El juzgado suspende cautelarmente el derribo de un edificio de El Cabanyal

2005-05-13Publicat per: otros
La magistrada-juez del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia ha decidido a través de una providencia suspender cautelarmente la concesión de una licencia de derribo en la calle Progreso número 181 del barrio de El Cabanyal de la ciudad hasta alcanzar una decisión sobre la solicitud de suspensión de esta demolición, presentada por Salvem El Cabanyal y la Asociación de Vecinos Pavimar. Además el juzgado da 10 días de plazo al Ayuntamiento y a la empresa municipal Aumsa para que aleguen lo que estimen conveniente en relación a esta petición.

La magistrada-juez, ha acordado no tramitar esta petición como "medida cautelar provisionalísima" porque no se aprecian "razones de especial urgencia" ya que el acto recurrido es una concesión de licencia de derribo, de un edificio situado en una zona de El Cabanyal considerada BIC, de 14 de abril de 2005 sin que conste la fecha en la que se pretende ejecutar, advierte no obstante al Ayuntamiento de que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo y por imperativo del artículo 24 de la Constitución española, la tutela judicial "ha de ser efectiva".

Esto impide, explica la magistrada, que los órganos administrativos "ejecuten los actos recurridos y cuya ejecución se ha solicitado interfiriendo en el proceso judicial, hasta que no se tome la decisión al respecto por el tribunal competente". De ahí que la magistrada señala que no se puede ejecutar por la administración "en tanto en cuanto el juez no se pronuncie sobre la suspensión solicitada" y añade que, en este caso, teniendo constancia el Ayuntamiento de la solicitud de la medida cautelar de suspensión de la licencia de derribo del edificio, esta petición "impide" que el derribo se lleve a cabo antes de que el juzgado resuelva sobre la solicitud de suspensión.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Francisco Carsí, por su parte, consideró que esta decisión judicial supone "un hito importante" porque, según dijo, "una suspensión de este tipo no se produce siempre en cualquier caso" sino en casos "muy puntuales" porque el juzgado estima que "puede haber algo más de fondo que ponga en duda todo el planeamiento y la actuación del PP respecto a la prolongación de Blasco Ibáñez".

Carsí señaló que ante resoluciones de este tipo, desde el PSPV se advierte a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, de que "en urbanismo, en los temas de planeamiento y en El Cabanyal, concretamente, no vale cualquier cosa".

En este sentido, destacó que esta resolución judicial "pone las cosas en su sitio" y resaltó que demuestra que "no vale actuar con derribos indiscriminados distribuidos de forma aleatoria por El Cabanyal para atemorizar a los vecinos cuando puede darse un caso como éste, que desautoriza lo que se está haciendo".

Por su parte, la concejala de EU-Entesa en el Ayuntamiento de Valencia Victoria González expresó su satisfacción y subrayó que "lo que pretende el equipo de gobierno es derribar diferentes edificios en calles distintas, a sabiendas para dejar los solares y poder alegar posteriormente que la zona está degradada y meter las máquinas para llevarse por delante todo el entorno protegido que es en lo que se ha empeñado Rita Barberá".

La concejala recordó las declaraciones de la alcaldesa de que "había vía libre para empezar a derribar y prolongar Blasco Ibáñez" una vez se hizo pública la sentencia del TSJCV y señaló al respecto que "todo es mentira ya que todavía está pendiente que el Ministerio de Cultura resuelva si se trata de un expolio al patrimonio cultural valenciano".

EU-Entesa cree que hay "alternativas posibles a la planteada por Rita Barberá para la conexión de la avenida Blasco Ibáñez con el mar que permitan evitar dañar o destruir los bienes de interés cultural de los poblados marítimos y, en este caso concreto, de uno de los barrios más característicos y singulares de la ciudad de Valencia como es El Cabanyal".