¿La izquierda contra la expropiación?

2007-12-11Publicat per: otros
Robo institucionalizado, colmo del cinismo y la estética hipócrita: las expropiaciones son un fenómeno relativamente frecuente, pero no por ello menos traumático y desestabilizador para el que las soporta. La opinión pública generalmente las considera un asunto peliagudo y suele aferrarse al sempiterno "depende" (depende de si se expropia para hacer un campo de golf... o para construir un hospital); en realidad, las expropiaciones son bastante simples y arbitrarias: consisten en la confiscación de propiedades por parte de los agentes estatales, que apelan a un supuesto "bien común" o "bien superior" que concretan ad libitum en un elenco de motivos de lo más variopintos. ¿Las consecuencias? Incertidumbre, desesperanza y, por tanto, aumento de la preferencia temporal y baja acumulación de capital y ahorro.

Consideremos una sucesión de expropiaciones en un mismo barrio: desidia social, desarraigo, parálisis de la movilidad laboral y, con toda probabilidad, aumento de la criminalidad. Pueden parecer consecuencias extremas, pero lo cierto es que si observamos empíricamente realidades concretas, las previsiones de Hans-Hermann Hoppe se cumplen al milímetro.

Es el caso del antiguo barrio valenciano de pescadores Cabanyal-Canyamelar, cuya plataforma de resistencia vecinal últimamente está teniendo mucho eco mediático (hace unas semanas se emitía un reportaje en Callejeros, de la cadena Cuatro), hasta el punto de que su caso se analiza ya en la politología europea como una de las primeras reacciones civiles organizadas ante los abusos de poder estatales del siglo XXI. Y no es para menos, ya que el Gobierno de Rita Barberá Nolla, caracterizado por su austeridad urbanística, sus discretísimas obras públicas y su escaso despilfarro, pretende expropiar más de mil seiscientas casas para la prolongación de la mítica Avenida Blasco Ibáñez hasta la playa. Un proyecto espectacular... pero socialista.

Cuando se analiza este caso desde un punto de vista liberal dos detalles llaman extraordinariamente la atención. En primer lugar, extraña que todos los colectivos que se han solidarizado con la plataforma Salvem el Cabanyal sean de izquierdas, cuando se trata a toda luces de un caso de libro para desplegar el abanico de los argumentos liberales, porque sucede, además, que este barrio es un ejemplo de la más clara ineficacia estatal: un núcleo de miseria, marginalidad y tráfico de drogas rozando la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Copa América.

En segundo lugar, asusta que dicha plataforma presente en su defensa la evidencia legal de que el barrio se trata de un "bien declarado de Interés Cultural desde 1993" (lo cual significa que "se debe mantener la estructura urbana y la silueta paisajística") pero ni siquiera haga una mínima apelación a la injusticia que supone un atentado contra la propiedad privada. Porque por ahí deben ir los tiros: no hay ninguna razón que justifique ninguna expropiación, sea quien sea el propietario, y sea cual sea la razón que se enarbole.

Los defensores de la prolongación de la avenida y de las expropiaciones arguyen que se trata de un proceso legal (garantía que no está del todo clara: en caso contrario, no estaría el asunto pendiente de resolución desde hace nueve años y actualmente en el Tribunal Supremo), que hay indemnización y que existe adicionalmente la posibilidad de la "retasación", esto es, la actualización del precio del bien expropiado. Sin embargo, desde ningún ángulo puede aceptarse el concepto de "indemnización": las transacciones tienen que ser voluntarias y, en el caso de que la iniciativa no provenga de las dos partes (es decir, en el caso de que las partes no hayan acudido voluntariamente al mercado para intercambiar), ha de producirse un proceso de persuasión, no de coacción, porque no hay nada más socialista que la imposición de un precio.

No obstante, la solución tampoco es expropiar y, como compensación, pagar el precio de mercado del bien expropiado. Si mi vivienda tiene un valor de 180.000 euros pero no está venta, los 60.000 euros de la indemnización obviamente no me satisfacen, pero tampoco los 180.000 euros del precio de mercado, ya que si así fuera yo la habría puesto en venta ya por iniciativa propia: la cantidad adicional al precio de mercado que deberá pagarse como indemnización dependerá de los cálculos subjetivos de utilidad de cada propietario. Evidentemente, esta cantidad puede tender a infinito, de lo cual se deduce que el concepto de "indemnización" es erróneo y falaz, porque puede darse el caso, imperativamente respetable, de un propietario que no quiera vender a ningún precio ni bajo ninguna condición. Y es previsible que si se inicia un proceso de negociación de "indemnizaciones", eso sea lo que suceda en el caso concreto de Cabanyal-Canyamelar, ya que buena parte de sus habitantes son ancianos, para los cuales su casa de toda la vida no tiene precio.

Todo apoyo a los habitantes de este barrio es poco. Pero que queden para la posteridad los argumentos que esgrimen algunos. La izquierda está en contra de esta expropiación porque la perpetra un Gobierno del Partido Popular. Los liberales, simplemente porque la perpetra el Gobierno.