La sala deliberó hace una semana sobre el recurso municipal contra el decreto que paraliza la apertura de Blasco Ibáñez al mar

La Audiencia Nacional falla sobre el Cabanyal mientras el Gobierno sigue sin avalar el plan

2012-07-01Publicat per: Las Provincias
La Audiencia Nacional ya ha deliberado sobre los recursos del Ayuntamiento y la Generalitat contra el decreto del Ministerio de Cultura que declaró un expolio la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez a través del Cabanyal. El pasado día 21 se votó el presentado por el gobierno municipal y este jueves, el de la Administración autonómica.
Así lo adelantaron ayer fuentes conocedoras del proceso, quienes precisaron que todavía no se ha difundido el fallo a las partes ni se ha redactado la sentencia, una situación que se puede prolongar todavía varias semanas.
En caso de un fallo desfavorable para el Consistorio, lo que se condidera como probable, complicaría aún más la derogación del decreto de paralización del ministerio, una promesa del Gobierno de Mariano Rajoy que todavía no ha cumplido.
No obstante, podría darse la circunstancia de una sentencia en contra de la prolongación y una derogación posterior, que avalaría el inicio de las obras y haría decaer el recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional. El problema sería la pérdida de argumentos políticos, al tener un fallo adverso.
Las mismas fuentes precisaron que lo deseable habría sido la derogación del decreto. Entonces, el asunto en la Audiencia Nacional se hubiera retirado y así no se entraría en una aparente contradicción. Esta instancia judicial ya denegó la suspensión cautelar de la orden ministerial en abril de 2010, poco antes de que se formalizara el recurso del Gobierno en el Tribunal Constitucional.
El portavoz de Compromís, Joan Ribó , comentó ayer en el pleno que el pasado día 21, la Audiencia comenzó la discusión de la sentencia. Lo dijo en la primera parte de la defensa de una moción de su grupo para que el Ayuntamiento aprobase el refuerzo de la seguridad, limpieza y control de viviendas en mal estado de conservación en el barrio del Cabanyal, para frenar así el deterioro alarmante en algunas zonas. Citó como ejemplo los 58 inmuebles ocupados ilegalmente y que son propiedad de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar, para responsabilizar al Ayuntamiento de «la insalubridad y la seguridad de los vecinos; necesitamos un plan urgente», añadió. La moción fue aprobada por el grupo socialista y Esquerra Unida, lo que le sirvió al vicealcalde, Alfonso Grau, para responder que los que han estado «a favor de la paralización desde hace once años, ahora parecen los salvadores. Fue este gobierno el que aprobó el plan urbanístico y hemos sufrido una persecución y la paralización, junto a los vecinos, por una cuestión ideológica».
Recordó que la orden ministerial impulsada por la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde «prohibía cualquier actuación en todo el plan urbanístico; aquella orden fue un abuso de autoridad porque debía haberse ceñido sólo a la zona declarada Bien de Interés Cultural». Esto supone un 4% del ámbito del plan urbanístico. Sobre las ocupaciones ilegales, replicó que sí se denuncian en el juzgado, además de tapiar puertas y ventanas para impedir el acceso en la medida de lo posible. Finalizó diciendo que existen contactos con el Ministerio de Cultura para que deroguen la orden ministerial, con «todas las trabas legislativas que tiene».