Rubio y González defienden que ha llegado la hora de «rehabilitar y no de destruir»

La oposición pide negociar el Plan del Cabanyal y el PP niega que el TS lo paralice

2005-05-31Publicat per: Levante
El Plan del Cabanyal y su penúltimo episodio judicial elevó aún más las diferencias irreconciliables entre los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia. Desde la oposición, PSPV y EU pidieron a la alcaldesa Rita Barberá que «se baje de las trincheras jurídicas», en palabras de Rafael Rubio (PSPV), y que cese «el expolio al patrimonio cultural», según Victoria González (EU) y reclamaron al equipo de gobierno del PP que se siente a negociar para llegar a una solución consensuada y no traumática. La petición se producía tras conocerse el sábado que el Tribunal Supremo ha aceptado el recurso de queja de la Plataforma Salvem el Cabanyal contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que daba vía libre al proyecto. «Ha llegado la hora de rehabilitar y no de destruir el Cabanyal», reclamaron ambos a media mañana.

Horas después, tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, negaron la mayor. Barberá aseguró tajante que «es falso que se paralice la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya que sólo se ha admitido a trámite el recurso de queja pero no [se ha producido] la resolución de la queja». Grau profundizó en esta hipótesis en una rueda de prensa posterior. Según el PP, el hecho de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso de queja «no cambia nada la situación jurídica del plan y mientras no haya ningún cambio sustancial, el equipo de gobierno entiende que no tiene por qué variar su postura».

¿Qué pasa con los derribos?

Sin embargo, para el PSPV y EU la decisión del Supremo obliga al Ayuntamiento de Valencia a andar con tiento si intenta continuar con los derribos en el Cabanyal para construir la avenida de 48 metros de anchura. «Si el equipo de gobierno pretende seguir adelante con su política de derribos en el Cabanyal, deberá pedir la ejecución provisional de la sentencia ante el TSJ, cuya sala de lo contencioso, reunida en pleno, debería decidir sobre la ejecución provisional que pide Barberá». Ante este alargamiento del proceso, tanto Rubio como González abogaron por «buscar una solución más barata, porque el ayuntamiento no tiene dinero para ejecutar el plan, y abandonar la política activa de dejar morir el Cabanyal poco a poco». En esta búsqueda de acuerdos para poner fin a siete años de litigio, la oposición creen que deberían sentarse en una misma mesa los vecinos, el equipo de gobierno y la oposición para llegar a un consenso en el que, no obstante, «la prolongación que afecta al BIC no sería negociable», apuntaron. «Estamos de acuerdo con todo el Plan del Cabanyal excepto en lo que afecta a la zona protegida. Se trata de proteger, sobre todo, la zona BIC», apuntaron tanto Rafael Rubio como Victoria González.

Ésta última afirmación fue aprovechada por Alfonso Grau para airear una supuesta contradicción entre los socialistas. «Me sorprende que el PSPV, que presentó junto a Salvem el Cabanyal un recurso ante el TSJ contra el Plan del Cabanyal, ahora diga que es favorable al Plan si se excluye el BIC, lo que supone que son partidarios de abrir la avenida hasta la calle Escalante y luego continuarla desde la calle de la Reina hasta el mar». Esta interpretación fue negada por el portavoz del PSPV, Rafael Rubio, «estamos a favor de la rehabilitación y el consenso».

Aún quedan tres vías judiciales abiertas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que dio vía libre en octubre de 2004 al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal era para el PP la confirmación judicial a su proyecto para un barrio que, en cada elección municipal, ha votado mayoritariamente al PP. Según el equipo de Gobierno de Barberá, la sentencia del TSJ era firme. Nada más lejos de la realidad.

La plataforma Salvem el Cabanyal mantiene abiertos tres frentes judiciales en contra de la apertura de la avenida a través del barrio marinero. El último en abrirse ha sido el del Tribunal Supremo quien ha aceptado el recurso de queja contra la negativa del TSJ a admitir cualquier recurso a la sentencia que daba vía libre al plan. El alto tribunal debe ahora tomar dos decisiones. Por una parte, decidir si acepta o no los argumentos de Salvem el Cabanyal sobre la casación. Entre otros, la plataforma esgrime que en el Cabanyal no se puede aplicar sólo la ley de patrimonio autonómico sino que debe imperar la estatal porque se va a modificar la trama urbana de un BIC, con derribos, lo que supondría «un acto de expolio que activaría las competencias del Ministerio de Cultura para evitar que el expolio se consumara». Si el Supremo decide que cabe recurso de casación significa que entrará a analizar el fondo del asunto. Entonces la plataforma insistirá en las supuestas ilegalidades cometidas durante el proceso ante el TSJ -como no aprobar pruebas periciales- en una nueva etapa que, como mínimo, se podría prolongar durante unos dos años más.

En Madrid y en primera instancia

Otra vía abierta es la iniciada ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número dos que paralizó los derribos iniciados en la calle Escalante y sobre la que no hay aún resolución judicial definitiva. Por último, la plataforma instó al Ministerio de Cultura a que interviniera, éste archivó la petición, decisión que fue recurrida y ganada por los Salvem en los tribunales madrileños, pero que a su vez recurrió la Generalitat y aún está pendiente de resolución