Un nuevo auto confirma que, al abrirse el proceso de casación, la sentencia no es firme y sí la suspensión cautelar

La jueza advierte que no podrán derribarse casas en el BIC del Cabanyal hasta que falle el Supremo

2005-06-25Publicat per: Levante
El juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Valencia ha dado una nueva vuelta de tuerca a la situación judicial del plan urbanístico de El Cabanyal. La magistrada ratifica la paralización cautelar de los derribos que el ayuntamiento, a través de la empresa municipal Aumsa, llegó a iniciar en la línea de prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez y advierte que, hasta que no haya una decisión del Tribunal Supremo -que abrió el proceso de casación al aceptar un recurso de queja del instituto que representa a Salvem el Cabanyal- no podrá tocarse una piedra en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) ya que la sentencia no es firme y aún rige por tanto la suspensión cautelar dictada en su día para dicha área.

Esta última decisión judicial viene a arrojar luz sobre la vigencia del planeamiento tras la sentencia del TSJ de 1 de octubre de 2004 favorable al Ayuntamiento de Valencia. Los responsables municipales, al contrario que los vecinos, entendían que podían intervenir libremente en todo el ámbito. Tanto es así que Aumsa solicitó y obtuvo las primeras licencias de derribo en la «zona caliente» para el número 181 de la calle Progreso y, poco después, Progreso 201, Escalante 198 y 204, José Benlliure 165 y 171, Barraca 140 y Escalante 198. La plataforma vecinal acudió inmediatamente a los tribunales, a pesar de lo cual llegaron a iniciarse los derribos. Finalmente, el juzgado dictó sendos autos de suspensión cautelar.

Cuando se tramitaba este procedimiento se produjo otra importante novedad judicial: el Tribunal Supremo estimaba, el pasado 12 de mayo, el recurso de queja interpuesto por el Instituto de Defensa de Intereses Patrimoniales y Culturales y Artísticos de Cabanyal Canyamelar contra el auto del TSJ que descartó la casación.

El gobierno municipal acabó paralizando los derribos. Ayer se hizo público el auto final respecto a las licencias de Aumsa donde, ante la nueva situación, no sólo se ratifica la suspensión de dichas demoliciones sino de cualquiera dentro del ámbito BIC, puesto que la jueza deja claro que, hasta que el Supremo no dicte el fallo definitivo, la sentencia del TSJ no es firme y siguen operando, en cambio, las medidas cautelares fijadas con anterioridad al entender que si hubiese un derribo sería irreversible.

Ayer mismo, el equipo de Barberá ratificaba su intención de seguir adelante con la prolongación mientras no haya una sentencia -del Supremo- que ordene su modificación. El pleno municipal aprobó, con los votos en contra de la oposición, mantener «en todos sus términos» el plan. El PSPV había presentado una moción en la que pedía la modificación en el ámbito de la avenida para empezar a actuar y que, en ocho años, estuvieran todos los equipamientos para el barrio. El portavoz socialista, Rafael Rubio, advirtió que si el Supremo falla en contra habrá que tener lista una alternativa.

El Consell da luz verde a la sociedad mixta

El Gobierno valenciano aprobó ayer constitución de la sociedad mixta que gestionará el desarrollo urbanístico del plan especial del Cabanyal. La nueva empresa recibirá el nombre de Cabanyal 2010 y arrancará con un capital social inicial de 35 millones de euros, según informaron fuentes de la Generalitat. Las administraciones tendrán mayoría (el 55%) del accionariado y el resto de la participación social (45%) será suscrita por capital privado. La participación pública en la nueva empresa se repartirá a partes iguales entre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la empresa Aumsa, con un 27,5% del accionariado, y la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), con otro 27,5% del accionariado. La nueva sociedad está facultada para redactar proyectos de urbanización, reparcelación o expropiación, además de poder adquirir, por cualquier título, terrenos y edificaciones. El Consell ha otorgado a la nueva empresa «todas las potestades que marca la legislación valenciana para la figura del agente urbanizador». Cabanyal 2010 podrá gestionar y explotar las obras y servicios resultantes de la urbanización y enajenar, incluso anticipadamente, las parcelas resultantes de la ordenación del ámbito y acudir al mercado de capitales para financiarse.