La magistrada acusa al ayuntamiento de desobedecer a la justicia por conceder las licencias

Una juez evita el derribo de diez edificios afectados por la ampliación de Blasco Ibáñez

2007-06-23Publicat per: Levante
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ha declarado nulas 10 de las 12 licencias concedidas por el Ayuntamiento de Valencia a la empresa municipal Aumsa para el derribo de inmuebles ubicados dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal, donde se proyecta la prolongación de Blasco Ibáñez. Los permisos, recurridos por la plataforma Salvem el Cabanyal, se referían a siete edificios de la zona declarada bien de interés cultural (BIC) del Cabanyal, incluida dentro del Pepri, calificado como Conjunto Histórico Protegido, donde se ubican los otros cinco inmuebles.

El fallo recuerda que el Pepri de 2001 está «vigente», pero no está «operativo» por que la administración «no lleva a cabo operaciones urbanísticas» en la zona debido a que este plan urbanístico está pendiente del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la suspensión cautelar del Pepri, acordada por un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La juez Estrella Blanes advierte de que el ayuntamiento concedió las licencias de derribo en el ámbito del Pepri afectado por la suspensión cautelar, decretada justamente para evitar que se concedieran estos permisos. Esto, según el fallo, implica una «clara desobediencia a la administración de justicia». La magistrada considera además que «el único criterio objetivo y apreciable para conceder las licencias de derribo resulta de que los edificios son propiedad de Aumsa» y denuncia que «sólo persiguen un fin: la obtención de solares». Esto, recuerda la sentencia, llevará a generar «más degradación en la zona afectada por la apertura de la avenida que se proyecta en el Pepri» . Según se lee en el fallo las demoliciones supondrían una pérdida «irreversible» de edificios de interés arquitectónico y, a la espera de que se pronuncie el Supremo, considera que no está justificado el derribo «por no ser inmediata la ejecución del Pepri» . La juez aprecia que una acción de estas características debe darse en casos de ruina o con el fin de edificar o ejecutar un proyecto de urbanización, condiciones que «no se cumplen» en este caso en que ni siquiera está justificado por la «discrecionalidad» técnica de la administración, ni resulta conforme al interés público, tal como recoge el fallo.

La magistrada no ha aceptado el recurso de la plataforma vecinal en el caso de dos de los inmuebles -en San Pedro 21 y Francisco Eiximenis 32- por entender que carecen de interés arquitectónico ya que no estaban incluidos en el catálogo de edificios protegidos, aunque advierte de que los solares deberán conservarse en condiciones de «higiene» y vallados.

El presidente de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora se felicitó ayer tras conocer la sentencia y se preguntó quién se hará responsable de haber dado licencias de derribo en contra de la suspensión cautelar que ratificó el Supremo.