Sanz: “Me dieron con la porra en la parte baja de la espalda”

2012-12-17Publicat per: El País
La portavoz de EU en las Cortes Valencianas, Marga Sanz, ha relatado hoy en el juzgado el desalojo que sufrió el 6 de abril de 2010 de la calle Vidal de Canelles, en el barrio de El Cabanyal, cuando con cerca de otras 20 personas trató de impedir que las excavadoras municipales demoliesen uno de los edificios. "Estaba junto a la fachada y en cuestión de segundos un policía local dice: a esa señora sacadla fuera. Entonces me cogieron de las muñecas y me desalojaron sin ni siquiera identificarme. Me dieron en la parte baja de la espalda. Sentí un golpe seco", ha contado en el juicio de faltas que hoy se ha iniciado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La diputada de EU ha explicado que ella junto a otros ciudadanos y autoridades valencianas -concejales socialistas, Sanz y otros miembros de su partido y políticos de Compromís- acudieron porque había una orden del Ministerio de Cultura que protegía el barrio. "Defendíamos la legalidad", ha dicho.

Uno de los policías nacionales, en calidad de denunciante, ha reconocido que quel día cuando la policía local los llamó para que los apoyasen en la acción de derribo de cinco casas ordenada por el Ayuntamiento de Valencia, fueron recibidos por los resistentes del barrio con vítores. Vecinos y activistas de Salvem El Cabanyal creyeron ver en estos agentes un garante de la orden ministerial contraria a los derribos. Sin embargo, según ha declarado el agente, ninguno de sus superiores le indicaron que debía paralizar los derribos.

Los mandos policiales que han declarado insisten en que no hubo carga, que solo repelieron "agresiones" y que actuaron "con la orden municipal en la mano", sin saber que una resolución los paralizaba.

Dos años y ocho meses después de los incidentes, pasarán por el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia nueve denunciantes (dos policías nacionales, 5 policías locales, la diputada Marga Sanz y la vecina del barrio Esther Sanz) y ocho denunciados ( la diputada Mònica Oltra, dos policías locales y otras seis personas, entre ellas vecinos del barrio o dirigentes de Salvem El Cabanyal como Faustino Villora).La sesión de este lunes se ha centrado en la declaración de cinco de los denunciantes.El martes será el turno de los denunciados.

Desde que una vecina alertó aquel 6 de abril de la presencia de las excavadoras —enviadas ese día por el Consistorio para derribar cinco inmuebles del barrio—, un grupo de vecinos acudió a defender las casas. La voz corrió y al poco se unieron al grupo de vecinos, políticos de todos los grupos de la oposición al PP y ciudadanos de otras zonas de la capital. Concejales socialistas, con la portavoz Carmen Alborch a la cabeza, o las diputadas de Compromís Mònica Oltra y de EU, Marga Sanz, se unieron a la defensa de los inmuebles.

Después de un tira y afloja, la policía recibió la orden de desalojar las inmediaciones de las viviendas para que las brigadas de derribo las redujeran a escombros. Los que se negaron a abandonar el lugar fueron sacados por la policía a rastras. Fue el caso de las diputadas Oltra y Sanz. Los defensores de las casas pedían al Consistorio que esperasen a los recursos que se presentaron ese mismo día en los juzgados contra las órdenes municipales. Pero fue inútil, al final las excavadoras comenzaron su avance, la tensión se disparó y los policías cargaron contra los concentrados.

La gente estaba indignada porque el gobierno local de Rita Barberá aprovechó la entrada en vigor de una ley autonómica que invalidaba la orden de la ministra Ángeles González-Sinde, sobre protección del barrio, para llevar a cabo las demoliciones.

Los cinco inmuebles demolidos eran de propiedad municipal. El Consistorio las había comprado en lo que se considera zona afectada por la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez. De llevarse a cabo el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento del PP, desaparecerían 1.651 casas de El Cabanyal, partiendo el barrio y destrozando una trama urbana protegida por su singularidad.

Una ley en el Constitucional

Los derribos que hoy saldrán colateralmente en el juicio se produjeron al amparo de una ley autonómica que entró en vigor el mismo 6 de abril, con la que la Generalitat trató de frenar la orden de protección sobre el barrio de la ministra Ángeles González Sinde.
El Gobierno español recurrió la norma autonómica y se restableció el amparo a las casas. Pero el conflicto judicial está pendiente del fallo del Tribunal Constitucional. “Estos hechos solo evidencian el daño y premeditación con que las excavadoras fueron enviadas al barrio, y justifica la numerosa presencia ciudadana en la calle aquel día”, manifestó ayer Salvem El Cabanyal en un escrito.
“Es injusto que se enjuicie a ciudadanos que ejercen su libertad de expresión y que, como ha quedado demostrado, tenían también la razón legal de su parte”, agregó la entidad. “Solo pretendíamos con nuestra presencia salvar las casas”.
La formación EUPV y Salvem acudirán a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde hoy se celebra el juicio de faltas, para apoyar a los denunciados.
Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, lamentó ayer que mientras las denuncias contra la actuación policial haya prescrito, las de los defensores de los edificios sigan adelante.