El Cabanyal tiene derecho a licencias desde siempre

Según la Agencia EFE y lo reproducido en la prensa local, la vicepresidente del Gobierno Sáenz de Santamaría anunció el pasado sábado que la revisión de la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 (que declara que el Plan del Ayuntamiento de Valencia sobre el Cabanyal es expolio e ilegal), permitirá al Ayuntamiento otorgar licencias al barrio, y que “en el proceso de revisión de esa orden el Ayuntamiento podrá otorgar licencias ‘de manera rigurosa y caso a caso, como nos gusta hacer las cosas a la gente del PP’”.

Ante este nueva declaración electoralista y mentirosa, que no busca otra cosa más que abrir una puerta de salida de emergencia, ante el callejón sin salida en el que se había metido la alcaldesa Barberá, desde la Asociación de Vecinos del Cabanyal – Canyamelar y la Plataforma Salvem el Cabanyal se informa lo siguiente:

1º. El Ayuntamiento de Valencia no otorga licencias al barrio del Cabanyal porque no quiere. La Orden del Ministerio de Cultura no se lo impide en absoluto (impide derribos y actos de deterioro del Conjunto Histórico pero no, obviamente, licencias dirigidas a protegerlo y conservarlo). Esta interpretación de la Orden fue aclarada ya en 2010 por la Abogacía del Estado, y el Ayuntamiento no la aceptó porque su política es la de castigo al barrio y a sus vecinos, por oponerse a un Plan que ha sido declarado nulo en sentencia firme por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Como miembro de la Abogacía del Estado que es la Vicepresidenta del Gobierno, entendemos que conoce el alcance del citado informe emitido en septiembre del 2010, que aunque no es vinculante, supone una interpretación autorizada de la Orden Ministerial.

2º. El Ministerio de Cultura no revisará la Orden Ministerial antes de que el Ayuntamiento apruebe el nuevo Plan para el Cabanyal. Hacerlo supondría vulnerar la normativa vigente en cuanto a procedimiento, y podría incurrir en prevaricación y lo saben. El Ayuntamiento tiene que elaborar un nuevo Plan respetuoso con el barrio (muy diferente al que está todavía en un trámite, que ha merecido más de 25.000 alegaciones contra él, y que 9 meses después de su aprobación inicial aun no ha contestado), y después aprobarlo. Esto no va a ocurrir antes de las elecciones.

3º. No es necesario que Sáenz de Santamaría venga de Madrid a dar permiso para las licencias al Cabanyal, éstas puedan darse desde siempre. Como se ha defendido desde hace años por la Asociación de Vecinos y la Plataforma Salvem el Cabanyal, nada impide que se otorguen licencias en el Cabanyal. Decir que “ahora”, a un mes de las elecciones, sin que nada haya cambiado, durante el “proceso de revisión”, podrán darse licencia “caso por caso” (como si no se dieran siempre “caso por caso”) es, además de un engaño, una burla a los ciudadanos de Valencia y a los vecinos del barrio.
Que al ayuntamiento de Valencia le merezca mayor seguridad jurídica unas declaraciones realizadas en un acto electoral de su partido, que lo establecido en un Informe razonado y firmado por la Jefe de la Abogacía del Estado, dice muy poco a favor de la forma de ejercer la política que tiene quien dirige desde hace 24 años el futuro de esta ciudad.

4º Tal como concluye el Informe de la Abogacía del estado, “sólo deberían entenderse suspendidas de ejecución aquellas disposiciones del PEPRl cuya ejecución pueda implicar expolio del Patrimonio Histórico Español, y no las restantes contenidas en el Plan que sí resultarían de aplicación.”…“Únicamente aquellas solicitudes de licencias de demolición o transformación que afecten a la conservación del Conjunto Histórico, en los términos de la Orden CUL 3631/2009, son las que deberían, a nuestro juicio, denegarse”… “El Ayuntamiento de Valencia, debería estudiar individualmente cada licencia, para determinar en cada caso si la aplicación de la suspensión parcial del PEPRl permite o no la concesión de las mismas”.

5º. Conclusión, nada ha cambiado con las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, en el fragor de ese acto electoral, se ha limitado a transcribir lo dicho en el Informe de la Abogacía del Estado, al decir que las licencias se darán “de manera rigurosa y caso a caso”, un procedimiento cuyo rigor pasará por “analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del PEPRI sobre las mismas, y sólo posteriormente se deberían conceder o denegar aquéllas.”, justo lo que establece tercera y última conclusión del citado Informe, y por tanto si ahora se anuncia la posibilidad de concederlas, entendemos que no es más que un mensaje electoral, ante el callejón sin salida en el que se ha metido la Sra. Barberá.

Plataforma Salvem el Cabanyal i Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar

Según la Agencia EFE y lo reproducido en la prensa local, la vicepresidente del Gobierno Sáenz de Santamaría anunció el pasado sábado, durante la presentación de la candidatura de Alberto Fabra a la Presidencia de la Generalitat, que la revisión de la Orden del Ministerio de Cultura de 2009 (que declara que el Plan del Ayuntamiento de Valencia sobre el Cabanyal es expolio e ilegal), permitirá al Ayuntamiento otorgar licencias al barrio, y que “en el proceso de revisión de esa orden el Ayuntamiento podrá otorgar licencias ‘de manera rigurosa y caso a caso, como nos gusta hacer las cosas a la gente del PP’”.

Ante este nueva declaración electoralista y mentirosa, que no busca otra cosa más que abrir una puerta de salida de emergencia, ante el callejón sin salida en el que se había metido la alcaldesa Barberá, desde la Asociación de Vecinos del Cabanyal – Canyamelar y la Plataforma Salvem el Cabanyal se informa lo siguiente:

1º. El Ayuntamiento de Valencia no otorga licencias al barrio del Cabanyal porque no quiere. La Orden del Ministerio de Cultura no se lo impide en absoluto (impide derribos y actos de deterioro del Conjunto Histórico pero no, obviamente, licencias dirigidas a protegerlo y conservarlo). Esta interpretación de la Orden fue aclarada ya en 2010 por la Abogacía del Estado, y el Ayuntamiento no la aceptó porque su política es la de castigo al barrio y a sus vecinos, por oponerse a un Plan que ha sido declarado nulo en sentencia firme por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Como miembro de la Abogacía del Estado que es la Vicepresidenta del Gobierno, entendemos que conoce el alcance del citado informe emitido en septiembre del 2010, que aunque no es vinculante, supone una interpretación autorizada de la Orden Ministerial.

2º. El Ministerio de Cultura no revisará la Orden Ministerial antes de que el Ayuntamiento apruebe el nuevo Plan para el Cabanyal. Hacerlo supondría vulnerar la normativa vigente en cuanto a procedimiento, y podría incurrir en prevaricación y lo saben. El Ayuntamiento tiene que elaborar un nuevo Plan respetuoso con el barrio (muy diferente al que está todavía en un trámite, que ha merecido más de 25.000 alegaciones contra él, y que 9 meses después de su aprobación inicial aun no ha contestado), y después aprobarlo. Esto no va a ocurrir antes de las elecciones.

No es necesario que Sáenz de Santamaría venga de Madrid a dar permiso para las licencias al Cabanyal, éstas puedan darse desde siempre. Como se ha defendido desde hace años por la Asociación de Vecinos y la Plataforma Salvem el Cabanyal, nada impide que se otorguen licencias en el Cabanyal. Decir que “ahora”, a un mes de las elecciones, sin que nada haya cambiado, durante el “proceso de revisión”, podrán darse licencia “caso por caso” (como si no se dieran siempre “caso por caso”) es, además de un engaño, una burla a los ciudadanos de Valencia y a los vecinos del barrio.

Que al ayuntamiento de Valencia le merezca mayor seguridad jurídica unas declaraciones realizadas en un acto electoral de su partido, que lo establecido en un Informe razonado y firmado por la Jefe de la Abogacía del Estado, dice muy poco a favor de la forma de ejercer la política que tiene quien dirige desde hace 24 años el futuro de esta ciudad.

4º Tal como concluye el Informe de la Abogacía del estado, sólo deberían entenderse suspendidas de ejecución aquellas disposiciones del PEPRl cuya ejecución pueda implicar expolio del Patrimonio Histórico Español, y no las restantes contenidas en el Plan que sí resultarían de aplicación.”…“Únicamente aquellas solicitudes de licencias de demolición o transformación que afecten a la conservación del Conjunto Histórico, en los términos de la Orden CUL 3631/2009, son las que deberían, a nuestro juicio, denegarse”… “El Ayuntamiento de Valencia, debería estudiar individualmente cada licencia, para determinar en cada caso si la aplicación de la suspensión parcial del PEPRl permite o no la concesión de las mismas”.

5º. Conclusión, nada ha cambiado con las declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, en el fragor de ese acto electoral, se ha limitado a transcribir lo dicho en el Informe de la Abogacía del Estado, al decir que las licencias se darán “de manera rigurosa y caso a caso”, un procedimiento cuyo rigor  pasará por “analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del PEPRI sobre las mismas, y sólo posteriormente se deberían conceder o denegar aquéllas.”, justo lo que establece tercera y última conclusión del citado Informe, y por tanto si ahora se anuncia la posibilidad de concederlas, entendemos que no es más que un mensaje electoral, ante el callejón sin salida en el que se ha metido la Sra. Barberá.

Plataforma Salvem el Cabanyal i Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar