Con los primeros derribos en la zona del Cabanyal declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez han llegado las primeras movilizaciones vecinales para impedirlos.

Los vecinos ocupan dos edificios y fuerzan a Grau a suspender los derribos en el Cabanyal

2005-05-18Publicat per: Levante
Aumsa toma acciones legales contra Salvem por «el uso de la violencia» para entrar en una propiedad municipal. Villora niega las coacciones o amenazas y acusa al edil del PP de mentir
Ayer por la mañana, 50 integrantes de Salvem el Cabanyal entraron en una de las viviendas compradas por el Ayuntamiento de Valencia (en el número 198 de la calle Escalante) y evitaron su derribo. Otro grupo de jóvenes, algunos de los cuales ocultaban sus caras con pasamontañas, ocupó un edificio próximo en el número 204 de la misma calle.

Los vecinos de Salvem entraron sobre las 10 de la mañana en el edificio y advirtieron a los trabajadores de Secopsa -la contrata municipal encargada del derribo- del peligro que suponía seguir tirando cascotes con gente dentro. Los operarios decidieron abandonar el inmueble. Los vecinos, que iban acompañados de la edil de EU, Victoria González, y el socialista, Francisco Carsí, salieron del edificio tras descolgar varias pancartas en las fachadas donde se leía «Rehabilitació sense destrucció» y «Contra les trampes legals, Salvem el Cabanyal».

Salvem consiguió que el juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo dictase el 6 de mayo un auto de suspensión cautelar del que iba a ser el primer derribo -calle Progreso 181- autorizado por el gobierno de Rita Barberá. Según el abogado de la plataforma, José Luis Ramos, el pasado viernes ampliaron a las nuevas licencias de demolición el recurso que presentaron el 4 de mayo contra el primer derribo al entender que vulneran la norma de edificabilidad sustitutoria de la ley de Patrimonio y su objetivo es generar solares vacíos. El presidente de Salvem, Faustino Víllora, aseguró que el consistorio «se ha hecho el loco y prosigue con los derribos».

Con la ocupación de las viviendas, Salvem intenta frenar los derribos entretanto el juzgado resuelve los recursos.

El edil de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, anunció ayer en rueda de prensa que Aumsa, la empresa municipal que ejecutará la prolongación, iba a denunciar en el juzgado de guardia la ocupación «ilegal» de los inmuebles. Según Grau, «Salvem el Cabanyal, con Faustino Víllora al frente y con la presencia sospechosa de los concejales de EU y el PSPV ha demostrado su falta de respeto al estado de derecho».

El concejal acusó a los vecinos de hacer uso de la violencia -aludió a que algunos participantes ocultaban su identidad con pasamontañas «al estilo de los movimientos radicales»- y de coaccionar a los operarios. Grau recordó que el Plan Especial del Cabanyal tiene una sentencia a favor del Tribunal Superior de Justicia y va a seguir adelante. «La suspensión cautelar en Progreso 181 no puede hacerse extensiva a otros derribos», dijo. No obstante, anunció que «para evitar desórdenes y aunque pueda suponer algunos retrasos en el plan he dado orden de paralizar los derribos» entretanto se resuelven sus alegaciones a la paralización cautelar en Progreso 181. «No vamos a entrar en la provocación ni daremos orden de intervenir a las fuerzas del orden hasta que no lo diga el juez», declaró.

Víllora acusó a Grau de mentir y negó el uso de la violencia. Es más, insistió en que colaboró con la policía local para que el grupo de jóvenes que ocupaba el 204 de la calle Escalante abandonaran el inmueble. La edil de EU confirmó que no hubo uso de la violencia.