Salvem el Cabanyal exige a las autoridades que se paralice cautelarmente cualquier derribo

El Supremo admite el recurso contra la ampliación de Blasco Ibáñez

2005-05-29Publicat per: Levante
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la plataforma Salvem el Cabanyal en contra de la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez y la ejecución del Plan Especial Cabanyal-Canyamelar. Este hecho supone jurídicamente que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) «no es firme, como se empeñaron en recalcar tanto Rita Barberá como Alfonso Grau», explicó el presidente de la asociación, Faustino Villora.

El dirigente vecinal afirmó que el gobierno del PP «tiene mucha prisa en derribar las casas del Cabanyal» y añadió que la tramitación judicial por esta causa «no está terminada». Villora manifestó que no se puede destruir mediante derribos el patrimonio «ya que su recuperación es inviable» y acusó al PP de actuar «como si los edificios fueran sus chales particulares».

La plataforma exige con este auto la paralización de manera cautelar de cualquier derribo que la empresa municipal Aumsa tenga previsto «hasta el Supremo resuelva definitivamente la sentencia». El abogado de Salvem el Cabanyal, José Luis Ramos, recalcó que con esta situación «se deja claro que la vida judicial del trámite no ha acabado» y mostró su satisfacción ya que ello implica que será el Supremo el que dicte sentencia definitiva sustituyendo a la del TSJ.

El jurista avanzó que el TS se ha basado para admitir el recurso en la demanda en la que se informaba sobre «las infracciones de normas de Derecho estatal» e indica que el fallo recurrido ha hecho referencia a la jurisprudencia del Supremo sobre la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Según consta en el auto, la sentencia del TSJ que aprobaba la ampliación de Blasco Ibáñez y el plan especial del Cabanyal-Canyamelar se basaba exclusivamente en la interpretación que se hacía de la Ley 4/1998 de Patrimonio Histórico Valenciana.

En esta ocasión el TS considera con la aceptación a trámite del recurso de queja que, dado que el estado central tiene reservada la competencia en materia de expoliación del patrimonio histórico, si la ley autonómica permitiera el derribo de parte del BIC «significaría un acto de expolio que activaría la competencia del Ministerio de Cultura para evitar que se consumara». En el acto en el que se informó sobre el auto se encontraba la concejal de EU, Victoria González, el socialista Francisco Carsí, así como los abogados y representantes vecinales.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó ayer que continuarán los derribos en el barrio Cabanyal-Canyamelar y señaló que se encuentra «únicamente» ante la aceptación a trámite de una queja. «El propio auto del Tribunal Supremo no implica ninguna paralización de los derribos», manifestó Barberá.