El tribunal concede 10 días para que el Ayuntamiento alegue el auto emitido

Un juzgado paraliza el derribo de una finca en el Cabanyal tras la denuncia vecinal

2005-05-13Publicat per: Las Provincias
El juzgado de lo contencioso- administrativo número 2 ha paralizado el derribo que iba a realizar el Ayuntamiento en un edificio con valor patrimonial en el número 181 de la calle Progreso del Cabanyal. Los tribunales han concedido un plazo de 10 días para conocer las alegaciones de las partes implicadas.
Los miembros de la Plataforma vecinal Salvem el Cabanyal se mostraron ayer satisfechos de que los tribunales le hubieran admitido su denuncia para evitar el derribo de una finca con valor patrimonial. “Estamos satisfechos porque esto sienta un precedente para que no se sigan realizando más derribos”, explicó ayer el portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal.

El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 ha exigido al Ayuntamiento que paralice los trabajos de derribo del edificio número 181 de la calle Progreso.

El auto señala que el Ayuntamiento tiene un plazo de 10 días para que informe de las obras que está ejecutando.

“No tiene sentido que derriben un edificio si todavía no tienen redactado el proyecto para iniciar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Así lo establece la ley”, comentó ayer el abogado de la plataforma vecinal, José Luis Ramos.

Los afectados insisten en que la intención del equipo de gobierno es ir degradando el entorno de la zona protegida declarada Bien de Interés Cultural.

La empresa municipal de Aumsa ha aprobado la orden de derribo de 10 edificios. Por eso, los miembros de la plataforma van a realizar este mismo procedimiento con los nueve edificios restantes para evitar que los derriben. “No comprendemos la prisa de los populares por derribar estos edificios, puesto que todavía no está resuelta la expropiación de los inmuebles afectados ni tampoco el proyecto de urbanización”, comentó Faustino Villora.

Para los vecinos el derribo del edificio de la calle del Progreso, junto a los otros nueve inmuebles, daría lugar a “un conjunto de solares que degradarían el paisaje y la convivencia del barrio. Se trata de prácticas con interés mafioso, no urbanístico”, aseguró.

El portavoz de la plataforma y el abogado presentaron la denuncia junto con los miembros de la oposición la concejala de Esquerra Unida Victoria González y el concejal del PSPV Francisco Carsí que se congratularon de la decisión judicial.

El abogado de Salvem el Cabanyal, José Luis Ramos, que el pasado día 4 solicitó la suspensión cautelar del derribo, explicó que la decisión judicial no obedecía exactamente a una “suspensión cautelar”, sino que se había detenido momentáneamente la licencia de derribo hasta que el juez se pronuncie.

Ramos señaló que el derribo de estos edificios incumple la Ley de Patrimonio. “El mes que viene el Supremo dirá si admite nuestra denuncia y el plan del Cabanyal se paraliza”, explicó.

Además, según el letrado, el recurso de paralización obedece a la intención de la plataforma de evitar “la desaparición del patrimonio”, ya que el inmueble de la calle del Progreso fue catalogado como edificio de interés arquitectónico por los técnicos municipales en 1998.