Vecinos, políticos y policías a juicio por los derribos de 2010 en el barrio

Y la excavadora entró en El Cabanyal

2012-12-17Publicat per: El País
Dos años y ocho meses después de los incidentes, ocho personas, entre vecinos, políticos y policías, se enfrentan hoy a un juicio de faltas por los desalojos ocurridos en el barrio de El Cabanyal el 6 de abril de 2010. Hoy comparecen como denunciados por desobediencia, resistencia y lesiones la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, tres vecinos, entre ellos Faustino Villora, de Salvem El Cabanyal, y dos policías. Marga Sanz, portavoz parlamentaria de EUPV, y otra vecina acuden al juicio como denunciantes.

Desde que una vecina alertó aquel 6 de abril de la presencia de las excavadoras —enviadas ese día por el Consistorio para derribar cinco inmuebles del barrio—, un grupo de vecinos acudió a defender las casas. La voz corrió y al poco se unieron al grupo de vecinos, políticos de todos los grupos de la oposición al PP y ciudadanos de otras zonas de la capital. Concejales socialistas, con la portavoz Carmen Alborch a la cabeza, o las diputadas de Compromís Mònica Oltra y de EU, Marga Sanz, se unieron a la defensa de los inmuebles.

Después de un tira y afloja, la policía recibió la orden de desalojar las inmediaciones de las viviendas para que las brigadas de derribo las redujeran a escombros. Los que se negaron a abandonar el lugar fueron sacados por la policía a rastras. Fue el caso de las diputadas Oltra y Sanz. Los defensores de las casas pedían al Consistorio que esperasen a los recursos que se presentaron ese mismo día en los juzgados contra las órdenes municipales. Pero fue inútil, al final las excavadoras comenzaron su avance, la tensión se disparó y los policías cargaron contra los concentrados.

La gente estaba indignada porque el gobierno local de Rita Barberá aprovechó la entrada en vigor de una ley autonómica que invalidaba la orden de la ministra Ángeles González-Sinde, sobre protección del barrio, para llevar a cabo las demoliciones.

Los cinco inmuebles demolidos eran de propiedad municipal. El Consistorio las había comprado en lo que se considera zona afectada por la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez. De llevarse a cabo el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento del PP, desaparecerían 1.651 casas de El Cabanyal, partiendo el barrio y destrozando una trama urbana protegida por su singularidad.

Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, lamentó ayer que mientras las denuncias contra la actuación policial haya prescrito, las de los defensores de los edificios sigan adelante.

Una ley en el Constitucional

Los derribos que hoy saldrán colateralmente en el juicio se produjeron al amparo de una ley autonómica que entró en vigor el mismo 6 de abril, con la que la Generalitat trató de frenar la orden de protección sobre el barrio de la ministra Ángeles González Sinde.
El Gobierno español recurrió la norma autonómica y se restableció el amparo a las casas. Pero el conflicto judicial está pendiente del fallo del Tribunal Constitucional. “Estos hechos solo evidencian el daño y premeditación con que las excavadoras fueron enviadas al barrio, y justifica la numerosa presencia ciudadana en la calle aquel día”, manifestó ayer Salvem El Cabanyal en un escrito.
“Es injusto que se enjuicie a ciudadanos que ejercen su libertad de expresión y que, como ha quedado demostrado, tenían también la razón legal de su parte”, agregó la entidad. “Solo pretendíamos con nuestra presencia salvar las casas”.
La formación EUPV y Salvem acudirán a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde hoy se celebra el juicio de faltas, para apoyar a los denunciados.