Los “Salvem” y su futuro. Portes Obertes 2008

A partir de la consolidación de la Transición Política, habíamos vivido un largo período de debilitamiento de las Asociaciones de Vecinos, la forma de organización creada durante el final del franquismo para luchar por las necesidades de barrios y pueblos, y forzar la participación ciudadana en la gestión municipal . La gran oportunidad para discutir sobre el modelo de ciudad de forma participativa fue la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PGOU, 1984-1988), pero las decisiones clave quedaron en manos de técnicos, políticos y promotores, de manera que su redacción definitiva, y su aplicación práctica, fueron perdiendo casi todos sus rasgos progresistas iniciales. La aparición en la ciudad de Valencia, a partir de 1994, de colectivos ciudadanos de nuevo tipo, conocidos popularmente como “los Salvem”, ha supuesto un importante revulsivo para la recuperación del debate ciudadano en la ciudad de Valencia, y en todo el País Valenciano.

Las notas que siguen son una reflexión personal, a partir de la experiencia propia en varios de estos colectivos, y del intercambio de ideas con algunos compañeros. Se referirá principalmente a la ciudad de Valencia, con algunas generalizaciones o comentarios sobre otras realidades. No pretende sino ordenar nuestras ideas, y en todo caso promover el debate sobre una realidad social de creciente importancia.

Una novedad incómoda

Los “Salvem” fueron recibidos con sorpresa o desconfianza tanto por las Administraciones públicas como por algunos partidos políticos, e incluso desde ciertas organizaciones sociales progresistas. Algunos autores, que no vale la pena mencionar, han valorado estos movimientos como “inestables y mal jerarquizados, antipolíticos, perjudiciales para el juego político normal de la sociedad”, ya que alteran los procedimientos de decisión habituales, y aumentarían la desconfianza social hacia las instituciones democráticas. Su resistencia a ciertas transformaciones urbanísticas llevaban a decir de estos colectivos que eran “antiurbanos”.

Su protagonismo social ha sido rechazado o ignorado por el Ayuntamiento, que jamás ha entendido su carácter independiente, unitario, no partidista. Su presencia molesta es considerada como un instrumento de los partidos de la oposición, su apéndice callejero, y de esta manera no los acepta como interlocutor válido e independiente. Es cierto que, más recientemente, también personas vinculadas a algunos partidos tradicionales han impulsado plataformas para oponerse a proyectos municipales, bajo la etiqueta de “Salvem”. Pero esto no invalida el carácter independiente, autónomo, de la gran mayoría de los colectivos ciudadanos, ni su derecho a ser escuchados.

A los políticos les cuesta entender el carácter de estos colectivos, quizás porque no representan estrictamente los intereses (económicos o particulares) de las personas afectadas directamente por los proyectos, sino que incorporan con facilidad personas de otros barrios o ámbitos, que se sienten parte afectada. Se oponen a un proyecto por una visión de colectividad, por la defensa de una visión global de la ciudad, de un concepto de calidad de vida, de la conservación del patrimonio urbano… También son incómodos porque esos interlocutores no son fáciles de controlar o de llevar al terreno de la “paciencia”, de la espera de los trámites burocráticos y la confianza en la Administración. Algunas organizaciones tradicionales manifestaron al inicio una cierta desconfianza hacia los movimientos ciudadanos, porque consideran invadido su ámbito de “competencias”, sintiéndose desplazadas, o por una visión “patrimonialista” de la actividad social.

De dónde veníamos

No hay que olvidar que la principal misión de la dictadura franquista fue el arrasamiento de la sociedad civil, la eliminación de todo tipo de organización social, incluyendo el exterminio físico o el exilio de sus militantes más destacados. A lo largo de 40 años este trabajo fue metódicamente realizado, con todos los medios del Estado, de manera que el miedo, así como la desconfianza en la organización y en la lucha caló profundamente en nuestra sociedad. Solamente la aparición de nuevas generaciones, aún no escarmentadas y con ganas de luchar, junto al debilitamiento y la creciente ineficiencia de los aparatos represivos, permitió la penosa reconstrucción de un pequeño tejido social independiente (Asociaciones de Vecinos, sindicatos, partidos políticos…), que muchas veces tenía que infiltrarse o apoyarse en las únicas organizaciones permitidas: los sindicatos oficiales, el asociacionismo católico, colectivos profesionales. Con dificultades, sufriendo a veces un duro castigo, estas organizaciones tuvieron un papel importante (aunque frecuentemente silenciado) en la mejora de la vida de la gente trabajadora, y aceleraron el final del franquismo y la recuperación de la democracia.

La Transición política, con el restablecimiento del juego político democrático, y la creación de instituciones políticas (Ayuntamientos, Autonomías), y sociales (Sindicatos, Partidos legales) vaciaron de militantes y de protagonismo a las débiles organizaciones ciudadanas, como fue el caso de las Asociaciones de Vecinos. Algunos partidos políticos consideraban que el protagonismo social “normal” correspondía ya en exclusiva a las instituciones y partidos políticos, mientras que otros defendíamos la necesidad de mantener movimientos y organizaciones sociales independientes de dichas estructuras. La sociedad española, por el miedo o la amnesia forzada, no lo olvidemos, tampoco sentía mucha necesidad de participar en esas organizaciones sociales, y se prestó encantada al juego de “yo te voto, tú me solucionas los problemas, yo no me preocupo de nada”.

Al final, el balance fue desolador para las Asociaciones o movimientos ciudadanos, que con tanta dificultad se construyeron bajo el franquismo: el drenaje de militantes ciudadanos incorporados a partidos, administraciones o nuevos colectivos sociales, junto al desencanto social debido a las expectativas frustradas. Los recortes sociales llevados a cabo por los partidos de izquierda en el poder, y el cansancio de la generación que luchó bajo el franquismo (con escaso relevo generacional) contribuyeron a una gran desmoralización y desmovilización, y también a la fuerte abstención electoral que permitió el triunfo del PP.

Esta situación empieza a cambiar desde mediados de los años 90, cuando se produce una confluencia de diversas circunstancias. Por una parte, la creciente desconfianza hacia la bondad de muchos proyectos públicos, por una mayor conciencia ambiental, hace a la sociedad más receptiva ante planteamientos críticos. La pérdida de poder institucional de la izquierda, sustituida por el PP, y los recortes de libertades y derechos sociales consiguientes, así como los agresivos proyectos urbanizadores o de infraestructuras que éste partido impulsa o tolera, provoca mayores reacciones sociales. La creciente permeabilidad de la sociedad española hacia a las corrientes de pensamiento crítico y emancipatorio mundiales, como los movimientos antiglobalización o contra la guerra de Irak, provoca el incipiente despertar al compromiso social de una nueva generación de jóvenes. Gente luchadora que seguía activa (o que se reincorpora a la actividad social), aporta su experiencia y su capacidad. Todo este conjunto de factores, posiblemente, han contribuido a que aparezcan nuevas organizaciones, nuevas formas de lucha, nuevas perspectivas de participación, que han renovado y relanzado el Movimiento Ciudadano.

El ejemplo cunde

A todo lo largo del País Valenciano (como en toda España) han proliferado en los últimos años los movimientos (urbanos y rurales) de defensa del territorio. De hecho, en la última década se han multiplicado las agresiones contra el patrimonio natural, el medio urbano, o la calidad de vida, consentidas o impulsadas desde las instituciones. La experiencia de “Salvem el Botànic”, de Valencia (desde 1994), creó pronto escuela, y se extendió por todo el país, en multitud de “Salvem”, Plataformas o Coordinadoras ciudadanas, agrupando a colectivos, organizaciones, personas a título individual y en ocasiones incluso instituciones (como Corporaciones Locales).

Algunos de estos colectivos (gracias al apoyo de profesionales y de jóvenes voluntarios entusiastas) han organizado convocatorias de manifestaciones, de concentraciones, etc. con gran impacto. Sus imaginativas acciones e iniciativas han conseguido mantener el interés de la prensa, a pesar de la tendencia de ésta a ignorar los temas cuando pasa algún tiempo. Se ha conseguido explotar las contradicciones entre los políticos de las diversas administraciones, y ganar el apoyo de instituciones, que normalmente estaban al margen de estas polémicas ciudadanas: la Universidad, el Consell Valencià de Cultura. La elaboración de manera clara e impactante de materiales explicativos de los problemas y de las alternativas, han contribuido de manera muy significativa a la receptividad social y al éxito de las movilizaciones.

Después de “Salvem el Botànic” (1994), nuevos colectivos han surgido en diversos barrios de la ciudad de Valencia, con diferente éxito. “Salvem el Pouet” , en Campanar (1996), “Defensem La Punta”, “Salvem el Cabanyal”(1998), “L’Atzucac” (1998), “Salvem Russafa” (1998),” Salvem L’Horta de Benimaclet” (2001)…como consecuencia de otras agresiones urbanísticas, pero también de iniciativas culturales nefastas o de la mala gestión de instituciones públicas (“Amics del IVAM…”). Muchos colectivos han fracasado, han tenido menos éxito, o una actividad más efímera, mientras que otros han conseguido éxitos, o continúan una lucha difícil pero aún no resuelta. Pero el camino está marcado, y en la ciudad de Valencia y su comarca cualquier grupo de afectados o implicados en un problema sabe ya que tienen derecho y posibilidad de organizarse para afrontarlo.

Las organizaciones tipo “Salvem” se han extendido por todo el territorio valenciano, como consecuencia del “boom” (otros le dicen Tsunami) urbanístico de la última década. La cultura del “pelotazo”, los planes urbanísticos (generalmente en suelo no urbanizable), los famosos PAI, los proyectos de infraestructuras viarias o energéticas que les dan soporte (línea de Alta Tensión por la Valldigna…)… son enfrentados por una “nueva cultura del territorio”. Bajo el paraguas de “Compromís pel Territori” más de un centenar de colectivos de todo tipo y de todas las comarcas participaron en las manifestaciones convocadas entre 2003 y 2006. Contra proyectos especuladores en Alacant, Castelló, Altea, Calp, Llíria, Náquera, Alcoi…; contra instalaciones de tratamiento de residuos en la Hoya de Bunyol, en Real de Montroi, en comarcas de Castelló…; organizaciones temáticas como las Plataformas “Tren si, AVE no”, o “Per l’Horta”… En otros territorios españoles se produce también este fenómeno (Catalunya, Illes Balears, Canarias, Andalucía…), aunque sin alcanzar la extensión y el eco de las movilizaciones valencianas, quizás precisamente por el número y la gravedad de las agresiones que sufrimos aquí.

Los “Salvem” y las organizaciones tradicionales

Sobre todo al inicio, la relación de los “Salvem” con los movimientos tradicionales (Asociaciones de Vecinos, Federación de AV, grupos Ecologistas, Partidos…) estuvo marcada por unas ciertas desconfianzas por parte de estos últimos, que consideraban “invadida” su área propia de actividad. Algunos parecían celosos de los éxitos movilizadores de los nuevos colectivos, que contrastaban con la relativa parálisis de la mayoría de los movimientos tradicionales. No acababan de asimilar el papel de los nuevos colectivos, a los que criticaban por ser “efímeros” y “monotemáticos”, oponiendo la estabilidad asociativa y la amplitud de perspectiva de los movimientos ecologista y vecinal tradicional, o la representatividad política de los partidos. La situación ha cambiado bastante a lo largo del tiempo, aumentando el respeto y la colaboración entre organizaciones de distinto tipo.

Aunque los “Salvem” participan parcialmente de los objetivos de otros colectivos, no cumplen las mismas funciones, ni tienen porqué entrar en competencia. Las Asociaciones de Vecinos, el Movimiento Ecologista, las Asociaciones de Consumidores, jubilados, etc., son organizaciones efectivamente más estables, con una estructura permanente que les da continuidad a lo largo del tiempo, pero les crea un importante problema, ya que las tareas organizativas, la necesidad de mantener un local, y el problema de la financiación, la caza de miserables subvenciones… les ocupa mucho tiempo y energías.

Los colectivos de nuevo tipo, en cambio, son más espontáneos, sin dependencias financieras para mantener infraestructuras, secretarios, locales… sin tener que plantearse el recurso a las subvenciones públicas, siempre incómodas y contradictorias. Los recursos económicos vienen de la venta de materiales, de las aportaciones de los simpatizantes, y también de la colaboración de las organizaciones estables. Prácticamente la totalidad de los ingresos se dedican a las actividades y a la propaganda. Evidentemente, muchos miembros de los nuevos colectivos han participado en otras organizaciones, y siguen siendo miembros de las mismas. Su formación y su ideología participa de las entidades tradicionales, con las cuales tienen lazos personales que les permiten ampliar las convocatorias para las movilizaciones. Los nuevos colectivos se reúnen frecuentemente en los locales de estas entidades asociativas o culturales.

No debería haber, por tanto, una relación de competencia sino de complementariedad. Las organizaciones tradicionales pueden cumplir unas tareas insustituibles, estables, a largo plazo, pero por diversas razones no están en condiciones de movilizar y llegar a la opinión pública de la misma manera, con la originalidad, con la garra de los nuevos colectivos. Y, aunque sería deseable, no tienen capacidad para recoger a los sectores jóvenes, que tienen grandes reparos para entrar en las organizaciones clásicas, pero no tienen en cambio los mismos inconvenientes para participar o colaborar con movimientos no tan estructurados.

Intereses propios, intereses ciudadanos

Muchas de las movilizaciones ciudadanas han sido defensivas, evidentemente, contra los efectos de nuevos proyectos urbanísticos o de infraestructuras. En muchos casos las respuestas se producen cuando los proyectos están ya muy avanzados, a punto de ser irreversibles, y con el tiempo justo para decir: ”esto no” o “aquí no”. Pero en otras ocasiones no se limitan a oponerse a un proyecto concreto, negando “la ciudad que no queremos”, sino que también avanzan ideas nuevas, alternativas a los proyectos oficiales, ideas de “la ciudad que queremos”. En definitiva, imponen la participación ciudadana allí donde no se esperaba, donde no se quería. Son, más que nunca anteriormente, luchas ciudadanas, no sólo luchas “de barrio”.

Nuevos métodos, nuevas formas organizativas

El tipo de colectivo, el tipo de funcionamiento, también tiene mucho que ver con el éxito de estas iniciativas ciudadanas. Participan en ellos personas vinculadas a partidos o colectivos de tipo político, pero que coexisten sin problemas con la gente no vinculada a ningún partido (que son la mayoría), porque desde el principio esta clara la independencia respecto a las instancias políticas. Esta independencia permite un trabajo no sectario, donde las relaciones con las instituciones o los partidos políticos no están lastradas por posicionamientos o descalificaciones a priori, y atrae simpatías y colaboraciones de muchos sectores diferentes.

Hay un reparto consensuado de tareas, donde se aprovechan los conocimientos de las personas más cualificadas, pero sin producirse la división “dirigentes – dirigidos”. Hay tareas nuevas, o que no corresponden a ninguna especialización, donde la participación es general. Las relaciones personales fluidas, la calidad del trato humano y la confianza mutua, fruto y condición previa de un trabajo tan continuado, son también una característica general de estos colectivos.

Para tener éxito, el trabajo de estos colectivos ha de desarrollarse de manera paralela a cuatro niveles: la información y movilización ciudadanas; el estudio técnico y jurídico, con la ayuda de expertos; los contactos políticos e institucionales; y la “generación” de noticias de prensa. Los medios de comunicación, no acaba de darle importancia a los planteamientos ciudadanos, y pasada la etapa inicial de la novedad del tema, tiene tendencia a marginarlos, por lo que las acciones tienen que ser siempre nuevas e imaginativas. Parece que la espectacularidad tiene más importancia que el peso de los argumentos. Es la sociedad del espectáculo. En otras ocasiones, los editorialistas se permiten criticarles por la firmeza (dicen “rigidez”) de sus reivindicaciones, y acaban deseando que el tema sea recuperado y gestionado por los agentes sociales “de siempre”.

La relación con la Administración

Las dificultades para el diálogo con las autoridades son, en todo caso, muy grandes, produciéndose frecuentemente una fuerte desproporción entre la importancia y masividad de las movilizaciones, y la poca disposición al diálogo de la Administración. No es, normalmente, por parte de los “Salvem” donde existe un rechazo al diálogo o a la mediación política, sino por parte de las autoridades, reacias a abrir procesos de participación o a plantearse siquiera reconsiderar los proyectos.

En muchas ocasiones, un gran esfuerzo organizativo, propositivo y de movilización no consigue hacer cambiar decisiones ya tomadas, ni siquiera incorporar propuestas parciales, o (lo que es todavía más grave) ni siquiera conseguir una reunión para poder ser escuchados. Este es el momento en que la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no se ha reunido con ninguno de los colectivos, a pesar de reiteradas peticiones de los mismos. ¿Puede quejarse de que los afectados por la prolongación de Blasco Ibáñez la persiguieran con “caceroladas” por toda la ciudad?. La respuesta de la Alcaldesa ha sido la imposición de un principio de autoridad mal entendido, la amenaza de seguir adelante cueste lo que cueste, aunque su Ayuntamiento este endeudado hasta las cejas, y la iniciativa privada haya huido de un proyecto que, aunque aparece inviable financieramente. Pero tiene ya en su haber la degradación de parte del barrio, y haber provocado demasiado esfuerzo personal, demasiados disgustos, mucho sufrimiento.

Victorias, fracasos, y éxitos parciales

Los “Salvem” han conseguido algunos éxitos, pero también muchos fracasos. Sin duda han cometido errores, y han recibido muchas críticas por ello, bastantes veces excesivas. Se destaca su carácter temporal, “efímero”, para descalificarlos, oponiéndolo a la estabilidad y continuidad de las organizaciones tradicionales. Se olvida que las organizaciones permanentes tampoco están siempre a pleno funcionamiento, que como todo ser vivo tienen períodos de mucha actividad, y otras de letargo, que muchas de ellas sobreviven algunos períodos sólo en teoría, aunque sin actuar realmente.

Es cierto que, en muchos casos, la función del colectivo está vinculada a la vida del proyecto, y por lo tanto un éxito (ejecución) como un fracaso (realización), o simplemente su paralización, producen la disolución del grupo. Su continuidad, sin embargo, depende mucho también del ánimo y del grado de cohesión de sus componentes. ¿Podemos hablar de “efímeros” refiriéndonos a colectivos que siguen al pié del cañón 14 años (Salvem el Botànic) o 10 (Salvem el Cabanyal)?.

A estos colectivos se les exige más de lo que pueden hacer, ya que dependen del tiempo libre y de los recursos personales de sus componentes, siempre con medios escasos, y no siempre con disponibilidad de profesionales desinteresados entre sus filas, lo que les veda el acceso a recursos legales o técnicos.

Hay experiencias que parecen un fracaso, pero que acaban consiguiendo que se incorporen parcialmente sus planteamientos. “Salvem el Pouet” se oponía en 1996 a un macroproyecto urbanizador que suponía la demolición de un conjunto de alquerías de la huerta de Campanar, algunas muy antiguas. No consiguió paralizar las obras en marcha, debido a diversas razones: el tratarse de un proyecto urbanístico ya muy avanzado, el ser un colectivo reducido, las pocas familias afectadas, el aislamiento respecto al barrio de Campanar, la impunidad de las actuaciones de las empresas (con derribos no autorizados judicialmente)… Pero sirvió para que en la segunda fase de la urbanización se rectificara el proyecto para conservar un buen número de alquerías, algunas de ellas integradas como servicios o equipamientos.

Aunque no siempre se consigue parar proyectos, o modificarlos, su función principal ya se ha conseguido: llegar a la gente (afectados o no), movilizarlos, hacer reflexionar sobre las propuestas públicas, su función y su utilidad, sobre el modelo de ciudad, reanimar las ganas de luchar, de defender ideas, de pensar colectivamente, de implicarse… No hay que olvidar que el peor enemigo de un colectivo ciudadano es la indiferencia o el individualismo de la gente, impregnados primero por el miedo del franquismo, y luego por la política-espectáculo al estilo norteamericano, que favorece a, y es favorecida por, los grandes partidos.

Política, justicia, participación

La debilidad de la sociedad civil, y sus limitaciones no son, de todas formas, las principales responsables del posible fracaso de los colectivos ciudadanos. La principal responsabilidad recae sobre el rechazo a la participación por parte de los grandes Partidos y las Administraciones que éstos controlan. “Lo que hacemos es democrático, porque nos han elegido democráticamente”, eso lo hemos oído en diferentes ocasiones, a políticos de distinto signo. Estamos hablando de las carencias participativas de nuestra Democracia representativa, que pretende gobernar sin dar explicaciones ni aceptar críticas, limitando su actividad democrática a los ritualizados trámites y debates parlamentarios, donde en definitiva la correlación de fuerzas marcada por los votos ya determina los resultados a priori.

Hay que señalar también la impermeabilidad de las estructuras burocráticas y de gobierno, la inaccesibilidad de los cuerpos de funcionarios a consultas y rectificaciones, acostumbrados a actuar a su gusto, en ocasiones sin control político. También hay que destacar la lentitud de la Justicia y la misma falta de cultura ambiental de los jueces, su apoyo total a la Administración, a la que atribuyen casi siempre la presunción de razón en sus actuaciones, y por consiguiente no aplicando casi nunca el principio de prudencia y la paralización cautelar.

La lucha de las vecinas y vecinos de La Punta (1993-2003), zona de huerta calificada como “de especial protección” por el Plan General de Valencia, terminó con la derrota del movimiento ciudadano (aunque los supervivientes siguen vinculados y luchando), la “deportación” y dispersión de los residentes, y la destrucción física de la zona. El Puerto Autónomo de Valencia decidió que ahí debía de ir una ZAL (Zona de Actividades Logísticas), y la Generalitat Valenciana (PSOE) le allanó el camino creando una extraña figura jurídica (“reserva de suelo”), para que el Ayuntamiento del PP pudiera más tarde recalificar. Se expropió y expulsó a los residentes (200 familias), con un amplio despliegue policial y uso de la fuerza. Una alucinante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana daba cobertura legal al atropello: los vertidos y parques de contenedores ilegales (relacionados con el Puerto y tolerados por el Ayuntamiento) habían degradado ya la zona, por lo que había perdido los valores que en su momento motivaron su protección. Moraleja: si degradas una zona legalmente protegida, y nadie lo impide, podrás recalificarla más tarde con toda impunidad. Por cierto: 5 años después la ZAL todavía no tiene ninguna actividad.

En definitiva, estamos hablando de la insuficiencia de nuestra cultura democrática. En otros países de Europa, y también en Canadá o en los Estados Unidos, movilizaciones mucho más pequeñas que las nuestras han conseguido mayores resultados, con menor coste. En los Estados Unidos, en los años 60-70, una serie de iniciativas promovidas por urbanistas o colectivos ciudadanos consiguió paralizar el plan de autovías del Gobierno Federal (lo que se conoce como la “Freeway Revolt”). Como consecuencia, los funcionarios de transporte empezaron a investigar técnicas y sistemas para mejorar el transporte, sin necesidad de construir nuevo viario, e incluso se pusieron en marcha importantes sistemas de transporte público. Por la misma época (1978), en la comarca de l’Horta Nord se frenó un proyecto de autovía, el denominado III Cinturón de Ronda, pero dicho proyecto ha vuelto a reaparecer con asombrosa regularidad cada 10 años, con diversos nombres: 1988 como Corredor Comarcal, de nuevo en 1998, y este año de 2008 la comarca está de nuevo movilizada contra otro proyecto muy próximo, la Via Parc Nord. Aquí no ha habido aprendizaje por parte de la Administración, ni cambios de política.

Se trata de un tema que la transición política dejó a medias: se consiguió una democracia representativa (podemos votar), pero se niega la democracia participativa. Lo que está pendiente en nuestro país es una ampliación de la cultura democrática, la ampliación de la democracia, la potenciación de la democracia participativa. La existencia en España de leyes introducidas a partir de Directivas europeas (derecho al acceso a la información, obligación de introducir procedimientos de consulta, incluso previos a la redacción de los planes y proyectos) no ha producido resultados apreciables. Las Administraciones ignoran o burlan estas leyes (este es el momento en que los colectivos que se oponen al nuevo circuito de Fórmula 1 aún no han recibido información sobre el proyecto, solicitada desde hace un año). Y la mayoría de los jueces tampoco parecen darles demasiada importancia.

Los Salvem van a seguir siendo parte del paisaje

Alguna gente, insistiendo en el carácter “efímero” de los colectivos tipo “Salvem”, habían sentenciado su carácter de “anomalía” y su desaparición cuando la política “real” recupere la centralidad. Otros, en cambio, vimos en esta eclosión crítica un esperanzador síntoma de normalización democrática. Como nos suele ocurrir en España, por el aislamiento respecto a las tradiciones europeas, estamos reinventando lo ya inventado. Este tipo de colectivos son, en definitiva, una forma de organización y movilización habitual desde hace mucho tiempo en países con más larga trayectoria democrática y mayor sociedad civil, que no contradicen sino que enriquecen el papel de las organizaciones más estables y de la política institucional. Se encuentran colectivos así en todos los países, como en Alemania (las “Burger Iniciativen”: Iniciativas Ciudadanas), los “Comitati di cittadini” italianos, o con nombres semejantes en muchos otros países.

Se trata de dar respuesta a proyectos privados o públicos desde una perspectiva independiente, oponerse, aportar críticas, exigir actuaciones, promover iniciativas… Según el grado de madurez de estas sociedades, del talante de los políticos y del acierto de los colectivos, tienen mayor o menor incidencia, pero son recibidos con normalidad. En ocasiones, los Ayuntamientos proporcionan locales sociales (“Hoteles de entidades”) para ellos, e incluso en la legislación de algunos países se contemplan fondos en los proyectos para favorecer la participación y subvencionar estudios profesionales independientes.

En nuestra sociedad, son cada vez más las personas que sienten insatisfacción por la política institucional, que contemplan con desencanto la prioridad concedida por los partidos a la política electoralista, con poca o nula finalidad de transformación social, y se acercan con interés a los colectivos que plantean alternativas y proyectos nuevos. No sólo son sectores más críticos o alternativos: muchas propuestas de “recuperación de la ciudad” y de oposición a los proyectos especulativos o destructivos son compartidos por personas de diversos espectros ideológicos, que nunca se comprometerán con partidos alejados de su ideología, pero que apoyarán sin problemas las campañas de los “Salvem”.

Por todas estas razones, es previsible y deseable que los movimientos sociales de defensa del territorio y de la calidad de vida urbana, los colectivos del tipo “Salvem…” continúen teniendo un papel importante en nuestra sociedad. Y ello no invalidará otros tipos de trabajo, ni supone un obstáculo para la consolidación de las organizaciones estables. Al contrario, suponen un síntoma de maduración social, de una mayor complejidad de la sociedad, que permitirá superar los graves problemas de intercomunicación social, de falta de participación en las decisiones, que caracterizaba el franquismo y sus secuelas. Estamos todavía en una etapa de transición desde la dictadura a una democracia satisfactoria. En definitiva, se trata de profundizar la democracia, de hacer posible una sociedad más participativa, y por tanto, necesariamente, más crítica.

Vicente Torres Castejón

Etiquetas: