La capacidad de ensañamiento que viene demostrando el equipo del gobierno municipal de la ciudad de Valencia, en sus actuaciones administrativas contra los vecinos del Cabanyal que están en desacuerdo con su proyecto de destruir una parte importante de este barrio, parece no tener límites.
Hace apenas unos días la Alcaldesa Barberá decía que la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de la G.V. que pretendía dar cobertura legal al PEPRI del Cabanyal-Canyamelar, le imposibilitaba su labor de proseguir en su intención de regenerar el barrio, impidiéndole el otorgamiento de nuevas licencias de rehabilitación, llegando a poner el acento en la imposibilidad de proseguir con la rehabilitar el Casinet. Hoy sin embargo se autoconcede 31 licencias de derribo, de edificios que en muchos casos, ni siquiera son de propiedad municipal, sino que permanecen en manos de sus propietarios. Es el caso de los edificios que pretende derribar en la calle San Pedro.
A día de hoy, desde el punto de vista de esta Asociación de vecinos, las licencias de derribo concedidas resultarían ilegales, dado que la inmensa mayoría de los edificios que pretende derribar el Ayuntamiento, se encuentran incluidos en el catálogo de edificios protegidos del Plan General de 1988, que es el que marca la legalidad urbanística una vez suspendido el PEPRI. En el caso de aquellos edificios que no cuenten con ninguna protección, la concesión de la licencia de derribo debería ir acompañada del proyecto de la edificación sustitutoria, con el objeto de no generar nuevos solares, tal y como marca la Ley de Patrimonio Valenciana.
Cuestiones aparte, de lo que pueda suponer la legalidad de infringir la Orden Ministerial y la paralización impuesta por el Tribunal Constitucional, una vez más carece de todo sentido el intentar proseguir por esta senda de enfrentamiento con los vecinos y ahora con el Gobierno de España, precisamente en un momento en que desde este último se anuncia abertura de un proceso negociador y que incluso desde distintos sectores empresariales relacionados con el turismo y la hostelería se apuntan posibles soluciones para poner en valor el barrio aprovechando algunos de los valores que le reconoce su declaración como Conjunto Histórico Protegido.
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CABANYAL-CANYAMELAR
