consta en un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia del 21 de julio hecho público ayer por el abogado de la plataforma Salvem El Cabanyal, José Luis Ramos.
La magistrada adopta esta medida cautelar que ha sido solicitada por los representantes legales de la plataforma para evitar que estas viviendas semiderruídas acaben siendo un foco de degradación del barrio. La jueza aún debe dictar sentencia sobre las licencias de derribo que concedió el ayuntamiento a Aumsa para demoler las viviendas que ha ido comprando la empresa municipal y que están afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar.

Respecto a las dos viviendas que se pretendió derribar la jueza ha ordenado unas «medidas de restauración y aseguramiento propuestas en las conclusiones del informe pericial del arquitecto Vicente Gallart». En el edificio de la calle Escalante 198, el auto judicial ordena «evacuar el escombro acumulado en el interior y a cubrir el tejado desmontado con suficientes garantías para que no penetre el agua de lluvia en su interior y respecto del edificio». En Progreso 181, Aumsa deberá ejecutar la «retirada de escombros acumulados en su interior y cerrar las diversas ventanas y puertas balconeras y han quedado abiertas, así como el tapado de la puerta de la planta baja en la calle Amparo Guillem 7 para impedir su acceso al interior».

Garantizar la seguridad de menores

Se trata así de evitar «el estado de abandono, por parte de sus propietarios [Aumsa], en que han quedado ambos edificios y que acabará propiciando su ruina y la de los edificios colindantes» y el riesgo «por la gran presencia de niños en horario escolar».

Por la tarde, el ayuntamiento respondió a esta información que el auto no le obliga a restaurar los edificios y que las reparaciones para garantizar la seguridad, a las que no se opone, son «ajenas a las licencias de derribo».