La lucha – 2006


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El año comienza con una lucha judicial, con paralizaciones de licencias de escombros y recursos por parte del Ayuntamiento, con la oposición reclamando diálogo y un nuevo plan para el Cabanyal.

En marzo, la Plataforma consigue paralizar el derribo de otro edificio situado en la zona BIC. Ya son 17 los edificios que los vecinos han conseguido salvar de la destrucción. El ayuntamiento recorre todas las decisiones judiciales y continúa con el acoso y compra de viviendas. La Plataforma firma un comunicado donde repasa muchas de las actuaciones del PP (así nos gobierna el Partido Popular).

En abril, la Plataforma critica las nuevas normas de funcionamiento del TSJCV, que garantizan que el nuevo presidente de la Sala contencioso-administrativo (que votó a favor del PEPRI en 2004) se haga cargo de los recursos contra los derribos presentados por el Ayuntamiento. También aprovecha para continuar pidiendo información sobre las normas de composición de los plenos (especialmente el de la sentencia del Cabanyal de 2004), información que se nos niega.

La mayor fiesta del barrio, la Semana Santa, no es ajena a la problemática. En abril las cofradías deciden evitar a sus procesiones pasar por las zonas tradicionales de desfile, hoy degradadas por la presión del Ayuntamiento. Salvem el Cabanyal critica esta decisión, más cuando las cofradías nunca han criticado públicamente la degradación creciente de los últimos años.

A mitad de abril se confirma lo que nos esperábamos: el TSJCV falla a favor de los escombros fuera de área BIC, que afectan a inmuebles de Luis Despuig, San Pedro y Francisco Eiximenis. Dos de esos inmuebles eran protegidos por el PGOU. Tres magistrados se oponen a la sentencia en voto particular. Según ellos, no tiene sentido derribar para hacer solar si es posible que el recurso de la Plataforma al Supremo prospere y deje sin sentido los derribos. Ésta es la respuesta de la Plataforma.

La presión aumenta en el bulevar San Pedro. Grau anuncia que el local donde se reúne la Plataforma será cerrado (continúa en pie y bien abierto en 2011). El ayuntamiento anuncia obras en el barrio.

El 28 de abril se celebra un pleno alternativo del Ayuntamiento a uno de los solares de la calle San Pedro. Participan distintos colectivos sociales. Rita Barberá dice que todos somos extensiones del PSPV. Más adelante los participantes constituirán una coordinadora: Acción y Reflexión Ciudadana.

En mayo, la Plataforma denuncia en la Unión Europea el incumplimiento de la legalidad en evaluación ambiental en proyectos de construcción. La denuncia es admitida a trámite. El ayuntamiento acusa a Salvem los actos vandálicos en la sede de Cabanyal 2010, como siempre, sin pruebas.

El 3 de junio, manifestación de colectivos en defensa del territorio.

La Plataforma recuerda que aún no nos han dado explicaciones sobre la composición del pleno que aprobó la sentencia del TSJCV de 2004.

El Ayuntamiento anuncia expropiaciones masivas en San Pedro, de las cuales será beneficiaría Cabanyal 2010 (recordemos, una empresa con capital privado). Las expropiaciones se quieren pagar a precio tres veces por debajo del de mercado.

En septiembre, Luis Francisco Herrero presenta el caso del Cabanyal en Asturias, en unos encuentros internacionales de la Juventud. El 28 de septiembre la coordinadora Acción y Reflexión Ciudadana celebra un nuevo pleno alternativo a las puertas del Ayuntamiento.

Entretanto, en el Cabanyal la falta de coordinación en las obras y la ausencia de aparcamientos irritan a los vecinos. Las quejas aumentan, ya que las personas mayores tienen problemas para entrar en sus casas, las multas por mal aparcamiento aumentan y la polvareda no se limpia.

En noviembre se anuncia una nueva modificación de la ley de Patrimonio, que dejaría sin protección uno de los edificios más emblemáticos del barrio: la lonja de Pescadores. Se celebra un pleno extraordinario de la Junta Municipal del Marítimo, a petición de 1200 firmas, donde se vecinos exponen los problemas derivados de las obras a Alfonso Novo.

A finales de noviembre la Plataforma demanda a Juan Luis de la Rua y Edilberto Narbón por las reiteradas negativas a explicar la composición del pleno del TSJCV que dio vía libre al PEPRI en el 2004.