Ley de Patrimonio, hecha la ley, hecha la trampa

2004-05-09Publicat per: Levante
Si un profesor de Derecho Público explica la teoría de su asignatura tal y como viene en los manuales, con el tiempo los estudiantes le acusarán de no haberles enseñado nada útil. Si por el contrario su descripción se apega al funcionamiento real de las instituciones, se arriesga a que en ese mismo momento le llamen pendenciero y provocador. Vaya por delante que asumo mi vocación docente del Derecho desde el realismo peleón. Más que nada por no ser un inútil.
Las leyes. Las leyes son unas normas que hacen los parlamentos ?también llamados asambleas legislativas, o cortes, como en nuestra Comunidad?, normas que sirven para ordenar jurídicamente la sociedad. Las leyes son reglas de carácter general, es decir, se adoptan para resolver una serie de casos o conflictos posibles y venideros, considerados en abstracto, no para dar respuesta a cuestiones singulares. La ley se hace, y si después una situación cualquiera se acomoda al supuesto, la ley se aplica.
Es por eso que la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, impulsada por el Gobierno autonómico con la intención entre otras de dar salida al ilegal proyecto que prolonga Blasco Ibáñez sobre el Cabanyal, no es de recibo. Por esa modificación, la Ley vigente, de puño y letra del Partido Popular, viene a ser reformada por ellos mismos para confeccionar el traje legal a la medida de la obsesión de la alcaldesa por llegar a la playa en autopista. Usar así la norma es un fraude a los ciudadanos.
Las leyes y lo que dicen. Como las leyes están elaboradas por nuestros representantes, elegidos por un sistema que se ha convenido en denominar democrático, las leyes tienen un alto grado de legitimidad. Esto supone que las mayorías parlamentarias tienen un importante nivel de discreción a la hora de decidir qué han de decir las leyes, o lo que es lo mismo, cómo se ordena la sociedad. Pero las leyes no pueden decir cualquier cosa, su contenido tiene un primer límite infranqueable, que viene dado por la Constitución, esa especie de contrato superior de convivencia que regula los principios de una comunidad determinada. Después, en Estados descentralizados como el español, las leyes también tienen un límite de competencia, lo que en nuestro caso viene a determinar que en ocasiones las leyes autonómicas deban seguir las bases o principios que las leyes estatales establecen.
Tampoco estas reglas del juego parecen convenir al Gobierno valenciano. La modificación de la Ley de Patrimonio que plantea el Conseller desprotege de forma escandalosa los Bienes de Interés Cultural a favor del urbanismo depredador, contradice la interpretación protectora que de la Constitución ha hecho el Tribunal Constitucional y desobedece lo que ordena la Ley de Patrimonio Español, que impide el expolio (la puesta en peligro de pérdida o destrucción del patrimonio cultural) y es directamente aplicable como legislación básica. Aunque el Conseller nos diga con sonrisa cinematográfica lo contrario.
Los juristas ?como el Conseller, como yo? y creo que buena parte de los ciudadanos, sabemos la manera en que más o menos teóricamente debería funcionar la cosa para que sigamos aceptando que vivimos en un Estado constitucional de Derecho, que debiera ser lo mismo que un Estado democrático. Sin embargo, en materia de patrimonio valenciano, la práctica del Gobierno autonómico ¿apoyada por la postura ambigua, patética, de algunos importantes miembros del Consell Valencià de Cultura? nos dice que la teoría es inútil, que mejor nos olvidamos de ella y del Estado constitucional. La modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano es, aparte de inconstitucional, preocupante, porque quien la impulsa sabe que lo es (González Pons sabe un poquito de Derecho) y se diría que no le importa.
De modo que este trance legislativo nos muestra cómo el Gobierno valenciano se presta a negocios de partido (contentar a la alcaldesa en clave interna) y defrauda su función de perseguir el interés general, cómo las Cortes escenifican la discusión de una Ley que da cobertura a una trampa tan obvia que causa rubor y cuya única fuerza es la de la mayoría absoluta que a ciegas la impulsa, y cómo la mayoría del Consell Valencià de Cultura justifica sus dietas privilegiadas mirando hacia otro lado.
Suele decirse que los juristas le buscan los tres pies al gato, que pueden justificar cosa, que retuercen las normas convirtiéndolas en trampas. La modificación de la Ley de Patrimonio evitará a los asesores del consejero y la alcaldesa pasar por el trago de explicar la legalidad del proyecto que afecta al Cabanyal (o al Benacantil), pero no les salvará de tener que buscarle la trampa a la Constitución para justificar la reforma. Y eso, en un gobierno que presume de constitucionalista, no está bien.