El Ayuntamiento paraliza los derribos en El Cabanyal para evitar algaradas

2005-05-19Publicat per: ABC
La empresa municipal Aumsa ha dado orden a los operarios que realizaban los trabajos de derribo de unos diez edificios situados en el entorno BIC de el Cabanyal que paralicen las tareas hasta que el juez se pronuncie sobre la suspensión cautelar de las mismas, solicitada por la Plataforma Salvem el Cabanyal, y así evitar que se reiteren situaciones como la registrada el pasado martes, en que un grupo de vecinos ocupó dos inmuebles y obligó a detener los derribos.

Así lo anunció ayer el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, quien ha dado instrucciones precisas para que los trabajos no continúen hasta disponer de una resolución judicial. Aunque sólo existe una providencia que afecta únicamente a uno de los inmuebles y en el resto se puede actuar sin incurrir en ilegalidad alguna, y «ni siquiera tenemos notificación de que se haya admitido la extensión al resto de los edificios con licencia de derribo» -explicó Grau-, «no vamos a caer en la provocación y generar una algarada a diario». No obstante, mostró su convencimiento de que los boicots continuarán a pesar de que haya una resolución del juez contraria a la paralización, y calificó de «pueril, absurdo y atentado a la inteligencia del más bobo» alegar la ausencia del juez para tomarse la justicia por su mano.

En la mañana de ayer se presentó en el juzgado de guardia una denuncia por usurpación y coacciones contra el presidente de la Plataforma, Faustino Villora, los actuales ocupantes de Escalante, 204, que ayer no habían abandonado aún el edificio, y otros posibles responsables de lo que Grau consideró «un atropello al Estado de Derecho», con el objetivo de que «cueste lo que cueste, se haga que el peso de la ley caiga sobre ellos». Igualmente, anunció que solicitará los daños y perjuicios que estas acciones radicales provocan en el patrimonio público por la pérdida de horas de trabajo.

La denuncia incluye el informe del jefe policial del distrito marítimo y de dos agentes que se personaron en el lugar de la movilización vecinal, así como diversos informes que demuestran la legalidad y las condiciones de las licencias de derribo.

Recordó que la sentencia del Tribunal Superior que declara la legalidad del planeamiento aprobado para El Cabanyal «es firme y no tiene apelación posible», apuntando que el recurso presentado por la Plataforma ante el Supremo es de queja y «no afecta al fondo de la cuestión». Por ello, consideró «grave que los vecinos no la respeten, pero mucho más que los grupos políticos de la oposición lo amparen y apoyen, cuando ni siquiera la recurrieron en su día a pesar de estar personados en la causa».