La Copa del América y el interés general

2004-04-16Publicat per: Levante
Desde la asignación de la ciudad de Valencia como sede de la Copa del América son muchas las personas, incluidos políticos y ecologistas, que piensan que el evento servirá, al PP, de coartada legal para arrasar el Cabanyal, construir sobre los restos de huerta protegida que queda y en el ámbito territorial de la misma Albufera. Se cree que al tratarse de un acontecimiento de interés general, para la ciudad, comporta el amparo legal necesario para arrasar lo que les venga en gana.
Nosotros pensamos que se llega a la conclusión citada porque se analiza el problema como si se tratara de un asunto político. Quienes así piensan, olvidan que la gestión de preparar la ciudad para la celebración de la Copa del América contiene actos de distinta naturaleza. La decisión de crear infraestructuras, servicios públicos y edificaciones pertenecen al ámbito de la llamada discrecionalidad política, que debe resolverse según criterios de oportunidad de la administración. Así pues al tratarse de un acto administrativo de naturaleza política, las decisiones tomadas en ese ámbito no admiten impugnación-revisión en vía judicial. Sin embargo, dónde se construyen las infraestructuras, los servicios públicos y las nuevas edificaciones, son actos de naturaleza urbanística, porque determinan los usos del suelo, así estos actos pertenecen al ámbito de la llamada discrecionalidad técnica y, por ello, son actos susceptibles de ser revisados y declarados nulos por los tribunales si los mismos infringieran las normas protectoras del patrimonio natural y cultural. Se trata de saber diferenciar entre las cuestiones políticas que se resuelven por mayorías, y las técnicas que no admiten soluciones distintas a las previstas por la ley.
Por otra parte, la clasificación del suelo (establecida en el plan general) debe incluir todos los terrenos del término municipal en una de las clases predeterminadas (urbano o no urbanizable) por la legislación urbanística y las normas específicas de protección del patrimonio natural y cultural. Mientras la calificación (no urbanizable común o de protección especial) debe responder a criterios de discrecionalidad técnica. Así es que los terrenos que contengan valores o características singulares medioambientales o culturales deberán clasificarse necesariamente como suelo no urbanizable, en su categoría de protección especial. Ello es así porque la atribución de una determinada clasificación y calificación urbanística a unos terrenos objeto de ordenación no es una facultad plenamente discrecional, si no que debe ser congruente con la realidad física interpretada por los técnicos correspondientes.
Llegados a este punto alguien puede pensar que olvidamos que la celebración de la Copa del América es un hecho de indudable interés social para la ciudad y en consecuencia las edificaciones que el evento comporte, al tratarse edificios de utilidad pública, pueden ser autorizados excepcionalmente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Ello es cierto, pero ocurre que la facultad de la Conselleria de autorizar instalaciones de interés social donde el plan general no lo contempla está condicionada a que las mismas comporten una importante utilidad pública para la comunidad y que por las condiciones de las mismas deban ubicarse necesariamente en el medio rural. Por ejemplo, pensemos en los vertederos y depuradoras que por razones evidentes no pueden ubicarse en suelo urbano industrial junto a otras actividades humanas.
Dicho de otra manera, según la legislación urbanística, excepcionalmente pueden autorizarse actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable, pero siempre que previamente se haya justificado que el mismo no está sujeto a ningún régimen de protección especial. El Tribunal Supremo viene repitiendo que para autorizarse actividades distintas a las agrícolas en suelo no urbanizable debe tratarse de una actividad de interés social, que por su naturaleza necesite ser ubicada en el medio rural y que no se trate se suelo rústico sujeto a un régimen de protección especial.
De lo dicho se desprende que el interés social y la utilidad pública de unas edificaciones, no justifica en ningún caso, su ubicación en suelo no urbanizable de especial protección. Por otro lado, las normas protectoras de patrimonio histórico, no contemplan ninguna excepción que permita el derribo de inmuebles protegidos para la ubicación en la misma parcela de edificaciones e infraestructuras declaradas de interés social.
Así las cosas, la utilidad publica que representan las edificaciones necesarias para la celebración de la Copa del América no ofrecen cobertura legal para arrasar la huerta de Valencia, el Cabanyal u otros espacios que gocen de un régimen jurídico de protección especifica. Pues no hay que olvidar, que la clasificación y calificación de los terrenos no es discrecional en aquellos casos que existen valores merecedores de protección especial. Por cierto, la cita inicial viene al caso, para que algunos recuerden que el ejercicio del poder está sujeto a límites y, porque el derecho a disfrutar de un medio ambiente y que los poderes públicos conserven y enriquezcan el patrimonio histórico es un derecho fundamental de las personas que deben hacer efectivo los poderes públicos.
Llegados a este punto, en que todo el mundo sabe que se van a realizar importantes obras, cabe preguntarse si la oposición y los movimientos vecinales serán capaces de exigir trasparencia y participación ciudadana en las fases de decisión, de donde deben ubicarse las obras que deban realizarse. O como de costumbre se conformarán en ser los primeros en enterarse lo que haya decidido el Ayuntamiento. Lo digo porque el Tribunal Supremo tiene dicho que las decisiones que afecten al Plan General carecen de legitimación democrática sin intervención ciudadana