A los amigos de Salvem el Cabanyal

2004-02-07Publicat per: Cartelera Turia
Algunos recordareis que el pasado mes de septiembre el conseller de Cultura y presidente de la Generalitat Valenciana por medio de la prensa anunciaban su intención de modificar la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Decían que la nueva legalidad permitiría prolongar Blasco Ibañez sobre el Cabanyal, construir el Palacio de Congresos del Benacantil y evitar la ejecución de sentencia del teatro romano de Sagunto. En la medida que la noticia era conocida por los amigos de nuestra causa, éstos nos hacían llegar su preocupación de que la modificación de la ley diera cobertura legal al derribo del Cabanyal. Esos mensajes de preocupación se incrementaron cuando fue conocido el anteproyecto de modificación de la Ley. Pero a partir de la asignación de la ciudad de Valencia como sede de la «Copa del América» son muchos mas los que creen que el evento servirá de coartada legal para que Rita construya su avenida. Sin embargo, nosotro/as pensamos que estamos igual que cuando empezamos nuestra lucha. Creemos tenerlo mal porque el partido en el poder tiene una concepción tan absoluta del poder, que no concibe que deba ceder ante los límites legales. Pero seguimos pensando que ellos lo tienen peor porque la prolongación de la avenida es y será ilegal. Y, además, empiezan a darse cuenta que el poder judicial es cada vez menos manipulable de lo que los «peperos» quisieran. Explicaremos las razones legales que impiden arrasar un conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural aun con la modificación de la ley de patrimonio valenciana y con la asignación de la «Copa del América». Por suerte nosotros vivimos en una comunidad autónoma integrada en un Estado de derecho y no en una república bananera donde el poder puede actuar al margen de la legalidad sin dar explicaciones a nadie. Y como autonomía en ningún caso implica soberanía los actos de las comunidades admiten controles de legalidad para verificar si se han sobrepasado los limites de las competencias transferidas. Así las cosas, la reforma de la ley de patrimonio será legal en la medida que la Generalidad legisle sin excederse de las competencias que tiene atribuidas en materia de patrimonio cultural. El caso es que en materia de patrimonio cultural existen competencias concurrentes entre la administración central y las CCAA. Por ello, si aclaramos lo que debe entenderse por competencias concurrentes y con posterioridad somos capaces de delimitar las competencias de la CCAA y del gobierno central en materia de patrimonio cultural podremos deducir la legalidad de eliminar parte de Bienes de Interés Cultural como pretende la Generalitat. Dicen los entendidos, que las «competencias concurrentes» son aquellas que se ejercen de modo exclusivo por el Estado o por las CCAA, sobre una misma materia, por ello su ejercicio exige una delimitación previa del ambito en que cada administración ejerce la competencia en exclusiva. En otras palabras, se dice que las competencias concurrentes son aquellas que reservan en exclusiva al Estado la facultad de establecer «la legislación básica», mientras a las CCAA se les transfiere en exclusiva la facultad de aprobar la legislación para el desarrollo y ejecución de la legislación básica. Por otro lado, se denomina legislación básica aquella que es de aplicación a todo el ambito del Estado español. Dicha legislación actúa como nivel mínimo de protección, y en consecuencia, sólo admite, por parte de las CCAA su desarrollo y complemento que implique elevar la protección de mínimos establecida por la ley estatal. Respecto al tema de la «delimitación de competencias», el Estado central tiene reservada en exclusiva evitar la exportación ilegal y el expolio de bienes integrados en el patrimonio cultural. Mientras la ley define el expolio como toda acción o omisión de puesta en peligro de perdida o destrucción del patrimonio cultural. Y entre los mandatos establecidos en la legislación básica, de aplicación en toda España, se ordena el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica de los conjuntos históricos declarados Bienes de Interés Cultural. Sin admitir ninguna excepción que comporte alterar las alineaciones existentes. Sin embargo, el PP pretende introducir distintas excepciones en la ley valenciana que les permita derribar todo bien cultural aunque éste goce de la máxima protección. Pensamos que cuando se trate de bienes protegidos por la Ley estatal, caso del Cabanyal, su reforma no será aplicable por rebajar los mínimos de protección de la ley básica del Estado y por invadir competencias reservadas en exclusiva a la administración central. Llegados a este punto, los amigos del Cabanyal, podemos pensar que tenemos barrio para rato. Quien piense lo contrario agradeceríamos que nos lo razonara por escrito. Quien se atreva aplicar un plan que implique arrasar parte del Cabanyal debe saber que nos encontrará en los tribunales. Y si la administración quiere conocer en qué consiste la rehabilitación integral del barrio, por la que luchamos, ya saben dónde vivimos y nuestra disponibilidad a dar las explicaciones que hagan falta. Mientras tanto, nuestros amigos deben saber que nuestra lucha sigue teniendo las mismas expectativas que al principio. Pero, además, hoy tenemos constancia, que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, cada día tienen mayor sensación de sentirse acorralados por nuestra lucha.