Hablan los vecinos afectados por las licencias de derribo aprobadas por el Ayuntamiento de Valencia

"¿Pero lo de El Cabanyal no se paró?"

2010-04-28Publicat per: El País
Los vecinos no entendían ayer que el Ayuntamiento de Valencia haya aprobado nuevas licencias para derribar más casas en el barrio de El Cabanyal. "¿Pero todo este asunto no está parado en el [Tribunal] Constitucional?" decía Rosa Llorenç, propietaria de una vivienda en el 77 de la calle de San Pedro. Sí, de hecho, el plan municipal de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez por mitad de El Cabanyal, lo que supondría la demolición de 450 viviendas, está suspendido. El Ministerio de Cultura, a instancias del Tribunal Supremo, considera que el plan supone un "expolio" del patrimonio del barrio marinero. Los vecinos preguntaban entonces, y ¿por qué se dan licencias para derribar? y más aún: "¿Cómo van a derribar mi casa si es mía?", planteaba Francisco Furió, que posee un bajo en el 16 de la calle de Luis Despuig.

El Ayuntamiento anunció el lunes que tiene nuevos permisos para demoler inmuebles en El Cabanyal. Los vecinos, atónitos, no se lo explicaban. Nadie del consistorio les ha avisado.

"Hace tres años nos dijeron que nos daban 25.000 euros por la planta baja y les dijimos que no; desde entonces a mí no me han dicho nada de nada". Quien dice esto es Lluís Llorens, propietario de una planta baja en la calle de San Pedro, 75, del barrio de El Cabanyal. Lluís narra cómo entonces, él y sus hermanos rechazaron la oferta del consistorio después de que el colegio estatal de arquitectos tasase el inmueble en 65.000 euros más.

Como Lluís, los demás vecinos afectados. Y lo peor, como dice Rosa: "Vamos a acabar todos medio girulos".

Otra de las quejas es el precio que desde el principio ha ofrecido el Ayuntamiento por las casas. "Si se han de tirármela, que paguen lo que vale; lo que no pueden hacer es robarnos", critica Amparo Sanz. Ella heredó la planta baja de San Pedro, 27. Los números 29 y 27 los construyó su abuelo. Allí se instaló toda una familia de carniceros que despachaban en el mercado de El Cabanyal. "Yo viví en el número 29 toda mi vida hasta que mis primos vendieron al Ayuntamiento, luego me fui, pero aún tengo la casa. Soy la única que queda".

La calle de San Pedro se ha ido degradando con el tiempo. Lluís Llorenç, del número 75, recuerda que "era la más familiar de la barriada. Todos los domingos nos juntábamos a hacer horchata en el piso de mis padres. Sólo en San Pedro había tres orquestas y una falla", ríe. "La montamos nosotros hace 52 años y recuerdo que hicimos socio de honor a José Meliá, de Viajes Meliá, que tuvo la planta baja de mi finca". Ahora no se puede dar un paso sin pisar un plástico o una botella rota. Pocas casas presentan un aspecto habitable, y las que sí, se las reparte la familia Villora entre primos, padres y una tía anciana que, con 96 años, se vale por sí misma. "Nosotros no sabíamos nada de las licencias", cuenta María Villora mientras sale de casa de su hermana en el 89 de la calle de San Pedro. Se va unos números abajo, a la sede de la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal. Allí pintan pancartas nuevas bajo el lema de siempre: rehabilitaciò sense destrucció. Casi enfrente, en el número 48, una mujer admite entre los barrotes de su puerta que sí, que ellos han vendido y que se van a vivir a otra parte. Admite a regañadientes que le van a pagar unos 50.000 euros y no se muestra demasiado sorprendida cuando escucha que podrán derribar la que aún es su casa.

El Ayuntamiento aprobó el lunes 18 nuevas licencias de derribo, la mayoría en las calles de San Pedro y de Luis Despuig. Seis son de propiedad privada y casi todas las demás están tapiadas, un muro de cemento se alza en el antiguo hueco de las puertas. "Tienen que dejarnos hacer algo", exhorta Rosa Llorenç, del 77 de San Pedro, "que nos dejen rehabilitar o construir que esto está hecho un asco". Rosa, tras años de lucha contra el plan del nuevo bulevar, ya no vive en el barrio. "Mi marido y yo estamos en tratamiento por el nerviosismo que hemos acumulado todos estos años. Le digo: no compres el periódico, que es peor. Yo, la verdad, entiendo a los de Sí Volem [plataforma vecinal surgida en los últimos meses a favor de la prolongación]. Aquí no se puede vivir. Si todos nos hubiésemos unido desde el principio, esto no hubiese llegado hasta aquí", lamenta Rosa. "Son muchos años de dejadez del Ayuntamiento", culpa Lluís, del 75. "Claro", sigue Rosa, "entonces decían que a ellos no les tocaba, que la prolongación de Blasco Ibáñez no les afectaba, pero resulta que ahora nos toca a todos".

Son recuerdos de una degradación ya instalada. La semana pasada, Rita Barberá anunció que todas las actuaciones en el barrio deberían detenerse. Todas, desde el plan de Blasco Ibáñez hasta cualquier nuevo equipamiento, cualquier obra de reforma. Su teniente de alcalde, Alfonso Grau, añadió que obras como la restauración del Teatro El Casinet también se suspenderían. Incluso la alcaldesa aseguró que los 60 millones que el plan confianza de la Generalitat dejaría en los barrios marítimos los utilizaría exclusivamente en comprar casas: "Todas las que pueda", dijo. Barberá entendía que mientras los tribunales deciden qué ocurre con el plan, las actuaciones administrativas quedaban en suspenso, no sólo las irreversibles, como los derribos, sino todas.

Cuando Cultura se pronunció sobre El Cabanyal y decretó el "expolio" que suponía el plan municipal, en enero, la Generalitat parió un decreto ley para sortear la paralización del proyecto que significaba la orden del ministerio. Fue un dictamen amparado en informes de instituciones de relevancia como el de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que concluyó que tanto la trama urbana del barrio, en forma de retícula, como la arquitectura popular de sus casas deben respetarse.

El Gobierno recurrió el decreto ley al Constitucional, que lo admitió a trámite. El Consell tramitó el decreto en ley y así burló de nuevo la orden de Cultura. El Gobierno recurrió días más tarde y el alto tribunal accedió de nuevo. Entre que el Consell aprobó la ley y el Gobierno presentó el último recurso, Barberá aprovechó para derribar cinco casas, lo que provocó el enfrentamiento entre la policía y los vecinos y que acabó con varios heridos.