Ocho de los diecinueve magistrados sostienen en un voto particular que la avenida será una «incrustación»

El TSJ basa su fallo a favor del plan del Cabanyal en que beneficia más que perjudica al barrio

2004-10-15Publicat per: Levante
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo pública ayer la sentencia que resuelve los recursos contra el plan del Cabanyal-Canyamelar, que incluye la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, en sentido favorable al proyecto municipal por once votos contra ocho. El fallo considera que cabe una excepción a la Ley de Patrimonio Cultural porque el plan beneficia al conjunto. Los magistrados discrepantes, en un voto particular, opinan todo lo contrario.
El texto de la sentencia -cuya redacción asumió el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, José Díaz, al anunciar el ponente designado su voto particular- hace suyas las tesis del arquitecto Alejandro Escribano (que fue director de la oficina que elaboró el Plan General de Ordenación Urbana y firmó un informe que sirvió para que la Conselleria de Cultura diera luz verde al plan municipal) y el dictamen de dicho departamento autonómico. La mayoría del pleno de la sala comparte que los beneficios son mayores que los sacrificios y, jurídicamente y respecto al «choque» de la avenida con la zona del barrio declarada Bien de Interés Cultural, que cabe estimar la excepción prevista en el artículo 39.2.a de la Ley de Patrimonio.
Tal como adelantó Levante-EMV, la sala en pleno se reunía el pasado 16 de septiembre para resolver los nueve recursos acumulados y, tras una mañana de deliberación, se decidió rechazarlos con un ajustado margen de votos: once contra ocho. Básicamente, el fallo se apoya en los mismos argumentos que utilizó el ayuntamiento para defender su proyecto, que acabaron logrando el visto bueno de Cultura, y los del informe de Escribano. Es decir, que no se altera la trama histórica y que las mejoras que la actuación supone para el conjunto del barrio y su articulación con la ciudad justifican la actuación, amén de que no se quiebra la legalidad patrimonial.
El presidente de la sala aún va más lejos al apuntar varios detalles de lo «razonable» y «moderada» que, a su entender, ha sido la administración municipal, en cuestiones como la anchura de Blasco Ibáñez (48 metros), el régimen de alturas (cinco en la avenida) e incluso el giro que hace en lugar de ir en línea recta. Y recuerda que el PGOU se refería a la prolongación como «objetivo irrenunciable» y su anterior auto [de archivo de una querella contra la alcaldesa y sus concejales] en el que apelaba a los resultados electorales para justificar que se llevara adelante el programa.
Modificación del ámbito
El voto particular, redactado por Francisco Hervás y al que se adhieren otros siete magistrados, es radicalmente opuesto: «cabe afirmar con rotundidad que el Paseo al Mar o avenida Blasco Ibáñez, ni como realidad ni como proyecto, forma parte de tal trama» [reticular y peculiar del barrio declarado BIC].
Los jueces discrepantes con el fallo recuerdan que los 48 metros son 105 de frente de derribo en realidad, que la trama no se respeta, que se crean agravios comparativos y tipologías completamente ajenas al antiguo barrio de pescadores y que la avenida será una «incrustación». En cuanto a la excepción de la Ley 4/1998, entienden que se debe dar una «interpretación restrictiva». Pese a rechazar los recursos «de fondo», el TSJ sí obliga al ayuntamiento a corregir un aspecto secundario apuntado en muchos de los recursos: el ámbito del planeamiento, que no es coincidente con el del BIC. Deberán incluirse, por tanto, ocho manzanas situadas entre las calles Reina y Doctor Lluch que habían sido excluidas por los técnicos redactores del plan debido a que está construido y con edificios de mucha mayor altura y de distinta tipología a la del barrio.
Por último, se rechaza la reclamación patrimonial que habían presentado otros afectados reclamando una indemnización por daños y perjuicios por «el injustificado bloqueo urbanístico al que el Plan General sometió la zona» al no poderse intervenir en el área incluida.
La sentencia lleva fecha del pasado 1 de octubre, aunque no se hizo pública hasta ayer.