Los jóvenes celebran reuniones con los vecinos afectados donde les asesoran de los recursos que tienen para evitar los desalojos

Grupos radicales alientan la ocupación ilegal de viviendas públicas en el Cabanyal

2012-09-11Publicat per: Las Provincias
Grupos radicales, conocidos también como antisistema, se dedican a asesorar y alentar la ocupación ilegal de viviendas públicas en el barrio del Cabanyal. La semana pasada se celebró una reunión con vecinos del Grupo Portuarios, junto a la plaza Hombres del Mar, que se repitió ayer mismo, donde les informaron de todos los recursos posibles para evitar el desalojo de los pisos. También se han producido casos similares en el entorno de la calle San Pedro.
Así lo afirmaron fuentes de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar, entidad formada por el Ayuntamiento y la Generalitat, directamente afectada por esta resistencia a dejar las viviendas. El edificio es uno de los que deben desaparecer por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y las 168 viviendas deben derribarse por completo, al estar en línea con el bulevar.
La empresa pública tiene cerca de medio centenar de pisos en propiedad, de los que media docena están ahora ocupados ilegalmente. La Policía Local comenzó ayer a notificar verbalmente el desalojo inminente, lo que fue criticado por la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, alegando que se trata de familias sin recursos.
La diputada pidió al Instituto Valenciano de la Vivienda una «solución» para que ninguno de los residentes se quede sin techo. Al margen de esta solicitud, las fuentes citadas insistieron en que otras personas se dedican a hacer «llamamientos directamente para ocupar, lo que es muy distinto y mucho más grave porque es fomentar un delito contra la propiedad».
El Instituto Valenciano de la Vivienda tiene 38 pisos en el mismo bloque, aunque no es segura la cifra de las que están ocupadas ilegalmente. La política de la empresa Plan del Cabanyal-Canyamelar ha sido tapiar de manera sistemática los pisos conforme los iba comprando, para denunciar las entradas ilegales y pedir en el juzgado la orden inmediata de desalojo.
En el edificio Grupo Portuarios, buena parte de los vecinos son arrendatarios que pagan los alquileres, además de otros que están en trámites para la compra de unos pisos construidos después de la riada de 1957 y que pasaron de la Administración estatal a la Generalitat como una de las transferencias.
El bloque de viviendas ha sido noticia en los últimos meses por albergar invernaderos de marihuana en casas ocupadas ilegalmente, así como casos de vecinos que han derribado paredes medianeras para ampliar sus pisos con la propiedad colindante.
Algunos de los residentes están en trámites de vender a la empresa Plan del Cabanyal. «Habrá una docena en cola», precisaron las mismas fuentes. Las adquisiciones se formalizan conforme se dispone de presupuesto, una partida que ha bajado en los últimos años por los conflictos judiciales.
A la espera de que se desbloquee el plan urbanístico, la Policía Local sigue con los desalojos. En los últimos tres meses, indicaron fuentes municipales, se han realizado 80 casos en zonas como las calles San Pedro, Vidal de Canelles, Barraca, José Benlliure y Escalante. Además, se han tramitado 49 denuncias y 17 atestados de usurpación de propiedad, los pasos previos al desalojo de las viviendas.
Más llamativo resulta incluso las detección de conexiones ilegales a la red eléctrica, con 83 casos en el barrio que suman 167 personas denunciadas. A corto plazo hay 20 desalojos a la espera de una orden judicial, mientras que otras seis denuncias se esperan concretar entre este mes y octubre con otras tanta actuaciones policiales.
De esta manera, el Consistorio quiere responder también a la petición conjunta de vecinos y comerciantes al Ayuntamiento de que evite la degradación del barrio. El pasado julio se hizo público un manifiesto conjunto por primera vez entre defensores y detractores de la prolongación de la avenida, donde se alertaba del estado de ruina de esta parte del Marítimo.
La pasada semana y tras una nueva reunión, las asociaciones ratificaron sus reivindicaciones, a las que se sumó la junta de la Semana Santa Marinera, como publicó LAS PROVINCIAS. Como se sabe, el plan del Cabanyal está paralizado por el recurso interpuesto por el anterior Gobierno en el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo popular se ha comprometido a desbloquear el litigio, todavía sin resultado