Salvem denuncia «prácticas mafiosas»

Un juzgado ordena la suspensión cautelar del primer derribo en el BIC del Cabanyal

2005-05-13Publicat per: Levante
La guerra entre los vecinos del Cabanyal y el equipo de Gobierno de Rita Barberá recrudece. El juzgado número 2 de lo Contencioso-administrativo de Valencia ordenó el 6 de mayo la suspensión cautelar del que iba a ser el primer derribo en zona BIC del proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar.
El presidente de Salvem el Cabanyal, Faustino Víllora, y el abogado de la entidad, José Luis Ramos, hicieron público ayer el auto en una rueda de prensa, respaldados por los ediles de EU, Victoria González, y del PSPV, Francisco Carsí. Salvem recurrió el 4 de mayo la licencia de derribo del edificio sito en la calle Progreso 181 concedida por el equipo de gobierno a la empresa municipal Aumsa y pidió la suspensión cautelar. Aumsa, que ya había tirado parte de la tabiquería interior del edificio, tiene 10 días para alegar.

Después de varios meses de tramitación y pese a las reticencias iniciales del servicio de Patrimonio, los técnicos municipales, entre ellos el jefe de los Servicios Jurídicos, validaron el derribo amparándose en que la sentencia de octubre de 2004 del Tribunal Superior de Justicia a favor del Plan Especial del Cabanyal, recurrida en el Tribunal Supremo por Salvem, es firme. Los informes técnicos a favor del derribo en Progreso abrían la vía a nueve derribos más en el BIC.

Villora declaró que el derribo de Progreso 181 y de otras nueve viviendas (Barraca 140, Escalante 198 y 204, Progreso 201 y 198, José Benlliure 198, 186, 165 y 171) obedece a «una práctica de intereses mafiosos y no de intereses urbanísticos». Son derribos «estratégicos en zonas alejadas -en tres unidades distintas- para degradar el paisaje y la convivencia del barrio».

Tal como avanzó este diario, Salvem estudiaba recurrir la licencia de demolición por un posible incumplimiento de la ley de Patrimonio, que obliga a que los derribos vayan acompañados de un proyecto de edificación sustitutoria para evitar la degradación que generan los solares vacíos. Aumsa no puede aportar el proyecto de edificación porque aún no es propietaria de las viviendas del ámbito de la prolongación. Según Salvem, sólo ha comprado 40 de las 1.651 viviendas afectadas.

«El ayuntamiento ha intentado saltarse la ley diciendo que Aumsa se compromete a edificar cuando tenga todas las viviendas. Eso es como si yo digo que quiero irme a la luna», aseveró Ramos. El letrado explicó que los informes técnicos, en especial el de Patrimonio, recordó al gobierno de Barberá cual era la legalidad (edificabilidad sustitutoria). «El equipo de gobierno en un momento dado apretó a los técnicos para que dijeran lo que no querían decir» y firmaran el derribo en Progreso.

El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, acusó ayer a vecinos y oposición de poner en práctica «maniobras dilatorias» para frenar el plan del Cabanyal, al tiempo que aseguró que ni el ayuntamiento ni Aumsa tienen notificación del auto, si bien los responsables de Salvem presentaron el auto ayer por la mañana por registro de entrada en Aumsa. Según Grau, «la sentencia del TSJ es firme y lo que Salvem ha presentado sólo es un recurso de queja». Salvem calcula que en un mes sabrán si el Supremo acepta el recurso de casación.