Salvem El Cabanyal denuncia que las licencias de derribo son para edificios privados

2010-04-26Publicat per: El Mundo
La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal ha denunciado que muchas de las 31 viviendas afectadas por las licencias de derribo aprobadas por la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia son propiedad privada, por lo que, a su juicio, las demoliciones serían "ilegales".

En un comunicado, han recordado que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley del Consell que avaló los derribos, le imposibilitaba regenerar el barrio porque le impedía otorgar nuevas licencias de rehabilitación.

"Hoy, sin embargo, se autoconcede 31 licencias de derribo, de edificios que en muchos casos ni siquiera son de propiedad municipal sino que permanecen en manos de sus propietarios", han denunciado desde Salvem, extremo que han confirmado a Efe fuentes del grupo municipal socialista.

En este sentido, la presidenta de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, ha asegurado que Barberá, "no ejerce sus obligaciones dentro del sistema democrático y sólo entiende la dictadura y su capricho personal" en esta actuación municipal.

Doménech se ha expresado así tras conocer que el Ayuntamiento de Valencia ha aprobado 18 licencias de derribo para 31 viviendas del barrio en el entorno de las calles San Pedro y Luis Despuig, lo que ha considerado un "ataque frontal al Tribunal Constitucional, a la democracia y a los vecinos".

"Desde enero, con la orden ministerial en vigor, está paralizado cualquier acto administrativo y esto -las licencias de derribo- lo son, así que están fuera de la ley. No tienen que medirse en última ley que se han inventado sino en la orden, así que no hay justificación posible a lo que ha hecho Urbanismo", ha señalado.

En su comunicado, la plataforma vecinal ha denunciado que "la capacidad de ensañamiento" del equipo de gobierno municipal en sus actuaciones administrativas contra los vecinos del Cabanyal desacuerdo con su proyecto en este barrio, "parece no tener límites".

Para esta asociación vecinal, las licencias de derribo son "ilegales", pues la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el PEPRI.

En el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objeto de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana, han informado.

En opinión de Salvem, "carece de sentido el intentar proseguir por esta senda de enfrentamiento con los vecinos y con el Gobierno en un momento en que anuncian un proceso negociador y que desde distintos sectores empresariales relacionados con el turismo y la hostelería se apuntan posibles soluciones para poner en valor el barrio aprovechando algunos de los valores que le reconoce su declaración como Conjunto Histórico Protegido".