Abogados del Estado negocian con el Ayuntamiento fórmulas legales para hacer compatible la apertura con el patrimonio histórico del barrio

El Gobierno estudia cambiar la orden de Sinde para ampliar Blasco Ibáñez

2012-09-13Publicat per: Las Provincias
«Hacer compatible el plan del Cabanyal con la orden ministerial». Ese es el propósito del intenso estudio en el que se ha embarcado la Abogacía del Estado y los técnicos municipales para desbloquear la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez salvando la orden de paralización decretada por la anterior ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el 6 de enero de 2010 y que sigue vigente.
La voluntad expresada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es facilitar una salida rápida al conflicto, que ha dejado en la paralización cualquier obra en el barrio, al menos según la interpretación que aplica el gobierno municipal. Así quedó claro en una reunión que mantuvo con la alcaldesa Rita Barberá el 10 de julio, poco después de que la Audiencia Nacional desestimase los recursos de Ayuntamiento y Generalitat contra la orden ministerial.
Esa reunión sirvió para designar un grupo de trabajo que se centra ahora, indicaron fuentes conocedoras del proceso, en una posible modificación de dicha orden, sin que sea necesario derogarla. La tesis es que sea compatible la protección del patrimonio histórico con la prolongación de Blasco Ibáñez.
Eso supondrá cambiar la conclusión del documento aprobado bajo la etapa de González-Sinde y que degeneró en la paralización del proyecto y de cualquier demolición, una vez que el Gobierno interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional. Desde entonces, sólo se han autorizado obras de emergencia, como el saneado de fachadas y algún derribo puntual.
Conseguir hacer compatible esa orden, avalada por informes anteriores de varios expertos, con la prolongación de la avenida, es ahora la tarea pendiente. Se trata, indicaron las mismas fuentes, de demostrar de manera inequívoca que la ejecución del plan urbanístico, tal y como se aprobó en 1999, no supone ningún expolio al patrimonio histórico ni a la trama urbana.
De esta manera, aspectos como el «respeto a los edificios protegidos y la trama histórica del Cabanyal», son cuestiones que se quieren mantener en la revisión de la orden ministerial. Todavía no está claro si será suficiente una mera modificación o una nueva declaración por parte del Gobierno.
Lo que está claro es que no existe ninguna intención del gobierno municipal de dar marcha atrás en el proyecto de prolongación, a pesar de las peticiones de los grupos de la oposición. Tan lejos como ayer, el portavoz socialista Joan Calabuig reiteró que el barrio «merece una nueva etapa que supere la división y la degradación. Los vecinos llevan 21 años siendo víctimas de la estrategia de división fomentada por el Partido Popular».
Poco antes, el vicealcalde, Alfonso Grau, insistió en que el equipo de gobierno de Rita Barberá no va a «renunciar» al plan urbanístico. «No vamos a renunciar al plan, para nada, y vamos a seguir trabajando por sacarlo adelante», dijo.
Sobre el desinterés de las empresas en invertir en el plan, lo que había denunciado Calabuig el día anterior, replicó que le resulta «muy divertido» que el portavoz socialista diga eso. «No sé con qué empresas hablará Calabuig», agregó el vicealcalde, quien dijo que las mercantiles que «no están» son aquellas a las que «echaron» porque el PSPV las «acusaba de especular».
También terció en la polémica el portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, quien destacó el «empecinamiento del PP en mantener una situación insostenible en el Cabanyal que sigue condenando al barrio a una parálisis social y económica».
El edil pidió al gobierno municipal que «escuche a las asociaciones del barrio que se han manifestado abiertamente por una solución dialogada que permita la rehabilitación a través del cumplimiento de las ordenanzas municipales».
El vicealcalde se refirió también al conflicto abierto en el bloque Ruiz Jarabo, un edificio de 168 viviendas entre la calle Eugenia Viñes y la calle Doctor Lluch. La Policía Local ha notificado ya el desalojo a varias familias que ocupan viviendas de propiedad pública ilegalmente, en una finca que debe derribarse para permitir la prolongación de la avenida.
«No es que esté dentro de la prolongación, aunque estuviera fuera clama al cielo tenerlo metido en el Cabanyal», subrayó, por lo que el Consistorio está «recuperando las viviendas» para después «demoler ese bloque horroroso» y realojar a la gente que así lo desee. «Pretender mantener eso no se le ocurre ni al que asó la manteca».