La petición de derribo de la empresa municipal Aumsa irá al servicio jurídico municipal

El ayuntamiento duda si puede derribar casas en Blasco Ibáñez aun después de la sentencia

2004-11-19Publicat per: Levante
Pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana favorable al proyecto y a pesar de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sostenido siempre que el plan del Cabanyal nunca estuvo paralizado, el ayuntamiento no tiene las cosas tan claras.
Ante una solicitud por parte de la empresa municipal Aumsa de derribo de una casa en la calle Progreso, ni el servicio de planeamiento ni la comisión de patrimonio han sido capaces de aclararlo y se ha pedido dictamen al servicio jurídico.
El pasado 28 de octubre, la comisión de patrimonio -donde hay representantes del ayuntamiento y de la Conselleria de Cultura- estudiaba la solicitud de la empresa Aumsa, que quiere derribar una vivienda que ha adquirido en la línea «caliente» de la futura prolongación, dentro del ámbito declarado Bien de Interés Cultural, en el número 181 de la calle Progreso. La comisión decidió devolver el expediente aconsejando remitirlo a la asesoría jurídica para que ésta emita informe sobre «la vigencia y ejecutividad del Pepri (plan especial de protección y reforma interior) del Cabanyal-Canyamelar».
El servicio de planeamiento, según la propia comisión, no ha conseguido tampoco arrojar luz sobre el asunto porque en su informe al respecto «se limita a reproducir el fallo de la sentencia». Lo curioso es que este debate y estas dudas se producen después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fallada el pasado 16 de septiembre y hecha pública y comunicada a las partes el 14 de octubre. La reunión de la comisión de patrimonio se produjo el 28 de octubre.
Recurso vecinal al Supremo
El fallo, como informó Levante-EMV, es favorable al plan municipal con la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez al entender que cabe una excepción a la Ley de Patrimonio Cultural porque el proyecto beneficia al conjunto. Con la sentencia, decaía el auto de suspensión cautelar que pesaba sobre una parte del planeamiento, aquella en la que la línea de continuidad de la avenida coincidía con el ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) declarado en el año 1993.
El auto de suspensión cautelar acordado hace dos años por el TSJ (el mismo pleno de lo contencioso-administrativo que luego dictó el fallo) fue posteriormente confirmado por el Tribunal Supremo y afectaba a varias manzanas entre las calles pescadores y Amparo Guillem. Es en este lugar donde se sitúa el edificio en cuestión, que el propietario vendió a la empresa municipal Aumsa encargada de la gestión del suelo.
Al conocer el fallo, la alcaldesa y la plataforma Salvem el Cabanyal y la Federación de Asociaciones de Vecinos discreparon en cuanto a la firmeza del mismo. La primera defendió que la sentencia es firme y no cabe recurso mientras que los segndos han decidido apelar al Tribunal Supremo. Poco después, el ayuntamiento anunciaba el próximo inicio de las actuaciones al haber llegado a un acuerdo con Renfe (convenio que se ratifirá la próxima semana) para derribar un inmueble situado junto a la estación del Cabanyal.
Por su parte, los vecinos insisten en que no podrá tirarse abajo edificio alguno mientras sigan manteniendo el pleito vivo. El propio ayuntamiento acaba de demostrar que aún mantiene dudas legales en lo que respecta a la zona BIC.