El legislador, el Tribunal Supremo y los conjuntos históricos

2004-06-24Publicat per: Levante
Un estudio de los precedentes jurídicos a la Ley de Patrimonio Histórico del año 1985 permite apreciar que la actual exigencia, de mantener las alineaciones urbanas existentes en los BIC, le venía impuesta al legislador por los antecedentes jurídicos que sobre el tema había en el momento de legislar la ley del 85. Hasta el año 1985 tuvimos vigente la ley de Patrimonio Artístico de 1933, cuya finalidad era la defensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico, al objeto de hacer efectivo el mandato del art. 45 de la Constitución de 1931. Para la protección de los bienes inmuebles individualizados, la ley establecía la categoría de Monumentos. Mientras en el art. 33 disponía la categoría de Conjunto Histórico Artístico para los conjuntos urbanos y rústicos (calles, plazas, barrios) que por su belleza, importancia monumental o recuerdos históricos se declaren protegidos.
La interpretación que el Tribunal Supremo hizo de las citadas normas estableció la siguiente jurisprudencia: la declaración de Conjunto Histórico Artístico determina la asignación de tal calificación a todos los monumentos y edificios incluidos en el perímetro. Estima que de ser necesaria la declaración individualizada, de nada serviría la distinción establecida en la Ley, entre edificios singulares (monumentos) y conjuntos (barrios). Añadiendo que si la declaración de Conjunto Histórico-Artístico tiene la finalidad de conservar y mantener el estilo, carácter y entorno de un rincón, plaza, calle, barrio o conjunto, es indudable que la finalidad protectora de la ley recae sobre la pluralidad de edificaciones componentes de las zonas urbanas dichas, en su visión general de grupo o conjunto que confieren el carácter motivador de su protección.
Con los precedentes jurídicos citados la Constitución del 78 (art. 46) no podía hacer otra cosa que ordenar a los poderes públicos: garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico. Así las cosas, el legislador, al aprobar la Ley de Patrimonio Histórico en el año 1985, tuvo que asumir los precedentes jurídicos pero con un lenguaje más preciso. Por lo que lo protegible en un conjunto histórico, es su estructura urbana y arquitectónica y las características generales de su ambiente y nos advierte que la sustitución de inmuebles que no posean valores relevantes, será excepcional y que, en todo caso, deben mantenerse las alineaciones urbanas existentes.
En la misma línea jurisprudencial iniciada, el Tribunal Supremo ha dicho que de la aplicación de la ley del 85 las alineaciones urbanas existentes en los conjuntos históricos declarados BIC son inalterables. Además, se estima que dentro del perímetro de los mencionados conjuntos, convergen tres niveles diferentes de protección: «integral», que protege la totalidad de los edificios incluidos en ese nivel; «estructural», que protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los elementos básicos que definen su forma de articulación, uso u ocupación del espacio; «ambiental», que protege el conjunto del ambiente urbano evitando actuaciones que pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos. Por último defiende la armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en los niveles integral estructural.
Así nos encontramos con que los niveles de protección integral y estructural defienden los edificios, y el nivel de protección ambiental se refiere a un determinado recinto, afectando a todos los edificios, espacios públicos y solares, enclavados en tal recinto. De ahí que, además de los edificios que figuran como protegidos integral o estructuralmente, el ámbito queda protegido -incluso los solares-- para que las edificaciones se mantengan -o se sustituyan en su caso- conforme a la tipología que armonice con el entorno. Ello es así, porque lo que se protege es el recinto y no el edificio.
A pesar de todo ello, siguen aplicándose criterios contrarios al sentado por el Tribunal Supremo, tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. Como muestra tenemos el contenido del voto particular contra el acuerdo de suspensión cautelar del plan del Cabanyal del pleno de TSJ de 31-1-02 por un lado. Y por otro, el contenido de la modificación de la Ley de Patrimonio impulsada Sr. González Pons, Dr. en derecho y profesor de derecho constitucional, y las opiniones, de aquellos profesionales, que ignoran que la polémica fue resuelta por nuestro más alto tribunal hace más de 20 años