El Tribunal Supremo decidirá si es legal acometer parte del plan del Cabanyal

El juzgado ratifica que no pueden realizarse derribos para prolongar Blasco Ibáñez

2005-06-25Publicat per: Las Provincias
La prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar se ha puesto un poco más difícil para el gobierno municipal. El juzgado de lo contencioso número dos de Valencia ha atendido la petición de Salvem el Cabanyal y ha paralizado la demolición de siete edificios, a la espera del recurso presentado en el Tribunal Supremo.
El auto de la jueza se ciñe sólo a las fincas donde el Ayuntamiento ya había contratado su derribo, con la preceptiva licencia de la comisión de Urbanismo. Se trata de los inmuebles situados en la calle Progreso, 181 y 201, así como en la calle Escalante, 198 y 204. La calle José Benlliure, 165 y 171, y la calle Barraca, 140, cierran esta relación.

En la primera dirección, la contrata municipal incluso había iniciado la demolición, aunque la paralización provisional del juzgado impidió que se completase. Además, la posterior admisión a trámite del recurso en el Supremo hizo que el gobierno municipal decidiese paralizar todos los derribos contratados.

El abogado de Salvem el Cabanyal, José Luis Ramos, dijo ayer que la decisión del juzgado impedirá cualquier derribo en la zona protegida del Cabanyal, De lo contrario, aseguró que la administración local podría incurrir en un delito de desobediencia.

La empresa AUMSA ha llegado a acuerdos directos con una treintena de propietarios en el Cabanyal, para iniciar así los derribos y las unidades de gestión del plan. Además de la prolongación, hay previstas 1.500 viviendas de protección oficial, diversos jardines y equipamientos públicos, como colegios.

Precisamente, el Consell aprobó ayer la constitución de la empresa Cabanyal 2010 S.A., participada con el Ayuntamiento, y que pretende iniciar este mismo año las obras de urbanización en el barrio.

Con un capital social de 35 millones de euros, dará entrada a accionistas privados, con una aportación mínima de 300.000 euros. La mercantil tendrá potestad de agente urbanizador, para ejecutar infraestructuras, edificación y rehabilitación, según una nota del Consell.

Argumentos del PP

Sobre el auto del juzgado, se recuerda que el Supremo estimó el pasado 12 de mayo el recurso de queja interpuesto por Salvem el Cabanyal. También comenta que el fallo del Tribunal Superior de Justicia no es firme, lo que a juicio de Ramos “desmonta uno de los argumentos” del gobierno municipal, que entendía tras la citada sentencia que podía iniciar demoliciones en el barrio.

Sobre las siete licencias donde se había pedido la suspensión, afirma el juzgado: “la ejecución de las licencias de derribo puede hacer perder su finalidad legítima al recurso (del Supremo), puesto que si se lleva a cabo el derribo de los edificios es para llevar a cabo el planeamiento del PEPRI (plan del Cabanyal), que califica la zona en la que se encuentran ubicados como nueva avenida, modificando la estructura urbana y arquitectónica de las calles”.

El perímetro protegido por la declaración de Bien de Interés Cultural está delimitado por las calles Escalante, Pescadores, Doctor Lluch y Amparo Guillem.

Según las cifras del grupo socialista, la realización de este plan urbanístico, tal y como se aprobó en un pleno municipal, supondría la demolición de 1.338 viviendas, con un total de 1.761 personas afectadas.

El PP mantiene el plan urbanístico y anuncia obras fuera del área protegida

El pleno sirvió ayer para que los grupos municipales debatiesen una vez más acerca de su posición respecto al proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, así como del resto plan urbanístico. El portavoz del gobierno municipal, Alfonso Grau, afirmó que no se modificará el planeamiento, para responder así a una petición del concejal socialista Rafael Rubio.

Este pidió con anterioridad el inicio de 37 unidades de gestión que no están afectadas por la prolongación, para acometer así las obras de jardines, viviendas sociales y distintos equipamientos públicos, como colegios.

Grau interpretó que el primer punto de la moción socialista suponía la modificación del plan, a lo que no se mostró dispuesto. “Hemos llevado este proyecto en programas electorales y hemos ganado, por lo que contamos con el apoyo de los vecinos”.

Propuso a su vez una alternativa, que consiste en mantener en todo el plan, incluida la prolongación de Blasco Ibáñez, en tanto que no exista una sentencia firme que ordene su modificación, según reza en la moción.

A juicio del abogado de la plataforma vecinal, la previsión es que haya un fallo sobre el recurso antes de dos años. Hasta ese momento, el grupo popular aprobó ayer en solitario continuar con todas las actuaciones (Grau citó el bulevar de San Pedro), excepto las actuaciones que se encuentran suspendidas por la Administración de Justicia, en referencia a la manzana de edificios declarados Bien de Interés Cultural por la Generalitat.

El portavoz de los populares dijo por último que así se cumplirá con “una petición de la sociedad valenciana desde hace cien años”.