Chaves ve difícil llegar a un acuerdo a pesar de que el plan urbanístico sólo se ha iniciado en la calle San Pedro

El Gobierno ofrece ahora negociar la retirada del recurso contra el Cabanyal

2010-04-23Publicat per: Las Provincias
«El plan del Cabanyal responde a un proyecto urbano prácticamente hecho». Esa fue la excusa utilizada ayer por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, para justificar lo «complicado» que resultaría retirar los recursos cruzados entre el Ejecutivo socialista y el Ayuntamiento. En una visita a Alicante, anunció la convocatoria el próximo mayo de una comisión bilateral con la Generalitat para negociar asuntos como la Ley de Costas y su aplicación en la Comunitat, así como la legislación autonómica sobre el régimen económico matrimonial y el recurso en el Tribunal Constitucional contra la caza con «parany».
Pero lo más llamativo fue la prudencia utilizada a la hora de hablar del Cabanyal. Cuando dijo que se trataba de un asunto complicado, LAS PROVINCIAS preguntó por las razones y la respuesta fue la citada impresión, es decir, que a juicio de Chaves se trata de un proyecto casi terminado.
Una muestra más, según criticó después el concejal de Relaciones con los Medios, Miquel Domínguez, del «desconocimiento por parte del Gobierno del plan urbanístico», donde los únicos derribos se han producido en la calle San Pedro y en otras zonas aisladas.
En su opinión, se trata de «tratar de quitarse problemas de encima donde consideran que corren riesgo de perder votos, como en Castellón con el parany o en el sector de la hostelería con la Ley de Costas».
El plan del Cabanyal «no les interesa». La comisión bilateal es un instrumento previsto para casos de conflictos entre el Gobierno central y las autonomías. «Está claro que no tienen ninguna voluntad de llegar a acuerdos», insistió el edil del Partido Popular.
La paralización en el ámbito del plan urbanístico es total después de que el Boletín Oficial del Estado y el Diario de la Generalitat hayan publicado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad. El Ejecutivo considera que la ley aprobada en Les Corts que avala la prolongación de Blasco Ibáñez
supone un conflicto de competencias con la orden del Ministerio de Cultura que consideró un expolio patrimonial la apertura del bulevar hasta el paseo marítimo.
Con la misma reticencia que en el gobierno municipal acogió el Consell la propuesta de Chaves. El vicepresidente Vicente Rambla reclamó al primero que no «bloquee» iniciativas puestas en marcha por la Generalitat para el desarrollo de la Comunitat e instó a Zapatero «a buscar una solución a los problemas que, de verdad, preocupan a los cinco millones de ciudadanos valencianos, como la falta de financiación, la sequía o las infraestructuras, en lugar de tratar de paralizar aquellas acciones que están contribuyendo a su crecimiento y desarrollo económico y social».
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ya pidió al principio del conflicto que se reuniera la comisión bilateral, como una alternativa a la cascada de recursos e iniciativas políticas que se produjo después. En aquel momento no encontró ninguna respuesta.
Domínguez recordó la breve visita al Cabanyal de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. Para el delegado, Chaves «no conoce el barrio, al igual que ocurre con el resto del Gobierno».
«No entendemos el ataque que, por parte del Gobierno, se está llevando a cabo contra las tradiciones, costumbres y el desarrollo de la Comunitat», continuó Rambla. Instó a Zapatero a que en este encuentro «escuche las necesidades de los valencianos y apueste como lo está haciendo la Generalitat por el desarrollo de la Comunitat». Pidió por último a Chaves «menos visitas, menos reuniones y más trabajar por el bienestar de los ciudadanos».
Las únicas obras realizadas por la empresa Cabanyal 2010 después de la orden ministerial fue la demolición de seis inmuebles en las calles San Pedro, Vidal de Canelles, Luis Despuig y Felipe de Eximenis.
Los derribos se saldaron con varias cargas policiales contra okupas y vecinos contrarios al plan urbanístico, quienes intentaron impedir el paso de la excavadora. La admisión a trámite del segundo recurso de inconstitucionalidad dejó sin cobertura legal las obras de la empresa mixta, por lo que la alcaldesa Barberá ordenó paralizar cualquier iniciativa.