La Plataforma y los vecinos del Cabanyal somos objeto de violencia por parte del Ayuntamiento y de la Delegación de Gobierno

La Plataforma Salvem el Cabanyal es un movimiento ciudadano para la defensa del patrimonio de todos, por medios legales, y que condena con firmeza la violencia.

Denunciamos que una vez mas hemos sido victimas de la dictadura del Partido Popular de Valencia, que intenta justificar los derribos en nuestro barrio, cuando estamos pendientes de un proceso judicial que, en poco tiempo, podría resolverse.

La Plataforma Salvem el Cabanyal esta desconcertada e indignada, tras 12 años de recursos judiciales y tras la sentencia del Tribunal Supremo y la Orden Ministerial, que suspende la ejecución del PEPRI, por expolio.

Está semana hemos tenido que ver como la policía local, a las ordenes del ayuntamiento y personalmente por el Concejal Domínguez, destruyen aceleradamente nuestro patrimonio,  y como la policía nacional a las ordenes de la Delegación de Gobierno nos agrede con brutalidad inusitada.

Nos sentimos abandonados por la Delegación y Sub Delegación del Gobierno de España que solo han defendido  las actitudes dictatoriales del PP al mandar los antidisturbios a proteger  la innecesaria decisión de los dictadores en lugar de proteger a los ciudadanos.

Lo que diferencia a una policía en un régimen democrático, a una policía en un régimen dictatorial, es la consideración que la policía tiene de la ciudadanía, de su integridad física y de sus derechos fundamentales. La policía nacional y municipal, hoy se han comportado como una policía dictatorial como se puede ver en todos los vídeos publicados por los medios de comunicación.

Estas son las razones por las que pedimos responsabilidades en la Delegación de Gobierno y del Ayuntamiento, por no saber administrar los recursos policiales de seguridad ciudadana que hemos puesto todos en sus manos. Por estas razones el Delegado del Gobierno y el Subdelegado deberían presentar inmediatamente su dimisión.

Por su parte el Partido Popular como partido antidemocrático, que lo es, no debería tener en sus manos la administración de los intereses generales.

El Partido Popular utiliza el poder que el sistema democrático pone en sus manos para satisfacer sus intereses particulares y sus compromisos con los grupos económicos que les financian ilegalmente para ayudarlos a perpetuarse en el poder.

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