La jueza admite una querella contra Ciscar por no resolver en plazo el plan del Cabanyal

La plataforma vecinal denuncia la desaparición del informe técnico negativo del expediente

2000-09-08Publicat per: Levante
El juzgado de instrucción número 17 de Valencia tramita una querella por prevaricación presentada por la plataforma Salvem el Cabanyal contra la directora general de Patrimonio Histórico, Consuelo Ciscar.
La plataforma de vecinos del Cabanyal desplegó durante los meses de julio y agosto una intensa actividad de vigilancia sobre la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Valencia, convencidos de que iba a encenderse la luz verde al proyecto en estas fechas, en que además vencía el plazo legal inicial para resolver. El 20 de julio se personaron para estudiar los últimos pasos del expediente, una vez aplazada in extremis la decisión final hasta octubre, y se encontraron con el informe negativo del arquitecto jefe de Patrimonio Histórico-Artístico. Justo un mes después, según denunciaron ayer, este informe había «desaparecido». Salvem el Cabanyal interpuso el 28 de agosto una querella por un presunto delito de prevaricación especial contra la directora general de Promoción Artística y Patrimonio, Consuelo Ciscar, una querella que han venido en bautizar como «de autodefensa» y que la titular del juzgado de instrucción número 17 de Valencia admitió a trámite el pasado día 1 de septiembre. Los vecinos opuestos a la prolongación de Blasco Ibáñez se basan, en primer lugar, en que no había motivo alguno para retasar la resolución y sí la obligación de hacerlo, puesto que estaban «todas las cartas sobre la mesa» con el referido informe desfavorable como pieza fundamental. Es más, según el portavoz y el abogado de la plataforma, Faustino Villora y José Luis Ramos, respectivamente, la resolución estaba incluso redactada, pero «no era del agrado del ayuntamiento y por eso se pactó más plazo para presionar». La plataforma, como ya ha señalado con anterioridad, considera injustificada la prórroga, y también ilegal. Según su interpretación jurídica y la de los propios abogados de la conselleria, indican, en todo caso sería de 45 días y no de 90, con lo que el segundo plazo también habría sido superado el pasado 23 de agosto. Así las cosas, el letrado de Salvem considera que, al no haberse hecho pública la resolución en plazo, operaría el silencio administrativo positivo y, de ser así, «la única responsable sería la directora general». En la querella se añade el hecho de que el informe técnico negativo no les fuese facilitado y acabara «desapareciendo» del expediente. Los vecinos, dijo Villora, «se hartaron de ver chafados sus derechos, de que la Administración juegue con los plazos y el proceso administrativo según sus intereses». La plataforma cree que la presentación y admisión de su querella puede tener relación con «el lío que se ha montado». Ramos, abogado de la plataforma, dijo que la prevaricación cabe por omisión y en este caso se plantea que Ciscar tenía el mandato legal de resolver y no lo hizo a sabiendas de que su silencio tendría efectos contrarios a los establecidos en la ley de patrimonio. La jueza ha impuesto a Salvem una fianza de 500.000 pesetas, avalada «gracias al esfuerzo de los vecinos» aunque piensan recurrir. En cuanto a la actual situación, los vecinos piensan que se está tratando de hacer «un traje a medida». El arquitecto Vicente Gallart se preguntó por qué se quiere pedir informes a un comité de «expertos» cuando los verdaderos especialistas son y deben ser, señaló, los técnicos de Cultura. Además, recordó que el Consell Valencià de Cultura se declaró incompetente para informar, dada la complejidad del asunto, y negó que el Colegio de Arquitectos apoye el proyecto. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hizo ayer un llamamiento a no continuar con el debate hasta que se hagan los informes y la resolución definitiva. Barberá subrayó que si el informe es positivo, «muy bien», y si no, «creo que hay caminos para que el ayuntamiento defienda su autonomía local y, además, justifique mucho otras actuaciones absolutamente incoherentes», y citó el caso del teatro romano de Sagunto preguntándose si la intervención mejoró este espacio.