Mónica Oltra se enfrenta a un juicio de faltas por los desalojos en el barrio de El Cabanyal

2012-12-15Publicat per: Las Provincias
Ocho personas, entre ellas, la portavoz adjunta de Compromís en la cámara autonómica, Mònica Oltra, se enfrentarán el próximo lunes, 17 de diciembre, a un juicio de faltas por los desalojos que tuvieron lugar en el barrio valenciano de El Cabanyal el 6 de abril de 2010. La vista tendrá lugar a las 10.00 horas en el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, por desobediencia, resistencia y lesiones.
En concreto, están citados Mònica Oltra, dos vecinos del barrio valenciano, y otras cinco personas pertenecientes a la Plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar, entre ellas, Faustino Villora.
Los hechos se remontan al 6 de abril de 2010, hace ya casi dos años y medio, cuando se registraron los primeros derribos de viviendas en El Cabanyal, tras entrar en vigor la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad, que declaraba expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudicaba la protección del conjunto histórico.
Durante la jornada, en la que se derribaron cinco inmuebles ubicados entre las calles San Pedro y Vidal de Cañelles, hubo una gran tensión entre vecinos, policías y políticos. Vecinos y políticos de partidos de izquierda se plantaron ante los inmuebles para exigir que cesaran los derribos hasta que el juzgado se pronunciase sobre las peticiones de paralización, solicitadas por Delegación de Gobierno y la plataforma Salvem.
Sin embargo, continuaron los derribos hasta el punto de que los agentes tuvieron que ir sacando «a rastras» a los políticos, entre los que se encontraban Mònica Oltra, quien cayó al suelo y aseguró que los agentes le habían agredido. Por su parte, la Policía informó de que varios de sus agentes también habían resultado heridos, alguno de los cuales tuvo que recibir puntos de sutura. Vecinos y políticos actuaron de esta manera para «proteger el barrio» y porque estaba vigente una orden ministerial en la que se declaraba acto de expolio las actuaciones derivadas del PEPRI.