La lucha – 2005


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El año comienza con la anuncia de ayudas para rehabilitar las casas no afectadas, pero los vecinos echan en falta información sobre cómo pedirlas. La Asociación de Vecinos elabora un folleto con la información.

El ayuntamiento no ha conseguido que se destine dinero para la Copa América (del gobierno central) para el plan del Cabanyal, y, con problemas endeudamiento para llevar adelante el plan, crea una sociedad mixta con empresas privadas que gestionarán el suelo público de las expropiaciones. Los socios privados que participan tienen garantizada su aportación de capital y los riesgos los asume el Ayuntamiento, aunque el plan sigue pendiente de recurso al Tribunal Supremo. La aportación mínima de capital para entrar en la sociedad es de 30.000 euros.

En abril la constitución de la nueva sociedad todavía es un misterio.

9 de marzo, Asamblea General informativa. Se muestra un informe de la empresa TINSA sobre tasaciones, que aumenta a 150 millones de euros el coste de las expropiaciones. El Ayuntamiento a través de su empresa AUMSA intenta estafar a los vecinos intentando comprar las casas muy por debajo del precio de mercado. LA PLATAFORMA NO VENDE, NI POR UN NI POR DOS, VOLVEMOS A REPETIR QUE QUEREMOS LA REHABILITACIÓN DEL BARRIO. Además, se decide participar en la nueva sociedad mixta encargada de llevar a cabo el proyecto, con aportaciones de 100 euros que sufragarán los vecinos particularmente. Sobre las tasaciones, el ayuntamiento justifica que el precio en la zona de la prolongación no sea el de mercado.

En mayo de 2005 pasaron muchas cosas. Primero, otra Feria Alternativa con la participación de la Plataforma.

El ayuntamiento consigue un informe que autoriza a derribar casas en el entorno BIC, en la calle Progreso, Escalante, Barraca y José Benlliure. La Plataforma critica la necesidad de derrocar inmuebles si el plan no puede llevarse a cabo (la cantidad de casas expropiadas no supera el 2%) y anuncia un recurso contra la decisión: otro juez paraliza cautelarmente los derribos. La comisión de urbanismo del Ayuntamiento reacciona concediendo nuevas licencias de derribo.

Por otra parte, la sociedad mixta encargada de gestionar el plan eleva de 30000 a 200000 euros el capital mínimo para entrar. Impide así que los vecinos, agrupados, puedan comprar acciones y participar de las decisiones, tal y como habían decidido y anunciado en la asamblea de marzo.

El 17 de mayo un grupo de vecinos ocupan las casas amenazadas en Escalante 204 para evitar que sean derribadas. Alfonso Grau y la empresa AUMSA denuncian a Faustino Villora por esa acción y el ayuntamiento habla de violencia contra los obreros.

A finales de mayo el Tribunal Supremo acepta el recurso de queja contra la sentencia del TSJCV, que decía que no era recurrible: la sentencia no es firme y esto abre la puerta a aceptar un recurso de casación contra la sentencia. Entretanto, el Ayuntamiento anuncia que continuarán los derribos.

El 30 de mayo el juzgado contencioso administrativo número 2 amplía la suspensión de licencias de derribo a seis edificios más en el entorno BIC. Y en junio se ratifica la suspensión de los derribos. En la Plataforma todavía seguimos esperando que el Tribunal Supremo diga si acepta a trámite el recurso presentado contra la sentencia del TSJCV. Y por fin conocemos los detalles de la sociedad que gestionará el plan Cabanyal: se llamará Cabanyal 2010 y tendrá el 45% de participación privada. En total, el capital privado será de 15,75 millones de euros, y la Administración destinará 19,25 millones entre AUMSA y el Instituto Valenciano de la Vivienda.

Agosto: se archiva la querella de Grau contra Faustino Villora y los ocupas de las viviendas en mayo. Además, AUMSA ha de reparar los desperfectos que el inicio de las obras causaron. El ayuntamiento no hace declaraciones. La Plataforma habla de una propuesta de futuro para el barrio.

En octubre, octava edición de Puertas Abiertas: 32 propuestas artísticas en 16 casas del barrio.

 

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04-Oct-2005 18:46

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04-Oct-2005 17:50

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02-Oct-2005 16:47

 

El ayuntamiento, entretanto, continúa con la presión fuera de la zona BIC, especialmente en la calle San Pedro, donde comienzan demoliciones. El 15 de noviembre se da a conocer un auto judicial que suspende los escombros fuera de la zona BIC. El ayuntamiento anuncia que presentará recurso contra la decisión.