Todos los expedientes de obras quedarán listos para conceder el permiso municipal pero sin ningún efecto hasta una sentencia favorable

Barberá tramitará más derribos en el Cabanyal pese a la paralización

2010-05-11Publicat per: Las Provincias
Todas las licencias de obras en el ámbito del plan urbanístico del Cabanyal se tramitarán conforme sean presentadas por empresas y particulares, aunque sin ningún efecto hasta que se dicten las sentencias pendientes en la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional.
Así se explica en una circular remitida por la secretaría del área de Urbanismo a todos los servicios municipales que dependen de esta concejalía. Las obras no distinguen si se trata de iniciativas públicas o privadas, además de que afectan tanto a las que tramita la delegación como la junta municipal del Marítimo, aseguró ayer el concejal Jorge Bellver.
El responsable del área explicó que la circular trata de despejar cualquier duda entre los servicios municipales. Culpó de la paralización a la orden del Ministerio de Cultura, vigente desde que se suspendiese de manera provisional la ley aprobada en Les Corts favorable a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
«Todas las sentencias que ha habido sobre este caso se han ceñido a la zona declarada Bien de Interés Cultural, mientras que la orden ministerial habla de todo el ámbito del plan urbanístico». El concejal de Urbanismo recordó que presentaron un recurso en la Audiencia Nacional sobre este punto y que la respuesta recibida es que la orden de paralización «era para todo».
Obras tan significativas para el barrio como la rehabilitación de la sede de la sociedad musical llamada el Casinet, en la esquina de las calles Progreso y Pintor Ferrandis, quedarán en suspenso hasta que se aclare el futuro del plan urbanístico. Lo mismo sucede con cualquier iniciativa privada tan sencilla como la reforma de una planta baja o la concesión de ayudas para la rehabilitación de fachadas.
El Ayuntamiento firmó un convenio con el Ministerio de la Vivienda precisamente para subvencionar estas últimas obras. Bellver precisó a LAS PROVINCIAS que todo queda paralizado, incluida esta cuestión, aunque se tramitarán los expedientes para que esté lista su aprobación cuando haya una sentencia judicial.
El concejal socialista Vicente González Móstoles criticó precisasmente tras la comisión de Urbanismo la escasa velocidad en la aprobación de esas ayudas. «Se esperaba llegar a 800 viviendas y apenas han sido 60; por eso se modificó el convenio para ampliarlo».
Fue González Móstoles quien pidió al secretario del área de Urbanismo que confirmase la existencia de la circular. También dijo que el planeamiento vigente ahora es el Plan General, en los apartados anteriores al plan urbanístico de protección.
Esa es la razón de que afirmase que el Ayuntamiento no podría negarse a conceder una licencia de obras (es un acto reglado, dijo) para un promotor o particular que quisiera acometer una obra dentro de los parámetros del Plan General.
Por el contrario, Bellver aseguró que la suspensión del plan del Cabanyal no implica esa circunstancia «hasta que haya una sentencia firme en ese sentido», antes de insistir que está todo paralizado debido a la orden del Gobierno.
Edificios protegidos
«Si volvemos a lo que dice el Plan General, entonces alguien podría pedir licencia de derribo para el centenar de edificios que no estaban protegidos. Eso sí que sería una ilegalidad y no lo vamos a hacer». Mientras que el primer documento dejaba en pie la Lonja de Pescadores, explicó el edil socialista, condenaba al derribo a la Casa dels Bous, precisó Bellver.
El grupo socialista criticó que la tramitación de las licencias, incluidas las de derribo, son una «intimidación» para los vecinos contrarios a las obras. La empresa Cabanyal 2010 tramitó una treintena de permisos de demolición antes de que el Tribunal Constitucional suspendiera la ley autonómica que avala el plan urbanístico.
Estos permisos son los que se colocan en primera línea de salida en caso de que haya una sentencia favorable al gobierno municipal. La alcaldesa Barberá dijo que el dinero del Plan Confianza destinado a las obras de la prolongación servirían para la compra de viviendas. Este proceso seguirá con la tramitación de expedientes de derribo, de momento sin efecto.