Nuevos vientos

2004-03-30Publicat per: Levante
El pasado mes de septiembre, en las páginas de este mismo periódico, explicábamos las razones por la cuales, a nuestro entender, el proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano tenía su causa en los nervios que sobre el PP había generado el procedimiento judicial que se sigue contra el Plan Especial del Cabanyal. Resumido en pocas palabras, decíamos que el PP había tomado conciencia de la notoria ilegalidad de Plan del Cabanyal. Ahora creemos que la victoria, en las últimas elecciones generales, del PSOE puede haber cortado el hipo a algunos de los que en su día acordaron modificar la ley de patrimonio para eliminar toda barrera legal al urbanismo depredador que diseñan los promotores y ejecuta la administración.
Las razones pensamos que son las siguientes. La Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia son conscientes de la existencia de competencias concurrentes, entre la administración del Estado y Comunidades Autónomas. Saben que el Estado tiene la competencia exclusiva para aprobar la legislación básica, mientras a las CC AA se le reserva en exclusiva la facultad de aprobar la legislación para el desarrollo y ejecución de dicha legislación básica. Según dicen los entendidos, la legislación básica es de aplicación a todo el ámbito del estado español y actúa como nivel mínimo de protección que no puede ser rebajado por la legislación autonómica.
A pesar de todo ello, una vez pasadas las elecciones municipales, a instancias de la alcaldesa de Valencia, la Generalitat inició los trámites para la aprobación del proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, en el cual se establece un nuevo régimen de protección del patrimonio cultural que autoriza la modificación de la estructura urbana y arquitectónica, la alteración o derribo del patrimonio ante actuaciones de interés general o de proyectos singulares, según criterio de la administración promotora. Dicho de otra manera, rebaja escandalosamente los niveles de protección mínimos establecidos por una ley estatal que dado el carácter de legislación básica no puede ser alterada por la legislación autonómica.
Llegados a este punto, cualquier entendido puede pensar, que de poco les servirá su nueva ley, dado que el Estado mantiene en exclusiva la competencia de evitar el expolio de los bienes integrados en el patrimonio cultural. Y, según la ley, debe entenderse por expolio toda acción o omisión de puesta en peligro de pérdida o destrucción del patrimonio cultural. De todo ello, puede deducirse que si se aprueba el proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio, tal como se ha presentado, implicaría una acción de expolio que faculta al gobierno central a iniciar los tramites oportunos para su anulación. Así las cosas, uno se pregunta si el PP es conocedor de la ilegalidad de la modificación de la ley que promueve y de la legitimación de la administración central para evitar su puesta en practica, ¿cómo se atreve? La respuesta es bien sencilla. Pensaban jubilarse ocupando el gobierno autonómico y el central. Contaban con tener el apoyo del gobierno central para tanta arbitrariedad. Pensaban ejecutar los distintos proyectos que tienen en mente. Esperaban que los ciudadanos acudirían a los tribunales y si estos obtenían la razón, presentar tantos recursos como fueran posibles. Y al final de todo el proceso, si no obtenían la razón, alegar la irreversibilidad de las obras realizadas por razones de interés publico. Y si todo ello supone pasar por encima del estado de derecho e infracción del derecho a la tutela efectiva de los ciudadanos, no pasa nada, porque entre ellos los hay que no tienen claro lo que ello significa, y los que son conscientes les da igual.
De todo lo dicho se desprenden motivos para que los que se oponen al derribo del Cabanyal, desde que el PSOE ganó las elecciones generales, perciban desde Madrid unos vientos primaverales que resultaban muy fríos e insoportables en fechas anteriores. Sin embargo, quienes contaban con el apoyo de Madrid para realizar arbitrariedades como el plan del Cabanyal, seguramente, tendrán la sensación que los vientos primaverales que percibían de Madrid pueden transformarse en vientos fríos capaces de cortar el hipo.
A pesar de todo ello, y de la desestimación del recurso presentado por el Ayuntamiento, contra la suspensión cautelar del plan de Cabanyal acordada por nuestro Tribunal Superior de Justicia, por parte del Tribunal Supremo, seguramente las Cortes Valenciana, con los votos del PP, aprobaran el proyecto de modificación de Ley de Patrimonio, con eliminación de las cuestiones más escandalosas, pero con la cobertura suficientes que dé apariencia de legalidad cuanto quieran arrasar. Sin embargo, que la modificación de la Ley, y los proyectos que se tramiten a su amparo, reciban la bendición y el financiamiento del nuevo gobierno de Zapatero está por ver. No porque se trate de proyectos del PP, sino porque el nuevo gobierno se ha comprometido a respetar el estado de derecho, la trasparencia en la gestión administrativa y el respeto a las personas que resulta incompatible con amparar leyes ilegales y financiar proyectos contrarios al ordenamiento jurídico. Esperaremos a ver que pasa. Aunque de momento, me dice un pajarito, que entre los peperos implicados en proyectos como el del Cabanyal, en los últimos días se observa el consumo de medicamentos protectores del estómago.