Ángeles Alastrué es subdirectora desde 2009 y afirmó que la apertura de Blasco Ibáñez es un «expolio» del patrimonio histórico

El Gobierno aún mantiene al alto cargo que paralizó el plan urbanístico del Cabanyal

2012-06-01Publicat per: Las Provincias
Ángeles Alastrué, subdirectora general del Ministerio de Cultura que firmó un duro informe de cuatro páginas que contribuyó a paralizar el plan urbanístico del Cabanyal, sigue en el mismo puesto a pesar del cambio de Gobierno y la voluntad dicha del Partido Popular de sacar adelante la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
Alastrué forma parte del equipo del ministro José Ignacio Wert y en el organigrama depende de la Dirección General de Bellas Artes. Entre sus funciones está la coordinación en el Ministerio de las secciones que intervienen en la gestión de bienes del patrimonio histórico español, así como la aplicación del régimen jurídico de su protección, cuestiones que afectan de lleno al plan promovido por el Ayuntamiento. Ocupa el cargo desde 2009, cuando fue fichada por la exministra Ángeles González-Sinde en una decisión que sorprendió por la destitución de su antecesor en el cargo, quien había sobrevivido a varios ministros.
Fue el diputado popular José Marí quien desveló que el subdirector general anterior, Luis Lafuente, había firmado un informe favorable a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, que no llegó a figurar en el expediente. Por esa razón, aseguró en Les Corts, fue sustituido a toda prisa por Alastrué, quien rubricó el 29 de octubre de 2009 un informe totalmente contrario a las pretensiones del Consistorio.
En el documento se habla de que el gobierno municipal hizo una «interpretación peculiar» de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, para definirla más adelante como «contraria a la normativa vigente».
Tras aludir a varios argumentos jurídicos, Alastrué finalizó sobre la situación de 2009 que suponía una «auténtica expoliación del patrimonio histórico. La ejecución del PEPRI, en lo que se refiere a la demolición de los inmuebles que el catálogo municipal no ha considerado dignos de protección».
El proyecto de la prolongación de la avenida y el resto del plan se encuentran todavía a la espera de una resolución del Gobierno para la continuación de las obras. El gobierno municipal ha presentado ya la petición formal al Ministerio de Cultura para que derogue el decreto, tras una reunión el pasado marzo entre responsables del Gobierno y el vicealcalde, Alfonso Grau.
Entonces se interpretó este paso como un avance decisivo en la reanudación de los derribos, cuya paralización ha dejado decenas de edificios sin habitar y ocupados ilegalmente. Sólo la empresa Plan Cabnayal-Canyamelar contabiliza 58 fincas, según la contestación dada hace unos días a la concejala socialista Pilar Calabuig. Estas casas tienen en algunos casos licencia de derribo, aunque dejada en suspenso hasta que se resuelva el conflicto con el Gobierno.
El recurso presentado por el Ejecutivo socialista en el Tribunal Constitucional forzó a frenar la concesión de licencias, tanto las de entidades públicas como las de particulares. El Consistorio interpreta que el decreto firmado por González-Sinde abarca cualquier tipo de intervención, salvo las necesarias para la seguridad de los viandantes como los desprendimientos de cascotes en las fachadas. Por el contrario, la asociación de vecinos y los grupos de la oposición, entre otras instancias, afirman que sólo afecta a las intervenciones que alteren la trama urbana actual de este barrio del Marítimo.