A propósito del plan del Cabanyal

2004-10-23Publicat per: Las Provincias
La desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de los recursos al Plan Especial de Protección y de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (PEPRI), dando la razón al Ayuntamiento de Valencia, ha puesto de manifiesto, nuevamente, el que ciertos sectores políticos conciben la justicia desde un punto de vista partidista.
Paradójicamente, estas gentes alardean de sus principios democráticos, esgrimen continuamente su respeto por las libertades e incluso más de uno tiene asumido que es un paladín de la justicia. Vamos, que tienen la convicción de que su forma de ver las cosas es la única posible, porque sólo ellos están en posesión de la verdad absoluta. Como consecuencia, cuando los Tribunales dictan una sentencia contraria a sus intereses, ellos opinan que se ha producido una arbitrariedad o un error de los magistrados; o cuando en unas elecciones la soberanía popular se pronuncia en dirección contraria a sus eslóganes e idearios políticos, entonces menospreciando a la ciudadanía, radicalizan sus posturas y tratan de deslegitimar la acción de gobierno.
Leo en LAS PROVINCIAS del domingo 17 de octubre la siguiente información: “Salvem el Cabanyal amenaza con crear un conflicto de alto nivel”, acompañada de declaraciones de un responsable de este colectivo del estilo: “Estamos dispuestos a hacer todo lo que seamos capaces, y eso no significa únicamente utilizar la fuerza, sino realizar también acciones de estrategia”. Estas declaraciones ponen en evidencia el poco respeto de este colectivo por una sentencia que el TSJ considera “firme y no susceptible de recurso”.
La sentencia revocatoria de los recursos establece con claridad y concreción que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez “es perfectamente legítima y supondrá una contribución eficaz a la mejor conservación general del conjunto”. Del mismo modo, prosigue el texto: “La apertura del Paseo Valencia al Mar mejorará muy sensiblemente la escala urbana, la habitabilidad y las condiciones medioambientales del trazado actual’’.
En la argumentación de la sentencia se recuerda a los recurrentes que los gobiernos municipales, dentro de la legalidad, están revestidos de autoridad para planificar y diseñar el urbanismo de las ciudades, y que esta autoridad proviene del sometimiento a una consulta electoral de un programa político.
A pesar de la claridad y firmeza de la sentencia, el PSPV, EU y Salvem el Cabanyal han anunciado la presentación de nuevos recursos. Además este último colectivo cívico, tal y como han declarado a los medios de comunicación, está dispuesto a llevar a cabo “acciones de fuerza si fuera necesaria”. Con esta actitud, Salvem el Cabanyal pondría en evidencia no sólo una preocupante falta de respeto por la justicia, sino que también estaría vulnerando los principios de la democracia, ya que su acción resquebrajaría la voluntad popular, expresada con libertad en unas elecciones, a favor de un programa político en el que se incluye como uno de los proyectos más destacados el PEPRI del Cabanyal- Canyamelar, refrendado por una sentencia firme.
Aunque les cueste reconocerlo, tendrán que aceptar que es posible que estén equivocados y este PEPRI sea positivo para la ciudad como ha dicho la justicia. Cuando la realidad se muestra obstinada en dejarnos claro que quizás nuestros planteamientos no son los correctos, lo mejor es reflexionar, estudiar los posicionamientos y si es necesario cambiar y no pretender que un criterio se imponga, y menos a la fuerza.