Mónica Oltra se sienta en el banquillo por desobediencia y atentado a la autoridad en el juicio por los altercados para impedir derribos de inmuebles

La policía afirma que se limitó a repeler agresiones en El Cabanyal

2012-12-18Publicat per: Las Provincias
Los nueve denunciantes y los ocho denunciados, entre ellos Mónica Oltra, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, se sentaron ayer juntos en una especie de banquillo-cajón de sastre con el que se inició la vista oral por los disturbios de hace dos años y medio por el derribo de inmuebles en el Cabanyal.
El juicio de faltas está previsto que dure tres jornadas en las que la reina de las camisetas del Parlamento autonómico tendrá que estar sentada frente al magistrado del juzgado de instrucción número 10, como ya les ha sucedido a diputados del PP -a quienes se les ha reclamado su dimisión- y del PSPV. Oltra está acusada de desobediencia y atentado a la autoridad.
La líder de Compromís prestará hoy declaración. Ayer lo hizo otra diputada autonómica, la portavoz de EU, Marga Sanz, en calidad de denunciante de la Policía Local de Valencia. Medio centenar de personas les prestaron apoyo moral.
Pero en la sesión de apertura del juicio el peso lo llevó el testimonio de dos policías nacionales -denunciantes también- y el número dos de la Policía Local de Valencia, -acusador y acusado al mismo tiempo-.
El inspector que ejerció como jefe de la unidad policial de intervención aquel 6 de abril de 2010 confesó quedarse «perplejo» al ver que aparcaban coches oficiales en la avenida Serrería y que llegaban a la calle Vidal de Canelles «cargos electos con sus escoltas», que saltaron el «filtro policial» y se sumaron a la cadena humana situada en la fachada de la finca a derribar.
El inspector dijo que se habían infiltrado grupos antisistema entre los manifestantes situados al otro extremo de la barrera policial y que estos «se lanzaron contra nosotros» cuando los agentes bajaron del tejado a dos jóvenes que protestaban por el derribo. «Me pegaron una patada en el pulgar derecho», aseguró. También reconoció que ordenó a los policías nacionales que sacaran las porras pero las usaran sólo «para repeler agresiones».
«No hubo cargas», afirmó el inspector que añadió que desde que la Policía Nacional llegó a la calle Vidal Canelles -pasadas las 9.30 horas- hasta que se inició el derribo -más allá de las 14 horas- los responsables municipales estaban «a la expectativa» de actuar, «dado el circo que había montado».
El segundo agente en declarar, coordinador de la unidad de intervención, aseguró que los manifestantes cargaron y «cuando te vienen con puñetazos y patadas, a besos, por desgracia, no se puede repeler a la gente».
El intendente general de la Policía Local de Valencia, Rafael Mouro, a quien Marga Sanz acusa de haberle propinado un porrazo «en la parte baja de la espalda», afirmó que ordenó a los agentes locales «que la defensa (la porra) no se sacara para nada» y negó haber pegado a la portavoz de EU y si hubiera sido así «sería la excepción». También afirmó que se actuó de acuerdo a una orden municipal, que desconocía la del Ministerio de Cultura de prohibir los derribos en el Cabanyal y que esperó, por su amistad con el dirigente vecinal Faustino Villores -también en el banquillo- hasta más allá de las 13 horas a que un juzgado se pronunciase sobre un recurso interpuesto para impedir el derribo.
Sanz dijo que ella estaba allí para defender la legalidad, que la arrastraron de los brazos dos policías y que recibió «un golpe seco». La actuación policial la tildó de brutal.