El juzgado obliga al ayuntamiento a reparar los edificios del Cabanyal que intentó derruir
La empresa municipal Aumsa deberá reparar los desperfectos que ella misma realizó en dos edificios de su propiedad del barrio de El Cabanyal, según consta en un auto del juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Valencia del 21 de julio hecho público ayer por el abogado de la plataforma Salvem El Cabanyal, José Luis Ramos.
Laura Ballester, Valencia
La magistrada adopta esta medida cautelar que ha sido solicitada por los representantes legales de la plataforma para evitar que estas viviendas semiderruídas acaben siendo un foco de degradación del barrio. La jueza aún debe dictar sentencia sobre las licencias de derribo que concedió el ayuntamiento a Aumsa para demoler las viviendas que ha ido comprando la empresa municipal y que están afectadas por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Respecto a las dos viviendas que se pretendió derribar la jueza ha ordenado unas «medidas de restauración y aseguramiento propuestas en las conclusiones del informe pericial del arquitecto Vicente Gallart». En el edificio de la calle Escalante 198, el auto judicial ordena «evacuar el escombro acumulado en el interior y a cubrir el tejado desmontado con suficientes garantías para que no penetre el agua de lluvia en su interior y respecto del edificio». En Progreso 181, Aumsa deberá ejecutar la «retirada de escombros acumulados en su interior y cerrar las diversas ventanas y puertas balconeras y han quedado abiertas, así como el tapado de la puerta de la planta baja en la calle Amparo Guillem 7 para impedir su acceso al interior».
Garantizar la seguridad de menores
Se trata así de evitar «el estado de abandono, por parte de sus propietarios [Aumsa], en que han quedado ambos edificios y que acabará propiciando su ruina y la de los edificios colindantes» y el riesgo «por la gran presencia de niños en horario escolar».
Por la tarde, el ayuntamiento respondió a esta información que el auto no le obliga a restaurar los edificios y que las reparaciones para garantizar la seguridad, a las que no se opone, son «ajenas a las licencias de derribo».
Archivan la querella de Grau y el PSPV pide que pague las costas
El juzgado de instrucción número 10 de Valencia ha
archivado la querella que el concejal de Grandes Proyectos y vicepresidente de
Aumsa, Alfonso Grau, presentó el 18 de mayo contra el miembro de la plataforma
Salvem el Cabanyal,
Faustino Villora, y diez okupas que se oponían a los derribos del Cabanyal.
Grau los acusaba de supuestos delitos de usurpación y coacciones, ejercidas con
«violencia», según Grau, por introducirse en una de las casas, hacer salir a
los operarios de la contrata de derribo y colgar una pancarta.
«En el auto de archivo de la denuncia no se deduce
ni siquiera la comisión de una falta. Nos entró risa al ver lo que alegaba
porque las pruebas que aportaba eran los recortes de prensa», aseguró el
letrado José Luis Ramos, quien lanzó cuatro preguntas a Alfonso Grau. «Tras
presentar la acusación penal que no se fundamenta y que era una denuncia
caprichosa, los gastos procesales que ha generado en nombre de Aumsa, ¿los va a
asumir personalmente?»; el abogado recordó que tras paralizarse las obras por
el juzgado el ayuntamiento solicitaba un millón de euros de indemnización -no
detallada ni justificados sus conceptos- y Aumsa otros 60.000, «si es cierto
este perjuicio, deberían asumir ellos estos costes».
Y el resto de gastos -como los que generará las
reparaciones- «provocados por una actividad ilegal [los derribos] ¿los asumirán
ellos [los concejales del PP] o los pagaremos todos?». «Alfonso Grau debería
asumir los costes de la querella caprichosa que ha presentado. Y los costes de
restaurar los edificios que los asuma el Partido Popular», apuntó el concejal
socialista, Francisco Carsí quien, junto a la edil de EU, Victoria González,
fueron duramente criticados por Grau el día en que se paralizaron los derribos,
«por defender la actuación y que no hubo violencia».
Al respecto, González aseguró ayer que el auto
demuestra que «los derribos eran ilegales, tal como sostuvimos en su momento, y
por eso intentamos paralizarlo y conseguimos que se siguieran derribando». Y
añadió: «Espero que mande a las brigadas para reparar los edificios lo antes
posible y que actúe más rápidamente que actuó ayer [en referencia al lunes,
durante la muerte de una mujer en la playa atropellada por una máquina]. Carsí
defendió que ha llegado «el momento de dialogar para salvar El Cabanyal».
Fuentes municipales aseguraron ayer que el ayuntamiento acatará la, como no puede ser de otra manera y como siempre lo hace, la medida judicial» y acusó al PSPV, EU y a los Salvem de «ofrecer una interpretación que nada tiene que ver con a realidad».
Gaviotas sobre el Cabanyal
RAFA ESTEVE-CASANOVA
De Valencia se ha dicho que siempre ha vivido de
espaldas al mar. Para mí éste es un tópico más de los muchos con los que los
valencianos hemos sido adornados. Aunque la verdad es que a muchos de mis
conciudadanos, al estar alejada la fachada marítima un par de kilómetros del
centro de la ciudad, les ha parecido, alguna que otra vez, que les quedaba
alejado el viejo Mediterráneo. Ahora nuestra alcaldesa, Rita Barberá, después
de ir casi mendigando por diversas instituciones internacionales que nos
hicieran la merced de otorgarnos la organización de algún evento deportivo o
cultural, ha conseguido que, eso sí mediante el correspondiente pago, nos dejen
ver, a la mayoría desde la lejanía de las playas, los veleros de la Copa del
América. Lo que no se consiguió con las peticiones de capital cultural, Juegos
del Mediterráneo o campeonato europeo de atletismo se ha logrado trayendo hasta
Valencia la copa de las cien guineas y de repente todos nos hemos hecho
aficionados a la vela como si el tener un velero y navegar estuviera al alcance
de cualquier bolsillo de mero currante.
La alcaldesa de la ciudad ha visto el cielo
abierto con esta concesión de la franquicia de los barquitos. Desde el 24 de
julio de 1998, fecha en que se aprobó con los únicos votos del Partido Popular
la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar viene peleando con
los vecinos del Cabanyal
que se resisten a abandonar sus viviendas para dejar el paso libre a la
especulación en un barrio que se ha visto degradado día a día con la
complicidad de nuestras autoridades municipales. Ahora con la excusa de llevar
adelante el saneamiento de la fachada marítima, pues hay que causar buena
impresión a las decenas de visitantes que, según dicen, nos visitarán, ya
pueden entrar los bulldozers a saco en las viejas calles del antiguo Poble Nou
de la Mar, nombre del viejo barrio del Cabanyal
hasta 1897, año en que fue incorporado a Valencia.
Pero los vecinos no están dispuestos a que
desaparezcan de la trama urbana del barrio más de 1.600 viviendas y se han
organizado, desde abril del 1998, en una plataforma denominada Salvem el Cabanyal
que lleva ya más de siete años luchando por salvar sus casas y también una
parte de la historia de esta ciudad. El barrio, formado en su mayoría por casas
de una o dos alturas, cuenta con muchos edificios modernistas, con viejas
fachadas de azulejos y con edificios tan emblemáticos como la Casa del Bous o
la Llotja de pescadors destinados con este planeamiento municipal a la
desaparición. La estrategia municipal ha sido la de no otorgar durante todo
este tiempo licencias de obra para efectuar reparaciones en las viviendas y de
este modo conseguir que los vecinos fueron abandonándolas mientras el barrio
iba degradándose día a día. Ello haría más fácil la ocupación. Estamos ante una
calculada operación de acoso y derribo para dividir a un barrio en dos mitades
y conseguir, incluso vía expropiación, solares para la entrada de la
especulación del ladrillo.
Los vecinos, amparados en el paraguas del Salvem
han luchado denodadamente contra el dragón municipal y cual nuevo San Jordí van ganando batallas día a día. Manifestaciones,
caceroladas, abucheos a la alcaldesa cuando ha acudido en Semana Santa a
presidir procesiones -es una de las cosas que más le gustan-, exposiciones
artísticas dentro de las viviendas condenadas a la piqueta y, no podía faltar,
el recurso a los tribunales de Justicia denunciando la ilegalidad de una
disposición que intenta arrasar un barrio que desde 1993 tiene la calificación
de BIC (Bien de Interés Cultural). Ahora la justicia comienza a darles la
razón, a finales del pasado Junio la juez del juzgado de lo
contencioso-administrativo nº 2 de Valencia ha dictaminado que la empresa
municipal Aumsa propietaria de dos edificios en las calles Progreso y Escalante
y que ya habían comenzado a derribar los restituya a su estado original, es
decir los sanee de escombros y, en uno de ellos, vuelva a colocar el tejado
desaparecido para evitar su degradación y el peligro de ruina de los edificios
colindantes.
Los salvem han proliferado en Valencia. Cuando la ciudadanía observa que los políticos, que están para defender el bien común, tan sólo se dedican a defender a unos pocos privilegiados crea estas plataformas de defensa ciudadana y ya están empezando a dar sus frutos. Hace unas semanas se consiguió que al lado de nuestro precioso jardín Botánico no se levante, en su volumetría original, un edificio cuyas alturas impedirían que el sol y el aire llegaran a los centenarios árboles que lo forman. Ahora Salvem el Cabanyal comienza a recoger también sus frutos. Esperemos que el viejo Poble Nou de la Mar siga siendo aquel barrio por donde poder pasear extasiándose ante sus viejas fachadas modernistas, haciendo parada en cualquiera de sus bares para tomar unas clochinas o un poco de pulpo seco junto con un capellanet y donde el aire del pueblo todavía impregna sus calles. La cultura de un pueblo no está tan sólo en los libros, también son cultura sus calles, sus casas, sus gentes y hasta su gastronomía. Pero, al parecer, al Partido Popular sólo le interesa la cultura del pelotazo y la especulación. Gaviotas carroñeras sobrevuelan las viejas calles del Cabanyal.
Una promotora obtiene 763.000 euros al vender un solar municipal por el que pagó la mitad
Valencia Constitución obtuvo 763.186 euros por la venta para viviendas de renta libre de un solar municipal que el ayuntamiento permutó por dos casas del Cabanyal y valoró en 389.721 euros. El «pelotazo» se consumó en apenas cinco meses.
H. García, Valencia
La controvertida polémica que se generó hace tres años
por la permuta de dos viejas viviendas del Cabanyal
por un solar municipal edificable en San Isidro para ampliar el Museo de la
Semana Santa Marinera se reabre. El portavoz del PSPV, Rafael Rubio, reveló
ayer que la empresa Valencia Constitución S.L., propietaria del solar municipal
permutado, lo vendió en julio de 2002 -cinco meses después de aprobarse la
permuta- por 763.186 euros, el doble de lo que pagó.
La constructora obtuvo así 373.465 euros limpios
en una operación de permuta en la cual aportó las viviendas del Cabanyal,
que se valoraron en 243.650 euros -el precio que Valencia Constitución aseguró
pagar por ellas- y 146.000 euros en metálico. En su día la valoración de las
casas del Cabanyal
-cuyo valor catastral era de 14.400 euros- fue considerada excesiva por los
técnicos municipales.
El portavoz de los socialistas no sólo acusó a la
alcaldesa de «dar trato de favor a determinadas empresas» a costa del
patrimonio público sino que apuntó a que los dueños de Valencia Constitución «o
son muy inteligentes o tenían muy buena información sobre lo que iba a pasar
con las viviendas del Cabanyal».
La constructora adquirió las dos casas (calle del Rosario número 5 y 7) el 1 de
marzo de 2001, tres meses antes de que el concejal de Grandes Proyectos,
Alfonso Grau, propusiera la compra de ambas para anexionarlas al Museo de la
Semana Santa con objeto de ampliarlo.
Rubio se preguntó ayer «por qué si había que ampliar
el museo no se grafió como servicio público las viviendas cuando se aprobó el
plan especial». El plan especial del Cabanyal
se aprobó en mayo de 2001. De este modo, las viviendas podrían haber sido
expropiadas sin sacrificar el suelo municipal en el barrio de San Isidro.
Según Rubio la parcela municipal de San Isidro se
valoró con el precio de referencia del módulo de la vivienda protegida (VPO),
si bien la permuta no se condicionó a la construcción de VPO. Así, la
constructora vendió en julio de 2002 la parcela de San Isidro a Inmobelsa, que
está construyendo viviendas renta libre en los solares anexos a la antigua parcela
municipal.
«En esta ciudad cuando se tiene buena información
se pega un buen pelotazo y eso lo hacen los espabilados que saben las
intenciones del equipo de gobierno», declaró Rubio. El socialista animó a la
alcaldesa Rita Barberá a «organizar un master en economía para explicar cómo se
pueden hacer negocios sin arriesgar nada». «Esto ya ha ocurrido en la
Tabacalera», añadió Rubio, quien recordó que Valencia Constitución ya intervino
en el polémico PAI de Fuente de San Luis, del que se retiró tras llegar, según
apunta el PSPV, a un acuerdo con las otras empresas.
Alfonso Grau respondió ayer a Rubio y aseguró que
la referencia en la valoración del solar municipal no fueron los precios de VPO
sino el inventario municipal. De referirse al inventario de 1998 supondría un
valor todavía inferior al de la VPO. Grau, que no refutó las cifras aportadas
por el PSPV, acusó a Rubio de tergiversar y aunque no quiso aludir al término
pelotazo, dijo que Rubio «miente al decir que la permuta fue irregular». Grau
aseguró que Valencia Constitución no eligió la parcela municipal de José Andreu
Alabarta sino que se la ofrecieron entre otras sin precisar cuántas ni dónde.
Este diario intentó sin éxito hablar con Jaime Febrer Rovira, administrador de
Valencia Constitución.
Rubio pide a la sociedad civil que se plante ante los abusos de poder y los pelotazos
El PSPV emplaza a Barberá a que investigue en su entorno político más próximo
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de
Valencia, Rafael Rubio, llamó ayer a las asociaciones vecinales, organizaciones
civiles y a los valencianos en general a plantarse ante los pelotazos
urbanísticos y los claros abusos de poder. Rubio, que acusó a Rita Barberá de
dar la callada por respuesta ante las denuncias documentadas de los
socialistas, emplazó a la alcaldesa a «que investigue en su entorno político
más próximo todas las circunstancias en las que se producen los continuos
pelotazos urbanísticos». El jefe de la oposición le sugirió asimismo que «se
asegure de ver quién saca provecho de los mismos».
El socialista hizo estas declaraciones tras
denunciar este miércoles que una promotora (Valencia Constitución) había
vendido un solar municipal en San Isidro permutado al consistorio por dos casas
del Cabanyal
destinadas a ampliar el Museo de la Semana Santa por el doble de lo que le
costó.
Este último pelotazo, donde Rubio apunta que hubo
información privilegiada se añade a otras permutas no menos polémicas como la
de la fábrica de la Tabacalera. En ambos casos, los socialistas aseguran que
las empresas implicadas han obtenido pingües beneficios a costa del patrimonio
público.
Rubio consideró «incomprensible e inmoral
políticamente» que la alcaldesa «calle y se esconda ante la evidencia de
operaciones dudosas que siempre repercuten en beneficio de particulares a costa
de todos». El socialista recordó a Barberá que el 57% de las familias
valencianas tiene dificultades para llegar a fin de mes.
El portavoz del PSPV reprochó a Barberá que «no dé la cara» ante las denuncias de los socialistas sobre permutas dudosas y pelotazos. Según apuntó, la alcaldesa «prefiere que sea alguno de sus miembros de equipo de gobierno quien salga a defender lo indefendible en un intento lamentable de confundir a la opinión pública». Rubio advirtió a Barberá de que «de nada le valdrá difundir informaciones confusas, amenazar o guardar silencio».
EU denuncia el deterioro del polideportivo de Doctor Lluch y pide inversiones
J. V. G., Valencia
El grupo municipal de Esquerra Unida criticó ayer la «lamentable carencia de mantenimiento y de higiene» en el que se encuentra el polideportivo de Doctor Lluch, en el barrio de el Cabanyal. La concejala María Victoria González denunció que una de las pistas de pádel está cerrada desde hace un año por la presencia de un socavón todavía no reparado, que los inodoros carecen de tapas, que los azulejos de las duchas presentan un aspecto deplorable debido a la falta de higiene, que las porterías sustituidas en mayo se amontonan peligrosamente en una esquina del campo de fútbol y que el camino vallado que separa el polideportivo del parque de al lado se ha convertido en un «increíble vertedero».
La edil solicitó ayer a en la junta rectora de Fundación Deportiva Municipal que se mejoraran los equipamientos, pero, según aseguró, los responsables de la FDM descartaron la posibilidad debido a que la futura homologación del plan general dejará fuera de ordenamiento la mitad del polideportivo, que habrá que derribar.
Por otra parte, la fundación aprobó ayer una subida media de las tarifas públicas para el próximo ejercicio del 3,1% en todos los polideportivos municipales, tanto en los de gestión directa como en los de explotación indirecta -excepto la el complejo de la Hípica y la Piscina Valencia- a pesar de que, según recordó González en una rueda de prensa, el concejal de Presupuestos y Política Fiscal, Silvestre Senent, había asegurado que en 2006 tan sólo se iba a incrementar el impuesto de circulación, la ORA y la grúa.
Además, según denunció la edil, «existe una diferencia sustanciosa de precios entre los polideportivos que están gestionados de forma directa y los que lleva directamente el ayuntamiento, siendo, en algunos casos, hasta un 50% más caros los primeros cuando, en realidad, el usuario no tiene que salir perjudicado por el hecho de que una instalación deportiva esté gestionada de forma indirecta».
'Asustaviejas', el auge del acoso inmobiliario
PABLO ORDAZ
Cuando Manuela Pérez Sánchez y su marido, que en paz descanse, se mudaron al número 14 de la calle Pericón de Cádiz, hace más de 22 años, la puerta de la calle se había salido ya de los goznes y estaba, como ahora, abandonada en el zaguán. El tiempo, como un huracán a cámara lenta, se fue encargando después de estropear la cancela, de quitarle peldaños a la escalera, de abombar las paredes y de hundir el suelo de la azotea. A principios de este verano, dos hombres bien trajeados se colaron en la casa. "Lo miraron todo y se pusieron a tomar fotografías de las paredes", explica Manuela aún con el corazón encogido, "sólo al final dijeron que eran técnicos de Urbanismo y que la casa estaba en ruinas. Sacaron unas cintas de plástico y precintaron lo que les pareció". A los pocos días, se presentó el dueño de la finca. Le dijo a Manuela que lo habían llamado del Ayuntamiento de Cádiz y que, efectivamente, cada minuto que ella, su hija Rebeca y su nieto Abraham pasaran allí estarían tentando a la suerte.
De buenas a primeras, Manuela se imaginó en la calle. Su contrato de renta antigua, que había heredado del marido, le daba derecho a vivir allí por 146 euros al mes siempre que siguiera pagando puntualmente, que no hiciera obras sin el permiso de la propiedad y que el edificio no fuera declarado en ruina. "Pero esto se cae, Manuela", le dijo el dueño, "y cuanto antes te vayas, mejor. Pero no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Dame ese contrato [indefinido] que ya no sirve para nada y firma este otro [por cinco años] en un piso que yo te he buscado. Además, te voy a dar una ayudita para la mudanza". Ni qué decir tiene que Manuela firmó.
La casualidad quiso que, a principios de agosto, en plena mudanza, un hombre llamara al timbre del número 14 de la calle Pericón de Cádiz. Enseñó su acreditación como técnico municipal de Urbanismo y Manuela le respondió: "Pero si sus compañeros ya han estado aquí...". El hombre le dijo que no le constaba y Manuela le refirió la historia. Después de inspeccionar el inmueble, el técnico sentenció: "Señora, su casa está mal, pero no en ruinas. Yo creo que a usted la han engañado. Quienes aquí vinieron no eran técnicos, sino asustaviejas...".
La palabra, que aún no está en el diccionario, fue acuñada en Cádiz hace unos años para designar a un tipo muy particular de especuladores inmobiliarios. Son los que se dedican a comprar los edificios más viejos de la ciudad para luego, valiéndose de abogados especialistas en desahucios y de matones disfrazados de técnicos de urbanismo, expulsar a los inquilinos utilizando la presión y el engaño. Por lo general, y de ahí el neologismo, sus víctimas son personas de edad que malviven solas en pisos deteriorados, comidos por la humedad y la carcoma, pero por los que pagan rentas bajísimas en virtud de contratos de alquiler que en muchas ocasiones heredaron de sus antepasados. La palabra está confeccionada en Cádiz, pero la plaga afecta a otras muchas ciudades españolas. Se están dando multitud de casos en Barcelona, donde una oficina creada al efecto por el Ayuntamiento recibió el año pasado las denuncias de 415 vecinos que se consideraban víctimas de acoso inmobiliario. Tras una primera criba, se abrieron 130 expedientes. De ellos, hay pocos casos tan claros como el que tiene a Manuela desconsolada en Cádiz, pero de su estudio pueden obtenerse varias conclusiones. Una de ellas es que hay asustaviejas de brocha fina y otros de brocha gorda. Los primeros son verdaderos artistas del acoso. Se han dado ejemplos de edificios que han sido apuntalados por falsos obreros para que los inquilinos tengan la sensación de peligro inminente y se avengan a negociar su marcha. Los de brocha gorda, empero, prefieren tirar por la calle de enmedio. El caso más llamativo se dio en Neguri, el barrio con más empaque de Getxo, en Vizcaya.
Casa Tangora
El año 2000, un hombre de negocios se fijó en un palacete conocido como Casa Tangora. El edificio, aunque de cinco plantas, estaba dividido en tres viviendas. El empresario compró el piso central, de 300 metros cuadrados. A continuación, pretendió sin éxito adquirir otra parte de la mansión, dicen que con la secreta intención de construir un hotelito, pero sus vecinos se lo impidieron. Fue en 2003 cuando, incapaz de conseguir su ansiado dúplex, el hombre de negocios decidió actuar. Le alquiló su piso por un euro al mes a Dolores Escudero y a su familia, que hasta entonces habían vivido en una caravana. Dolores, loca de contenta, no tardó en instalarse allí junto a sus ocho hijos y sus 15 nietos. Una noche, metieron la furgoneta en el jardín y así dejaron de ser chatarreros itinerantes para compartir barrio con los herederos de la oligarquía vasca. La prensa no tardó en llegar. O, mejor dicho, en picar. La bonita historia de un benefactor de los que ya no quedan y la gitana Dolores fotografiada junto a sus churumbeles consiguió sus buenos minutos de gloria. Hasta que, un año después, un juez dictaminó que aquel alquiler no era más que un caso de mobbing inmobiliario. Dolores tuvo que marcharse, dejando tras de sí un reguero de fogatas en el jardín y tanganas diversas. Al empresario avispado, el juez le ordenó que no volviera a entrar en contacto con sus vecinos de palacete.
La historia de este acosador de brocha gorda no es, sin embargo, representativa de la situación general. Falla, en primer lugar, el perfil de la víctima. En el caso de Neguri, se trataba de una familia joven, instruida, con posibles suficientes como para financiar a un buen abogado durante más de un año de pleitos. En segundo lugar, falla el escenario. Indican los datos que los asustaviejas suelen desenvolverse con más facilidad en ciudades con el corazón enfermo, en barrios donde la degradación se fue adueñando de sus calles. También ha habido casos en los que los propietarios más audaces han llegado a fichar a prostitutas para que se instalen en sus pisos; a inmigrantes que meten por decenas en pisos sin acondicionar; incluso a grupos de okupas... El objetivo es que la degradación vaya haciendo su trabajo. Lo más triste del asunto -y ya lo ha denunciado hasta el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo- es que las víctimas, como casi siempre, son los más débiles.
De eso saben mucho en Barcelona y también en Cádiz o en Sevilla. Valgan dos apuntes: Cáritas calcula que en Barcelona subsisten más de 80.000 familias, muchas de ellas de avanzada edad, que se las ven y se las desean para pagar el alquiler. El otro dato se refiere a la capital andaluza: según un estudio realizado por un grupo de arquitectos, 492 familias fueron desalojadas durante los últimos cinco años de las casas de renta antigua que ocupaban. Algunas de esas personas tuvieron que abandonar sus casas a la fuerza. Una fue Rosario Piudo, una anciana a la que, literalmente, pusieron en la puerta de la calle. El motivo: dejar de pagar, por error, 39 euros. El juez no tuvo en cuenta que doña Rosario no tenía adónde ir ni que, durante los últimos años, los propietarios del edificio habían abandonado totalmente la conservación del inmueble. "La puerta de la calle lleva meses estropeada", contó Ángel del Río, uno de los últimos inquilinos, "nadie viene a limpiar la escalera a pesar de que pagamos. No funcionan el portero automático y de las cañerías rotas brota el agua durante semanas. Los bajantes están atorados...". Pero doña Rosario no pagó 39 euros y se vio en la calle. Sólo ahora, y merced a la indignación social que provocó el desahucio televisado, acaba de conseguir una cama en el asilo de las Hermanitas de los Pobres.
Declaración de ruina
De los casos denunciados también se puede colegir que los asustaviejas, actúen donde actúen, utilizan tácticas comunes. La primera es intentar una declaración municipal de ruina. Es la opción más ventajosa, porque el inquilino se tiene que marchar sin derecho a ninguna indemnización. "Y por eso nosotros", garantiza Juan José Ortiz, concejal delegado de Vivienda en Cádiz, "nunca jamás declaramos una casa en ruinas".
La siguiente intentona es conseguir que el inquilino se vaya por su propia voluntad, cansado de suplicar sin éxito durante años -a veces durante décadas- que el propietario le arregle las cañerías o unas cubiertas inservibles los días de lluvia. Hay que tener en cuenta además que, en este aspecto, los vecinos se encuentran atados de pies y manos, por cuanto la ley estipula que si realizan obras sin el consentimiento del dueño pueden ser expulsados de la vivienda sin derecho a indemnización. Y si no, que se lo digan a Rosa Viñas.
Es viuda, tiene 78 años y desde 1935 vive en una casa unifamiliar del centro de Sabadell. Su vivienda, construida a finales del siglo XIX, está justo enmedio de otras seis ya deshabitadas. Todas ellas son propiedad de una misma inmobiliaria. Si consigue que doña Rosa se marche, se encontrará con un suculento solar de 600 metros cuadrados en la calle Jardí, justo en el centro de Sabadell. Pero ella sigue resistiendo. Y eso que, desde hace unos años para acá, sostiene en solitario una dura pugna con los abogados de la inmobiliaria. "A mi madre", dice Antonia Casas, la hija de doña Rosa, "le están amargando los últimos años de su vida. Se lo están haciendo pasar muy mal". La primera acometida fue denunciarla ante los tribunales por construir una ducha y un baño en el patio, de enyesar el techo de algunas habitaciones y de alicatar la cocina. La inmobiliaria sostenía que las obras eran posteriores a 1992, pero la señora logró demostrar ante el juez que aquellos arreglos los había hecho su padre, que murió en 1973, por lo que la posible infracción ya había prescrito. Ahora, Rosa Viñas, que está pendiente de más juicios, vive secuestrada en su propia casa. No se atreve a pasar ni un fin de semana fuera. Una vez que lo hizo se encontró con que se había -o habían- hundido el techo de la casa contigua. Pero ella resiste cercada por la ruina y los abogados.
También, aunque a duras penas, se resiste en Cádiz y en Barcelona. Los ancianos, incapaces de luchar en solitario contra algunas inmobiliarias, han terminado pidiendo ayuda a las asociaciones de vecinos. Al principio, tímidamente. A José Lado y a Miguel Iglesias, presidente y vocal de Vivienda de la asociación del barrio gaditano de La Viña, le pedían ayuda con una mala conciencia terrible: "Venía una viejecita y nos decía en voz baja: que no me vean hablando con vosotros, no sea que el dueño se enfade y me eche". Poco a poco, el miedo fue aflorando, se fueron conociendo casos -algunos, como el de Manuela, sangrantes- y se llegó a crear un ambiente de psicosis, de alarma social. Al menos en Cádiz, el asustaviejas es ya heredero por derecho propio de los viejos fantasmas del pasado, de aquel Tragaldabas que se comía a quien bajara la escalera de un sótano o de la Media Carita, que entretenía a los niños en la calle para luego llevárselos por la noche. Hay quien, incluso, le ha puesto nombre y apellidos.
Mala fama
Se llama Enrique Arroyo y es el mayor promotor inmobiliario de Cádiz. De un tiempo a esta parte se le acusa de ser el principal asustaviejas. Llegó de Madrid hace 20 años y ahora, de 10 casas antiguas que se venden en el centro de la ciudad, nueve las compra él. Su mala fama ha ido creciendo en los últimos años. Su negativa a conceder entrevistas alimenta el misterio. Esta semana, sin embargo, concedió una entrevista a este periódico para decir que él no es un asustaviejas: "Tampoco soy una ONG, pero si fuera verdad todo lo que se dice de mí, tendría cola en mi despacho de gente que quiere pegarme. Mi negocio es comprar casas. Me las venden los anteriores propietarios en un estado ruinoso y yo tengo que rehabilitarlas. No lo puedo hacer con gente dentro, por eso intento realojarlos o indemnizarlos. Nunca me han condenado por acoso inmobiliario. Y, para que no se diga, nunca me reúno con una vieja a solas".
Doña Antonia tiene 80 años y todo el ingenio de Cádiz. Enrique Arroyo anda detrás de ella para que deje su piso en el número 24 de la calle Cervantes, una casa palacio del siglo XIX. Pero ella no quiere. Le ha plantado cara y su disputa es seguida con emoción por sus vecinos, más asustadizos. Doña Antonia representa a todos aquellos que creyeron que su contrato de renta antigua les permitiría morir donde lo hicieron sus padres, tener a mano al tendero que les fía cuando la pensión no llega, al ciego que les reserva el número de siempre, al cura que ha ido envejeciendo con sus pecados. El constructor Arroyo le ha ofrecido dinero u otra casa, pero ella no quiere mudarse de barrio. Para doña Antonia, y para tantos otros de su quinta, el desarraigo empieza donde termina su calle.
El renovado atractivo de los cascos antiguos
HACE SÓLO UNOS AÑOS, el casco histórico de Cádiz era un museo de la decadencia. Su parecido con La Habana era más cierto que nunca, pero no por la parte del salero, sino por la del abandono. Eran cientos las familias que vivían en lo que allí se llaman partiditos y que técnicamente se conoce por infravivienda: humedad, ruina y hacinamiento. De un tiempo a esta parte, la tendencia ha cambiado y el último censo dice que, por primera vez en mucho tiempo, se ha frenado la diáspora. Al igual que en otras ciudades, han empezado a entrar los obreros. Ante la falta de suelo, las inmobiliarias se han puesto a buscar el futuro donde malvivía el pasado. Algunas empresas -la mayoría, según Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España- lo hacen con la legalidad por delante. Pero también se dan casos en los que se llega a incurrir en tácticas de acoso. De ello dan fe las cada vez más frecuentes denuncias vecinales. Por si fuera poco, entran en colisión dos mundos completamente distintos y uno de ellos lleva todas las de perder. Lo explica Chicote: "Por un lado, entran en liza comerciales agresivos, gente joven con ganas de labrarse un porvenir rápido en las inmobiliarias; por el otro, gente mayor, sin mucha formación, asustada por lo que se le puede venir encima". El presidente de los promotores dice que no hay nada turbio detrás de las inmobiliarias que se dedican al floreciente negocio de comprar edificios con inquilinos dentro. Este periódico ha intentado saber de sus prácticas poniéndose en contacto con algunas de las que ofrecen sus servicios tanto en prensa como en Internet. Pero no ha sido posible. Éstas son sus respuestas. Renta Antigua: "Nunca hemos dado explicaciones sobre nuestro trabajo". Cartina S. A.: "No nos interesa hablar con usted". Don Piso, perteneciente a Ferrovial: "Preferimos no hablar".
Tanto propietarios como inquilinos tienen cosas que pedir a la Administración. Dice Chicote que ellos necesitan más herramientas legales para poder rehabilitar. Los vecinos piden que no les dejen solos en una lucha desigual.
Salvem exige al ayuntamiento un proyecto nuevo para desarrollar el barrio
Paco Varea, Valencia
La Plataforma Salvem el Cabanyal ha planteado al Ayuntamiento de Valencia que se redacte un proyecto nuevo con la participación de todos los sectores sociales del barrio en donde, de entrada, no figure la prolongación lineal de la avenida Blasco Ibáñez.
El portavoz del colectivo, Faustino Villora, recordaba ayer la necesidad de convocar el proyecto para una salida a un barrio donde aún persisten puntos negros de venta de droga y calles solitarias y vacías al atardecer, una imagen muy diferente a la de hace unos años. La redacción de ese proyecto pasaría por la convocatoria de todos los colectivos sociales y de entrada no se contemplaría la prolongación lineal de la avenida.
Villora hizo mención al archivo de la denuncia que el ayuntamiento formuló contra ellos e invitó al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, a pedirle disculpas porque la solución es bien sencilla en el sentido de difamar que algo queda.
Uno de los ejemplos de alta coste es el bulevar de San Pedro para el cual hacen falta 21 millones de euros sólo para expropiaciones de todos los edificios a derribar.
Hasta
el momento el único sitio del Cabanyal-Canyamelar donde se está notando algún
cambio es en el barrio Llamosí, el más alejado de la zona central y cercano al
bulevar de la Avenida de los Naranjos, donde los particulares han levantando
viviendas de planta baja y primer piso bien de nueva planta o han rehabilitado
las ya existentes. El edificio de Renfe sigue sin derribarse, a falta de
desalojar a cuatro inquilinos, y se han derribado las casas de la calle Martí
Grajales.
Nuevo escándalo en la Conselleria de cultura valenciana, para ellos si que hay dinero, para rehabilitar el Cabanyal no.
Concha Gómez (secretaria autonómica de Cultura) se construye un comedor privado y un aseo junto a su despacho
La FSP-UGT cifra el coste en 60.000 euros y la conselleria dice que no supera los 24.000
Julia Ruiz, Valencia.
La secretaria autonómica de Cultura y Política Lingüística, Concha Gómez, se ha hecho construir un comedor privado y un aseo junto al despacho que ocupa en la sede de la conselleria de Cultura, Educación y Deportes en la Avenida de Campanar de Valencia. La Federación de Servicios Públicos de la UGT denunció ayer esta decisión y aseguró que las obras que están en marcha supondrán un gasto al erario público de cerca de 60.000 euros. Fuentes de la conselleria admitieron los trabajos de reforma, pero los minimizaron y rebajaron el importe denunciado por el sindicato ya que, dijeron, en ningún caso superará los 24.000 euros.
Un portavoz autorizado de la conselleria justificó las obras en razón de las tareas que tiene asignadas Concha Gómez. Según explicó la secretaria autonómica de Cultura se ve obligada en muchas ocasiones a almorzar en la conselleria por lo que, añadió, a la larga resulta más económico que coma junto a su despacho y no en la cafetería de la conselleria. Además, el citado portavoz indicó que en otras ocasiones Concha Gómez ha de mantener reuniones con personalidades de la Cultura que aconsejan cierta confidencialidad. La sala, matizó, no sólo servirá como comedor sino también como sala de reuniones.
Idénticas razones se ofrecieron desde la conselleria para justificar que se haya construido un aseo para, llegado el momento, tener un sitio donde arreglarse en el caso de que tenga que asistir a un acto. Las fuentes de la conselleria indicaron que es normal que la secretaria autonómica disponga de un aseo junto a su despacho como lo tienen la mayoría de los directores generales de la casa.
Desde la conselleria se restó importancia al alcance de las obras. Se insistió en que el comedor privado es una pequeña sala continúa al despacho oficial que se ha adecuado como pequeño comedor y sala de reuniones y en el que se instalará una mesa redonda, una pequeña nevera y un microondas. Respecto al cuarto de baño, resaltaron que es un pequeño cuarto sin ducha que se encuentra junto con otro cuarto de baño por lo que se han aprovechado las tuberías.
En cuanto al coste de las obras las fuentes de la conselleria indicaron que los trabajos habían corrido a cargo de los arquitectos de la casa e insistieron en que se trataba de unos trabajos menores y muy sencillos. Se da la circunstancia de que la conselleria de Cultura ya cuenta con un comedor privado, ubicado junto al despacho del conseller. Esta dependencia, que se usa también como sala de prensa, fue habilitada en los tiempos en que el socialista Ciprià Ciscar fue titular de Educación con el Gobierno de Joan Lerma. También el Palau de la Generalitat posee desde aquel entonces un comedor privado. Aunque en algunas conselleries se ha habilitado en alguna ocasión una sala para almuerzos, no es habitual esto tipo de dependencias y menos para uso del segundo escalón. De hecho, que haya trascendido es la primera vez que un secretario autonómico disfrute de una prerrogativa de estas características.
Para el
responsable del sector de la Generalitat de la FSP-UGT, Gonzalo Fernández, las
obras en la conselleria de Cultura son una «indecencia política». Fernández
denunció que Gómez se haga un comedor privado mientras que es «cicatera» con
sus trabajadores. Puso como ejemplo la asfixia económica al Instituto de
Restauración que depende de esta secretaría. Los restauradores trabajan por
cuenta propia y en algunos casos se les debe hasta 7.000 euros por persona,
según denunció el sindicalista.
El Supremo reabre la vía judicial para el recurso contra el Plan del Cabayal
EL AYUNTAMIENTO ADVIERTE QUE LA SITUACIÓN NO VARÍA Y QUE CONTINURÁN IGUAL TODAS LAS OBRAS SALVO LAS AFECTADAS POR UNA POSIBLE RESOLUCIÓN JUDICIAL
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de queja presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos contra el auto del TSJ de la Comunidad que no admitió el recurso de casación contra la decisión de este órgano de desestimar la demanda planteada contra la aprobación del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, a través del cual se prevé la prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, consideró "lógica" la decisión del alto Tribunal porque ya se contaba con un antecedente similar de la plataforma ´Salvem el Cabanyal, por lo que advirtió que el proyecto seguirá adelante salvo en la zona afecta por una posible resolución judicial.
La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto, con fecha de 15 de septiembre de este año, en el que acuerda estimar el recurso de queja planteado por esta entidad y admitir a trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV que, en octubre del pasado año, desestimó la demanda planteada contra la aprobación de la prolongación de Blasco Ibáñez.
La federación vecinal subrayó que, en su día, el TSJ "no admitió la preparación del recurso de casación", a través de un auto de noviembre de 2004 confirmado en diciembre, al considerar que el fallo se basaba "únicamente en derecho autonómico y, por tanto, no era susceptible de recurso" ante el alto tribunal.
Ante esta decisión, la entidad planteó un recurso de queja al Tribunal Supremo con el fin de que "admitiera la preparación del recurso de casación" y en el que sostenían que en la sentencia dictada por el TSJ "se había vulnerado no sólo normativa autonómica, sino también la estatal". Por este motivo, consideraban que debía admitirse su recurso para que el Tribunal Supremo pudiera "resolver si la sentencia dictada por el TSJ era ajustada a Derecho o debía, en su caso, revocarse anulando y dejando sin efecto la aprobación de la homologación y el PEPRI del Cabanyal-Canyamelar de Valencia".
En definitiva la admisión de este recurso reabre la vía judicial para que, en un futuro, el alto tribunal pudeda pronunciarse al respecto del plan para prolongar hasta el mar Blasco Ibáñez. En este sentido, según afirmó esta entidad, el Tribunal Supremo ha considerado "adecuada" la fundamentación jurídica de la federación y ha estimado el recurso de queja, por lo que "nos ofrece la posibilidad de formalizar el recurso de casación".
"Las cosas quedan igual"
El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo "deja las cosas igual que estaban tras la sentencia del TSJ" que, en octubre del pasado año, desestimó la demanda planteada contra la aprobación de la prolongación de Blasco Ibáñez.
Grau consideró "lógica" la decisión del alto tribunal, puesto que, sostuvo, "ya se había pronunciado en el mismo sentido ante un recurso presentado por la plataforma cívica Salvem el Cabanyal", pero aseguró que el PEPRI "sigue adelante, a excepción de la zona que queda pendiente de la decisión judicial".
EU pide a Barberá que abandone su idea de ampliar Blasco Ibáñez
La concejala del grupo municipal de EU-Entesa en el Ayuntamiento de Valencia, Victoria González, mostró su satisfacción tras conocer que el Tribunal Supremo ha aceptado a trámite el recurso de queja presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con respecto a la aprobación de la homologación y Plan Especial de Protección y Plan de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar. En este sentido, solicitó a la alcaldesa, Rita Barberá, que abandone la idea de abrir la Avenida Blasco Ibáñez al mar.
Asimismo, la edil indicó que "esperamos que tanto el equipo de Gobierno como los componentes del consejo de administración de la sociedad mixta empiecen a pensar seriamente en abandonar el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y que entiendan que cada vez es más difícil llevarla a cabo tal y como tenían pensado y, por tanto, que no demoren más la rehabilitación del entorno, incluida la zona protegida", informaron fuentes del citado grupo.
En este mismo sentido, González recordó que "EU lleva mucho tiempo diciendo lo que ahora ha manifestado el Tribunal Supremo y que, en su momento, obvió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y es que el tramo del Cabanyal declarado como BIC había sido resuelto como tal por La Ley Patrimonial del Estado y no por la autonómica".
El Supremo admite el recurso vecinal y decidirá si se prolonga Blasco Ibáñez
Los derribos se paralizan en espera de una sentencia que tardará dos o tres años
El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de queja de la Federación de Vecinos acerca del plan del Cabanyal, que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. La entidad vecinal presentará ahora un recurso de casación, para que sea el alto tribunal el que decida si finalmente se acomete esta obra.
PACO MORENO/VALENCIA
El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de queja presentado por la Federación de Vecinos, con lo que permite a la entidad que presente uno de casación. De esta manera, la decisión sobre si cumple con la legalidad el proyecto de prolongación de Blasco Ibáñez a través del Cabanyal tardará de dos a tres años, según informaron ayer fuentes cercanas al caso.
La presidenta de la federación, María José Broseta, mostró ayer su satisfacción por la admisión a trámite. A su juicio, la aprobación del plan urbanístico, que prevé el derribo de 1.650 viviendas, conculca la legalidad, tanto en cuestiones de fondo como en el mismo procedimiento administrativo.
El Tribunal Superior de Justicia no admitió en su día la preparación del recurso de casación, al entender según dijo Broseta que la sentencia recurrida se basaba únicamente en Derecho autonómico. Por el contrario, los letrados de la Federación de Vecinos entienden que sí se vulnera legislación estatal. Así lo recordó ayer también la ex presidenta vecinal, Carmen Vila, quien se felicitó de que la demanda, iniciada durante su mandato, llegue al Supremo.
Contestación social
El propósito, añadió Broseta, es dejar sin efecto el plan del Cabanyal, por lo que se refiere a la prolongación de Blasco Ibáñez. El proyecto ha tenido una fuerte contestación social en el Marítimo, aunque curiosamente el Partido Popular gana en este distrito en todas las elecciones desde principios de los 90.
En el Ayuntamiento, los grupos de la oposición reaccionaron con prontitud ante la noticia de que s había admitido el recurso. La concejala de Esquerra Unida María Victoria González declaró, a preguntas de LAS PROVINCIAS, su esperanza de que, tanto el equipo de gobierno como los accionistas privados de la empresa del Cabanyal “empiecen a pensar seriamente en abandonar el proyecto de prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y que entiendan que cada vez es más difícil llevarla a cabo tal y como tenían pensado”.
A su juicio, esto “no hace más que demorar la rehabilitación del entorno, incluida la zona protegida”, en referencia a la declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
González dijo por último que su grupo lleva mucho tiempo diciendo lo que ahora ha manifestado el Supremo y que, en su momento, obvió el Tribunal Superior de Justicia. En el tramo del Cabanyal declarado como BIC había sido resuelto como tal por la Ley Patrimonial del Estado y no por la autonómica”.
El portavoz socialista, Rafael Rubio, también comentó que habrá un “escenario judicial nuevo, que desautoriza las palabras de Barberá, cuando dijo en su día que la vía judicial había terminado. El Supremo le ha dado una bofetada jurídica, y lo más importante es como actuar a partir de ahora, porque supone la paralización del proyecto”.
Animó al gobierno municipal a “bajarse de las trincheras y buscar un consenso entre vecinos, gobierno y oposición; hay que buscar una solución para los problemas de los vecinos porque la paralización genera una degradación continua. Es hora de ir con la mano tendida”.
El edil
pidió que la sociedad mixta del Cabanyal no opere. “No tiene sentido, donde se
tenía que nutrir, que era en las edificaciones, está totalmente paralizado.”
Terminó por ultimo diciendo que bulevar de San Pedro carece de sentido ahora,
que no se hará la prolongación
Esta noticia no es ninguna novedad para la Plataforma. En Mayo ya fue resuelto el mismo recurso presentado por la Plataforma, y el supremo dijo lo mismo que a este recurso vecinal. Ahí está la hemeroteca. Rita y Grau deberían retirar el proyecto ya que cometen irregularidades cotidianamente y no dimiten.
gobierno municipal
El plan sigue, salvo en la parte protegida
El
concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, opinó que el auto del Tribunal
Supremo “deja las cosas igual que estaban tras la sentencia del TSJ de la
Comunidad Valenciana.” La razón, según comentó, es que el plan urbanístico
“sigue adelante a excepción de la zona que queda pendiente de la decisión
judicial”.
La
prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar se cruza con el área declarada Bien
de Interés Cultural. Este rectángulo de edificios supone un porcentaje muy
pequeño en relación con el ámbito total del plan del Cabanyal. La empresa
municipal AUMSA ha comprado varios inmuebles en los últimos años e intentó
derribar alguno antes del verano.
La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, que también presentará un recurso de casación en el Supremo, pidió en los tribunales la paralización de las demoliciones. A la vista de los recursos interpuestos, un auto dio la razón a los vecinos y obligó a AUMSA a restaurar la parte de las fincas que ya habían sido demolidas, con tejados provisionales y el apuntalamiento de algunas paredes.
El Supremo confirma la vía de casación y deja el plan de El Cabanyal en el aire
El PSPV y EU emplazan a Barberá a abandonar el plan para prolongar Blasco Ibáñez
El
Tribunal Supremo ha estimado el recurso de queja presentado por la Federación
de Asociaciones de Vecinos relacionado con el proyecto urbanístico de El
Cabanyal, por lo que ahora se podrá formalizar el recurso de casación contra la
sentencia que estimó ajustada a derecho la aprobación del Plan Especial de
Protección y de Reforma Interior.
Desde
la Federación de Vecinos se explica, a través de un comunicado, que el TSJ no
admitió en su día el recurso de casación por entender que la sentencia
recurrida se basaba únicamente en derecho autonómico y, por tanto, no era
susceptible de recurso ante el Supremo. Entonces, los vecinos trasladaron su
queja al Supremo, que ya se pronunció en esta línea dando la razón a la
plataforma Salvem el Cabanyal.
Con el
auto los vecinos logran un triunfo en su defensa para rehabilitar el Cabanyal y
en contra de la prolongación lineal. Una línea defendida desde la organización
hace años y mantenida en la época presidencial de Carmen Vila y Antonio Cañuelo
y ahora de Mª José Broseta. El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, ha
considerado «lógico» el auto. En un comunicado, Grau afirma que «deja las cosas
igual que estaban tras la sentencia del TSJ» y reitera que «el plan sigue
adelante a excepción de la zona que queda pendiente de la decisión judicial».
Tanto PSPV como EU coincidieron ayer en pedir a la alcaldesa que abandone la
idea de abrir la avenida de Blasco Ibáñez al mar por medio del BIC del
Cabanyal.
El
portavoz del PSPV Rafael Rubio calificó el auto de «bofetada política a Rita
Barberá» que venía insistiendo en que el tema estaba judicialmente resuelto.
Para Rubio, ha llegado la hora de dialogar entre todos y buscar una solución
sin prolongación de la avenida. Además, el concejal se pregunta qué sentido
tiene ahora la sociedad mixta creada. La concejala de EU Victoria González
indicó que esperan que «tanto el equipo de gobierno como la sociedad mixta
empiecen a pensar seriamente en abandonar el proyecto y entiendan que cada vez
es más difícil llevarla a cabo. Hace tiempo que lo veníamos anunciando».
Los vecinos del Cabanyal piden medidas a Bernabé por la degradación del barrio
Le recuerdan a Barberá que incumple el plan
Paco Varea, Valencia
La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar y la Plataforma Salvem han solicitado una reunión con carácter de urgencia con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valencia para demandarle medidas con el fin de evitar un posible conflicto social en el barrio y exigirle mayor presencia policial así como otras vías para poner soluciones al tráfico de drogas, según ha afirmado uno de los portavoces del colectivo vecinal.
La petición la plantean las dos formaciones vecinales después de la muerte del cabanyalero Vicente Rams, que falleció atropellado en la noche del pasado viernes atropellado accidentalmente por un vehículo al salir del local de la peña valencianista «A la Deriva Ché» para recriminar a unos menores el apedreamiento del local y los daños causados a uno de los socios y amigo suyo.
El portavoz de la asociación de vecinos recordó que hace ya varios meses celebraron una reunión con el subdelegado del Gobierno, Luis F. Martínez, en donde ellos le expusieron los diferentes problemas y él se comprometió a emprender soluciones pero éste es el momento de que ha pasado el tiempo y la inseguridad ha aumentado cada vez más.
Los vecinos del Cabanyal y el Canyamelar recuerdan que el barrio donde nacieron ya no es él que era «porque no podemos pasear con tranquilidad y vivimos atemorizados. Nos sentimos impotentes y exigimos medidas a las distintas administraciones». Otros recordaban que el ayuntamiento sigue negándose a desarrollar el plan del Cabanyal, salvo la prolongación de Blasco Ibáñez, y consiente la degradación.
Carta abierta a Rita Barberá
JOSÉ SELLÉS Y ROBERTO CANTOS
Distinguida Alcaldesa: Hoy, aprovechando que últimamente dirige su mirada al mar, quisiéramos expresarle algunas reflexiones en torno al futuro del distrito Marítimo de nuestra ciudad.
Como sabe, nos conoce bien, quienes le escriben esta carta han desempeñado allí con orgullo la máxima responsabilidad política del PSPV-PSOE, han tenido responsabilidades de gestión municipal y han convivido con usted realizando la oposición política a su gestión.
Desde hace más de una década contemplamos, como si de la ejecución de un maldito guión elaborado en su despacho se tratara, la destrucción de nuestros barrios marítimos. Si su mirada busca, desde la avenida Blasco Ibáñez, el mediterráneo encontrará el barrio de Cabanyal-Canyamelar, cuya destrucción nos tememos, porque nos aterroriza la especulación de los cuatro amiguetes de siempre, porque nos recuerda el urbanismo de los últimos años franquistas. Pero no debe reaccionar con el autoritarismo de siempre.
Es indigno que usted y los suyos llamen, como los han llamado, terroristas a un colectivo como el de Salvem el Cabanyal. Cuando mire al mar hágalo con la comprensión de quien respeta la idiosincrasia de unos barrios con población autónoma, con identificación propia, orgullosos de su historia en la que viven gentes, valencianos y valencianas que reivindican equipamientos e infraestructuras que mejoren su nivel de vida, gentes preocupadas por las relaciones sociales, por la unidad vecinal, por sus propias señas de identidad.
Recorra su mirada por la orilla de la playa y encontrará un hotel de cinco estrellas. Aquel Balneario de las Arenas, patrimonio de generaciones que disfrutaron de sus instalaciones. Gentes que no veraneaban en Javea, que eran gentes del pueblo y no de la burguesía franquista. No busque el Museo Marítimo. No lo encontrará Las Atarazanas están vacías. Los fondos repartidos en diferentes almacenes municipales corren el peligro de sufrir deterioros irreparables. No ha querido dejar testimonio de la tradición naval de nuestros barrios. Le podemos asegurar que hubiera costado mucho menos que otros alardes de pompa y riqueza. Siga recorriendo con su vista por los poblados marítimos y sienta vergüenza de no poder localizar ni un solo testimonio de la casa natal de nuestro insigne autor teatral Eduardo Escalante. Sepa que también pertenece al acervo histórico de nuestra cultura.
Quisiéramos por último, para no cansar sus ojos, que mirara a los vecinos de la calle Francisco Cubells y les dijera que por el ancho entre fachadas de 15 metros discurrirá el tranvía en doble vía hasta atravesar el jardín de la plaza de La Armada Española. Ese monumento que ve allí es el recuerdo al pintor Joaquín Sorolla. No lo olvide. Le agradecemos su atención y su interés al leer esta carta. Mucho nos tememos que haya mantenido cerrados sus ojos y los vuelva a abrir para seguir mirando las regatas de la Copa del América.
(*) Ex concejales del Ayuntamiento de Valencia y ex secretarios generales del PSPV del Marítimo.
El Cabanyal celebra la muestra ‘Portes Obertes’
La presente edición de la muestra Portes Obertes de Salvem el Cabanyal comenzará el próximo viernes a las 20 horas en la casa de la Palmera, frente al mercado del barrio.
Una vez más, esta muestra artística pretende dar a conocer la creación artística de los vecinos, a la vez que hacer un llamamiento reivindicativo contra la prolongación de Blasco Ibáñez.
Por octavo año, algunas casas de los vecinos se convertirán en pequeños museos abiertos, donde se expondrán cuadros y creaciones artísticas.
La música también tendrá una importante presencia en la calle San Pedro durante la inauguración, mientras que los días para visitar las casas serán el 22, 23, 29 y 30 de octubre, además del 5 y 6 de noviembre, cuando se celebrará la clausura.
El Cabanyal vuelve a abrir sus puertas al arte y la reivindicación
El viernes empieza la octava muestra «Portes Obertes», que expone obras artísticas en casas particulares del barrio
La plataforma ciudadana Salvem el Cabanyal inaugurará el próximo 21 de octubre, a las 20 horas, la octava edición del evento artístico Cabanyal Portes Obertes, exponente del compromiso de los artistas con la protección del patrimonio y la memoria histórica de la ciudad, que los miembros de esta plataforma consideran «gravemente amenazada por los planes urbanísticos del actual equipo de gobierno de la ciudad».
Portes Obertes tiene como elemento singular la muestra de las obras artísticas en casas particulares de los vecinos del Cabanyal, creando un recorrido que se adentra por las calles del barrio y el interior de alguna viviendas, cuyo conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat. En esta octava edición participarán 16 casas, en las que se expondrán obras de distintas disciplinas artísticas -fotografía, vídeo, instalaciones, pintura o escultura- expresamente concebidas para este evento, y que abordan el tema central de «la amenaza de destrucción del patrimonio y del tejido social del barrio del Cabanyal», según explican los miembros del colectivo Salvem el Cabanyal en un comunicado. La muestra recoge 32 propuestas en las que los artistas, individualmente o en grupo, intervienen a modo de instalaciones que ocupan total o parcialmente cada una de las viviendas, con la única condición de respetar su uso diario por los propietarios e inquilinos, de modo que las intervenciones artísticas y la vida cotidiana conviven durante el tiempo de la exposición, que tendrá lugar del 21 de octubre al 6 de noviembre.
Evitar la división
El objetivo de la plataforma es evitar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, que «destruirá 1.651 viviendas y dividirá en dos el Cabanyal». Ante el plan aprobado por el PP los vecinos reclaman un plan estratégico de desarrollo económico y social que «facilite la recuperación» del barrio y evite una degradación ya palpable.
Personajes. Arte reivindicativo
JOAQUÍN BATISTA
La plataforma Salvem el Cabanyal organiza su octava edición de la muestra Portes Obertes, que conjuga dos conceptos que se complementan a la perfección: el arte con la reivindicación.
De nuevo, los vecinos del Cabanyal levantan la voz contra la degradación del patrimonio de este barrio marítimo que supondrá la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hacia el mar.
Diecisiete viviendas se convierten a partir del viernes en museos abiertos a los visitantes, donde se pueden observar un total de 36 muestras artísticas comprometidas con “la protección del patrimonio y la memoria histórica, gravemente amenazada por los planes urbanísticos del equipo de gobierno de la ciudad”.
En la variedad está el gusto. Por ello, desde Salvem se conjuga un amplio abanico de disciplinas artísticas, como la fotografía, el vídeo, la pintura o la escultura. Del mismo modo, varían los temas: la pérdida de la memoria colectiva, la especulación urbanística, el compromiso social de la fotografía o el papel del arte como reivindicación en el espacio público.
Cerca de 50 artistas participan en el Cabanyal Portes Obertes 2005, que se expone en viviendas afectadas por la prolongación.
Por citar varios ejemplos, sin ánimo de ofender a los que no aparecen en este espacio, destacan Daniel Andújar , con su obra La cultura del ladrillo, donde una serie de audios muestran la complicidad entre autoridades y promotores implicados en la especulación. Enrique Carrazoni espeta al visitante en su creación ¡No te calles! , consistente en dos fotografías murales de 100 por 300 centímetros.
El Grupo Zona aporta La travesía del palacio de los cuatro vientos , que remite a la ajetreada vida de los pescadores. Juan Peiró hace una retrospectiva de la edición anterior con Paseu dins de Portes Obertes . El letrero luminoso de Óscar Mora , El presente está roto o la videoproyección la Casa , de Mau Monleón , son algunos ejemplos más.
La Asociación de Vecinos del Cabanyal se queda sin local y empieza a reunirse en bares
La entidad pide a la alcaldesa la cesión de un edificio de los adquiridos por Aumsa
P. Varea, Valencia
La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar lleva camino de convertirse en una organización virtual por tener que atender a los ciudadanos de ese barrio de los poblados marítimos a través de un móvil, el 609-631-615, y celebrar las reuniones en bares.
La entidad vecinal se ha visto obligada a tomar esa decisión ante la falta de local donde celebrar sus actividades debido al desalojo del local que ocupaban en unos bajos de Iberdrola, que ahora la empresa vende. Ahí estuvieron hasta el pasado 30 de septiembre.
La asociación ha solicitado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la cesión temporal de alguno de los inmuebles que la empresa Aumsa ha adquirido en el barrio después de la imposibilidad de la junta municipal de ayudarles y también hace gestiones con Aguas de Valencia, que tiene un local cerrado en la calle de la Reina. Ni de un sitio ni de otro han obtenido respuesta. Ellos le recuerdan a Barbera su oposición al plan pero entienden que «comprar casas y derribarlas generando solares no es la solución más adecuada» y le precisan que ellos se harían cargo de los gastos de servicios y lo dejarían cuando se les requiriera.
La presidenta de la organización, María
José Dasí, le cometa a Barberá en su carta que «el papel que deben jugar las
asociaciones de vecinos, como mediadores, entre los ciudadanos y la
administración, máxime en unas situaciones como la nuestra, con alta
conflictividad, hace que resulte imprescindible disponer de unas instalaciones
mínimas en las que recibir las reivindicaciones que luego trasladamos a nuestras
autoridades». La organización estima que «el policía de barrio no merece ser
atendido en la barra de un bar para tomar nota de nuestras quejas y sugerencias
pero nosotros si tendremos que acudir a celebrar las reuniones de junta
directiva».
Cabanyal vuelve a abrirse al arte contra el plan urbanístico
«Portes Obertes» llega a su octava edición con la participación de 16 viviendas y 49 artistas
J. V. G., Valencia
El arte y la lucha ciudadana vuelven a unirse un año más en las viviendas del Cabanyal. Desde hoy, y durante tres fines de semana, dieciséis casas del barrio acogen las obras que diferentes artistas han concebido especialmente para la ocasión. El objetivo, como ya lo fue en las siete ediciones anteriores de «Cabanyal Portes Obertes», es denunciar la amenaza de destrucción que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez supone para el patrimonio arquitectónico y el tejido social de un barrio declarado Bien de Interés Cultural.
La muestra reúne 32 propuestas de fotografía, pintura, escultura y vídeo realizadas por 49 artistas que, de forma individual o colectiva, abordan desde diferentes puntos de vista las implicaciones del polémico proyecto de prolongación. Los enfoques son variados: la pérdida de la memoria colectiva, la especulación urbanística, los medios de comunicación, el compromiso social de la fotografía y el papel del arte como activista en el espacio público. Las propuestas están distribuidas en dieciséis viviendas particulares que, juntas, forman un recorrido en el que los visitantes se adentran progresivamente en el corazón del barrio y en su estilo arquitectónico original: el modernismo popular. Mientras dure la muestra, el arte y la vida cotidiana convivirán en un mismo espacio. No en vano el único requisito que la organización pone a los artistas es, precisamente, que respeten el uso diario que propietarios e inquilinos hacen de sus viviendas. Con ello, Salvem el Cabanyal pretende que los visitantes conozcan de forma directa «lo que está en juego: casas reales donde viven personas que realizan en ellas sus proyectos de vida, ahora truncados por una decisión política que no les ha tenido en cuenta en ningún momento». «Portes Obertes» incluye también exhibiciones de música e imagen generadas por ordenador, un pase de cine mudo musicado, varias jam sessions, pasacalles, música en directo y la proyección de un documental sobre la lucha ciudadana por la supervivencia de la huerta de La Punta. La programación completa está disponible en la página Web de la asociación (http://www.cabanyal.com).
Cabanyal versus Bienal
MAOTA SOLDEVILLA - Historiadora del Arte
La experiencia nos ha llevado forzosamente a aprender que la mayoría de los políticos, los pobres, no tienen tiempo para hablar con nosotros, los ciudadanos, la gente en nombre de la cual gobiernan, ya que tienen que ocupar todo su tiempo en incansables reuniones con los representantes del dinero, los únicos protagonistas del progreso social. Por ello, banqueros y empresarios son los únicos que se turnan en las antesalas de sus despachos.
Esta perversión de su sistema de trabajo provoca que los políticos se monten un lío, no siendo de extrañar que se den casos de confusión respecto a los objetivos a conseguir en su gestión. En el ámbito de nuestra Comunidad y hablando de gestión cultural, un buen ejemplo es la 3.ª edición de la Bienal de Valencia dirigida de nuevo por Luigi Settembrini, al que Consuelo Ciscar debió de hacer un contrato blindado a los cambios de poder de las distintas camarillas de partido, y no logramos quitárnoslo de encima.
La Bienal de este año era, en teoría, una reflexión a partir de la experiencia artística, sobre uno de los problemas más acuciantes de gran parte de la población actual: el agua. Y sin embargo, lo que en ella se muestra es un espectáculo de banalidad hiriente, propio de una sociedad opulenta e interesada, incapaz de una reflexión seria o de presentar con un mínimo de dignidad el tema sobre el que se supone cierto interés inicial.
La propuesta ofertada por nuestras autoridades culturales es tan superficial que creo que no es exagerado decir que constituye un insulto a la inteligencia. Pretenden hacernos creer que semejante batiburrillo de objetos, la mayoría sin ninguna relación con el tema propuesto, obedece a otra cosa que a los descarados intereses propios de quienes la organizan y patrocinan. ¿Podría alguien explicar qué tiene que ver la obra expuesta de On Kawara o la de Nicolas Schöffer, por citar tan sólo dos ejemplos, con el tema propuesto? Aunque también es posible, dicho en su descargo, que dada mi gran sensibilidad, el grado de desenfoque que me produjo al entrar a la exposición, la niebla tropical de Arto Lindsay, fuera tan intenso que no lograra sacudírmelo en toda la visita al Convento del Carmen.
Menos mal que tuve la buena idea de acercarme a ver la instalación que ha montado el Instituto Valenciano de Arte Moderno, más conocido en la actualidad como Inmobiliarias Valencianas de Arte Moderno, para reforzar la idea central de la Bienal: el agua (sin ti, no soy).
En esta instalación montada por el diseñador italiano G. Pesce conseguí, tras varios lanzamientos de globos rellenos de agua sobre una espinosa pared, ¡enfocar por fin¡ y darme cuenta de dónde estaba realmente. Estaba en una barraca de feria en la que se podría llegar a considerar interesante las bobas ocurrencias que allí se nos proponen. Por si no lo sabían ustedes, según el artista, el agua se presenta en estado sólido, líquido y gaseoso y además sirve para cocinar, produce sonido y es estupenda para inducir a un paseo «liberador de prejuicios».
Frente a semejante estupidez y escandalosa superficialidad puesta de manifiesto en estas propuestas artísticas patrocinadas por la Administración y coincidiendo en el tiempo, se abrió anteayer, día 21 de octubre, la 8.ª Muestra de Arte Público de Cabanyal Portes Obertes, organizada por la plataforma Salvem el Cabanyal y patrocinada por los propios artistas que intervienen en ella y por los vecinos que abren las puertas de sus casas a todos los ciudadanos.
El Cabanyal vuelve a convocar a los artistas para que reflexionen y ejerzan su derecho de opinión sobre un tema, el futuro de su barrio, al que la alcaldesa de Valencia quiere cortar en dos. El hecho de cortar es, en sí mismo, un acto de violencia, pero para Rita Barberá el histórico barrio marinero se ha convertido en un tumor, un tumor enquistado cuya pervivencia consigue paralizar el desarrollo de sus rutilantes maquetas. A la alcaldesa de Valencia le faltan foros para proclamar su amor a la ciudad, pero paradójicamente no le gustan nada sus centros históricos, por ello los ha ido abandonando, dejándolos como tierras en barbecho donde se permite el crecimiento de las malas yerbas hasta que llega el tiempo de la nueva cosecha. El Cabanyal ha sido cubierto con el polvo del abandono permitiendo, cuando no propiciando, su ruina y su desaparición y en el Carmen, el ruido, el olor a orines y los solares dibujan sus principales rasgos fisonómicos.
Pero somos muchos, y cada vez somos más, los que valoramos los centros históricos de nuestra ciudad. En el Cabanyal destaca la calidad de su urbanismo, la adaptación y respeto al medio ambiente de su caserío y, sobre todo, la enriquecedora vida social que estas condiciones ha procurado a sus vecinos. Somos muchos los que defendemos la diversidad, los que defendemos otro modelo de ciudad distinto al proyectado por los políticos aliados con los promotores.
Cabanyal Portes Obertes es una exposición que surge de la participación ciudadana unida en la defensa de su patrimonio y es una oportunidad única para poder experimentar y confrontar dos maneras de entender y de gestionar el arte y la cultura. Tema este que no es una cuestión banal, pues, dependiendo del modelo que se consolide, lograremos propiciar o no la aparición de nuevas normas sociales que fortalezcan la solidaridad necesaria para la convivencia entre las distintas gentes y culturas.
La exposición Cabanyal Portes Obertes se puede visitar todos los sábados por la tarde y los domingos hasta el 6 de noviembre. Para más información, consultar www.cabanyal.com
www.terracritica.org
Ocho años con las puertas abiertas
Salvem el Cabanyal ofrece un recorrido por 32 propuestas artísticas en un barrio que en vez de rehabilitarse se degrada
FERRAN BONO
Llevan ya ocho años de puertas abiertas. Las puertas de 15 viviendas que los vecinos del barrio han prestado este año a más de 60 artistas en la octava edición de Cabanyal-Portes Obertes. Art i Ciutadania, que se inauguró anoche y se prolongará hasta el 6 de noviembre. Ocho años sacando adelante un complicado proyecto artístico que ha recibido apoyos de numerosos y reputados profesionales pero ningún respaldo institucional.
No en vano, el plan institucional del Ayuntamiento de Valencia de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, a través de El Cabanyal, fue el desencadenante de esta iniciativa artística de protesta organizada por Salvem el Cabanyal.
Esta plataforma ha paralizado con sus recursos el anunciado plan, en virtud de la declaración de Bien de Interés Cultural que protege la trama de buena parte del barrio. Ahora está a la espera de la resolución definitiva del litigio por parte del Tribunal Supremo, que podría tardar uno o dos años en dictar sentencia.
Mientras tanto, la degradación del barrio continúa, según denuncian los integrantes de la plataforma y es fácil percibirlo con un simple paseo por algunas de sus calles. La zona afectada por el plan se ha dejado deliberadamente degradar por parte del Ayuntamiento, denuncian los vecinos integrantes de Salvem. Como Andrés y Tina. Esta pareja procedente de Madrid se instaló hace 12 años en el barrio. Han notado que en vez de rehabilitar y mejorar se ha producido una paulatina "degeneración" de algunas calles de El Cabanyal. Consideran que el Ayuntamiento, gobernado por Rita Barberá, del PP, no hace nada. Al coro de críticas se unen Emilio, Maribel, Santiago y Charo: no se combate la delincuencia, ni el trapicheo de droga, ni los solares vacíos que ahora han vuelto a ocupar chabolas, ni la suciedad, ni las casas abandonadas, ni las hogueras que hacen en la calzada familias gitanas. Ya había problemas, pero ahora se han multiplicado en las zonas afectadas. Degradar hasta que se desvanezca el rechazo a la expropiación es la estrategia municipal, aseguran desde la plataforma. Muy cerca de la zona afectada por el plan, en la Patacona, se están vendiendo pisos a 6.000 euros el metro cuadrado.
Salvem El Cabanyal protesta y también explica sus argumentos de manera artística, como en la instalación del Laboratorio de luz de la casa de la Palmera, en la calle de Columbretes, 1. Abres un archivador y escuchas la voz de un vecino. Los abres todos y es un coro. En la misma casa, Daniel G. Andújar propone en La cultura del ladrillo oír las voces distorsionadas de personas que se dedican a corromper a políticos municipales en Alicante, según comenta el artista.
No muy lejos, en la calle de San Pere, 83, Monique Bastiaans ha creado peculiares muebles que remiten a las costumbres el barrio. En la calle de los Ángeles, 45, Charo Peiró presenta un cuadro abstracto; Santiago Polo, una instalación alusiva y Juan Peiró, fotografías de los visitantes a Portes Obertes del pasado año. Artistas como Enrique Carrazoni, Pedro Ortuño, Pepe Romero, Mira Bernabeu, Evaristo Navarro, Vicente Ortiz, Mau Monleón o Maribel Doménech y Emilio Martínez -vecinos y alma máter del proyecto artístico- son algunos creadores presentes en el recorrido por el Cabanyal que arrancó anoche con una fiesta. Las 32 propuestas se pueden visitar los sábados (de 17.00 a 21.00) y domingos (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00).
Rubio denuncia que el PP benefició a una empresa en la permuta de suelo por VPO
S. V. - Valencia
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, denunció ayer que la operación de permuta de solares a cambio de viviendas de protección oficial (VPO) aprobada el lunes por el equipo de gobierno del PP ha beneficiado claramente a la empresa Dune, SL, que obtendrá, según sus cálculos, al menos 8,7 millones de beneficios con la venta de bajos comerciales.
Rubio calificó de "escándalo" el proceso de permuta, en el que el Consistorio recibe de la empresa 93 VPO construidas en la zona de la avenida de los Naranjos a cambio de nueve solares -tres de ellos hasta ahora previstos para construir colegios- en los que Dune levantará alrededor de 450 pisos sociales. Según Rubio, el equipo de gobierno del PP no ha exigido a la empresa la calificación de vivienda protegida para los bajos comerciales que se construirán en los nuevos edificios, que podrá vender a precio de mercado. Además, la entrega de las VPO de la avenida de los Naranjos, previstas en su momento para el realojo de afectados por el plan de El Cabanyal, no incluye los áticos y bajos comerciales, que también podrá vender Dune, SL. El grupo socialista calcula que la empresa ganará con los locales comerciales en estas condiciones unos 21,1 millones de euros, cerca de 8,7 millones más que en el caso de que el Ayuntamiento hubiera impuesto la tasación de vivienda protegida. A ello se añadirían posibles ganancias en la construcción de garajes, ya que las plazas que exceden el número de VPO del edificio pueden ofrecerse a precios de mercado.
"Mi felicitación a estos empresarios", dijo Rubio tras explicar su análisis de la operación de permuta, en la que el Consistorio recibe finalmente las 93 VPO y una compensación económica de unos 725.400 euros por la diferencia de valor de los solares. El portavoz socialista acusó a Barberá de "pagar favores políticos" con esta operación. La empresa Dune está vinculada a la familia del presidente de la patronal autonómica Cierval, Rafael Ferrando, entre otros.
Para el grupo municipal socialista, la operación de permuta de los nueve solares -tres en el entorno del Palacio de Congresos y el resto en los sectores de Benicalap norte y Quatre Carreres- se inició ya con la adjudicación de las 93 VPO en la avenida de los Naranjos a finales de 2001, ya que en su opinión Dune lo ganó sin cumplir el requisito de tener experiencia en la construcción de pisos sociales. La empresa se presentó con un aval de un socio que sí tenía esta calificación. Otro punto de la operación urbanística criticado por el PSPV es el hecho de que varios de los solares de la permuta los recibió el Ayuntamiento en la reparcelación del sector de Benicalap como suelo para vivienda de renta libre, pero los tasó a precio de VPO al cederlos a Dune. Los socialistas consideran que el PP pudo subastarlos para comprar más terreno destinado a VPO.
Los vecinos reclaman 204 obras públicas para los barrios
42 asociaciones de vecinos pertenecientes a la Federación han solicitado la inclusión de 204 obras en los barrios en los presupuestos municipales para 2006.
De estas obras, algunas pertenecen al crédito de embellecimiento de la ciudad que se solicitó con motivo de la Copa América, aunque muchas de ellas se quedaron fuera por falta de fondos.
Otras son temas pendientes consignadas a los presupuestos ordinarios. Los jardines, los solares, la falta de aparcamiento y los servicios e equipamientos son las reivindicaciones predominantes.
Benicalap reivindica la construcción de centros escolares en los 24.000 metros cuadrados de propiedad municipal que hay en el barrio. En Beniferri, se decantan más por los equipamientos deportivos (una piscina y campo de fútbol), mientras que en Creu Coberta piden, una vez más, los servicios y dotaciones reclamadas en el cuartel de Artillería.
En la fachada marítima, Nazaret pide que la línea T2 llegue a Nazaret antes de 2007, la construcción de VPO o la concreción del espacio de transición entre el puerto y el barrio. En Grau Port abogan por la urbanización de parte de la avenida Francia. El Cabanyal solicita mejoras en el barrio sin necesidad de la prolongación de Blasco Ibáñez.
Desde el Palleter insisten en las viviendas protegidas, un club juvenil y otro de jubilados.
El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, señaló ayer que la ejecución global en septiembre fue del 76,5%. Nunca antes se había llevado este nivel de gestión”, explicó el concejal.
Senent criticó a la oposición y la acusó de manipular las cifras reales. “No me parece bien la manipulación que se está haciendo de las inversiones”, comentó.
La Generalitat refleja algunas de las inversiones en transportes y barrios que le reclamó Barberá
La ronda de Mislata y el Cabanyal se quedan fuera y se asignan 400.000 euros al plan de la Muralla
H. G./S. G., Valencia
La Generalitat ha incluido en los presupuestos del próximo año algunos de los 20 proyectos para los que la alcaldesa de Valencia reclamó recientemente inversiones al conseller de Economía Gerardo Camps. El capítulo más favorecido es el de infraestructuras y transportes, donde se incluyen inversiones para la línea del metro puerto-aeropuerto, la T-2 del centro histórico y la línea 4 que llegará a la playa de la Patacona. El tranvía orbital sólo recibe dinero para los estudios previos, al igual que el túnel de Maestro Rodrigo que pidió la alcaldesa. Fuera de las inversiones se han quedado la ronda de Mislata, proyecto vinculado a la mejora de los accesos de la A-3 incluidos en las obras de embellecimiento de la Copa del América que se reclaman al Gobierno.
La alcaldesa, que ve prioritarias las inversiones en los barrios, concretamente, en Russafa, Cabanyal, Nou Moles y el centro histórico verá satisfechas sólo parcialmente sus aspiraciones. La Generalitat contempla para el próximo año inversiones para la redacción de proyectos del complejo administrativo Nou d'Octubre (la antigua cárcel) -que también iba en los presupuestos de 2005- y una partida de 1,5 millones de euros para la rehabilitación del inmueble, cuyo coste total asciende a 36 millones de euros. La Generalitat contempla una anualidad de 445.000 euros (de los 5,5 millones del presupuesto total) para el plan de rehabilitación de Russafa, casi la misma cantidad que aportará al plan de la muralla islámica (Ciutat Vella), que lleva meses de retraso. El Cabanyal, uno de los barrios de la fachada marítima, se queda descabalgado de las inversiones de la Generalitat.
La Esfera Armilar, para la cual Barberá reclamó partidas concretas, aparece como objetivo de la sociedad Proyectos Temáticos, pero sin consignación presupuestaria específica.
Las inversiones en Copa del América se centralizan en la Conselleria de Presidencia que dirige Esteban González Pons, nombrado Comisionado de la Generalitat para la Copa del América. La oficina del comisionado tiene dos partidas de 370.000 y 245.000 euros (frente a los 268.000 euros de 2005) para gastos de mantenimiento y personal, mobiliario, dietas y locomoción de la oficina del Comisionado. Además, la Generalitat inyectará 3,2 millones en la sociedad Imagen Estratégica y Promocional, creada por González Pons para publicitar la Comunidad y la ciudad sede de la Copa del América. La Generalitat también incluye los 6 millones correspondientes a la anualidad del canon de evento de ACM. Fuera del área de González Pons queda una partida de 2.700 euros de la Agencia Valenciana de Turismo para la financiación del desafío español de la Copa.
En materia de infraestructuras sanitarias hay dos partidas para la construcción de un centro de salud en la avenida de Francia y para la remodelación del actual hospital de la Fe, en Campanar.
Todavía hay gente que se cree que el PP quiere arreglar el Cabanyal. ¿Quién son los capacitados para invertir en el Cabanyal? Rita y Camps ¿lo hacen?, un año más no. Todos aquellos que pensaban que para la Copa América estaría hecha la prolongación se tendrán que tragar sus palabras como otras tantas veces. Que lástima que luego sigan votando a esa pandilla de destructores y anticabanyaleros.
El Registro rechaza la sociedad del Cabanyal
H. García, Valencia
El Ayuntamiento de Valencia todavía no ha podido inscribir en el Registro Mercantil la Sociedad Cabanyal 2010 que creó con la Conselleria de Territorio y Vivienda y con varias empresas promotoras para la ejecución del plan especial del Cabanyal. Así lo explicó ayer el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, quien aseguró que el registro había rechazado las escrituras remitidas por «una cuestión técnica» relacionada con un error en los estatutos. Grau aseguró que él mismo subsanó las deficiencias y la semana pasada volvió a remitir la documentación al notario para que la inscriba en el Registro Mercantil. La Conselleria de Territorio y Vivienda y el ayuntamiento tienen la mayoría del accionariado de la sociedad, cuya misión es desarrollar el plan del Cabanyal que permitirá la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar y que tiene de frente a muchos residentes y vecinos afectados por los derribos.
Grau informó ayer, en relación al Parque de Cabecera, que Rain Forest, la empresa adjudicataria de la construcción y gestión del Bioparc, el Parque de Atracciones y el aparcamiento ha presentado ya el proyecto de ejecución del segundo espacio, que incluye una zona comercial y una pasarela que permitirá el acceso al bioparc y futuro zoológico. Según Grau, la empresa ya ha empezado las obras del aparcamiento de mil plazas del Parque de Cabecera y la construcción del muro pantalla, un proyecto del que no ha sido informada la oposición.
Menys les bombes intel·ligents, tot val contra el Cabanyal
FAUSTINO VILLORA - Salvem El Cabanyal-Canyamelar
He llegit a El Roto que deia: «No hagas caso, los
del tercer mundo siempre están simulando que les pasan desgracias para hacernos
sufrir». Està clar que es refereix a un sofriment més dur i fort que el del
veïnat del Cabanyal. Es refereix a una lluita a vida o mort de les persones de
l´Àfrica a les quals tant els deu Europa per haver-les colonitzat, explotat i
abandonat. Quan ho he llegit no he pogut superar els meus pensaments més
pròxims i locals, no per això ni més ni menys importants, ni evitar la
indignació per la situació que estem patint al Cabanyal.
I és que, de vegades, la idea que tant bé descriu
El Roto ens torba l´ànima i fins i tot arribem a preguntar-nos: ens queixem
massa? Segur que més d´un ho ha pensat alguna vegada. Doncs no, no es queixem.
El que fem és denunciar sempre que podem la violació dels drets humans més
elementals, la falta de seguretat ciutadana, l´abandó al que ens sotmet
l´autoritat municipal des de ja fa tants anys.
I no som pocs. L´Associació de Veïns/es del
Cabanyal-Canyamelar, la Plataforma, falles, cofraríes de la Setmana Santa...
Cadascú amb els seus mitjans hem denunciat la situació que viu el nostre barri.
En totes les protestes hi ha uns punts de coincidència: El Cabanyal necessita
que se solucione la marginalitat establida al barri, marginalitat que té com a
principal font d´ingressos la droga i, en molts casos, com a tapadora, el
subsidi social que dona l´administració. I també la permissivitat de
l´administració.
Hem resistit totes les amenaces físiques que ens
han fet, també les polítiques, cal assenyalar que les amenaces no venen tan
sols de la marginalitat. Primer Miguel Domínguez i desprès Alfonso Grau s´han
encarregat d´intentar amedrantar el moviment social al voltant de la
Plataforma. Denuncies i difamacions han estat al ordre del dia.
La Plataforma Salvem El Cabanyal ha declarat
reiteradament que la solució al problema plantejat es un projecte de consens,
de participació ciutadana, en el que quede demostrat l´interès general de tota
la ciutat.
Davant de les nostres reivindicacions, quina
resposta ens dóna el govern municipal de Rita Barberá?
Des de ja fa set anys estan fent servir l´arma més
criminal i cruel que es pot usar contra les persones i el patrimoni
-penseu que som plenament conscients del que diem ací. L´afirmació té una
correspondència directa amb la gravetat de la situació que sofrim.
L´arma prèvia a la utilització de la violència
física és l´assetjament psicològic i físic, un turment que comporta, a poc a
poc, la pèrdua de l´autoestima, l´alienació, que provoca la divisió i
l´enfrontament entre el veïnat d´un mateix carrer, d´un mateix poble.
Saben que la seua violència és molt difícil de
denunciar, ja que no la noten els que no la pateixen, és subliminar,
subterrània... Ho saben i per això la utilitzen i pensen que no tindrà mai
conseqüències per a ells, impulsors d´aquest projecte especulatiu.
La consciència col·lectiva es queda amb el fet que
al Cabanyal hi ha un conflicte, que hi ha una deixadesa per part de
l´administració, però és molt difícil que l´opinió pública puga percebre tota
la maldat que implica la falta de neteja, la falta d´inversions generalitzades,
la permissivitat amb l´establiment de tantes persones dedicades exclusivament a
la venda de droga..., tota una sèrie de greuges que comporten molta més
marginalitat de la que qualsevol barri pot assumir sense patir greus
conseqüències. Utilitzen la violència de guant blanc, i la perversitat que du
implícita mai no la podreu comprendre del tot si no la patiu directament,
cosa que no vos desitgem.
El 2 de novembre, he llegit al Levante-emv: «La
Generalitat contempla una anualidad de 445.000 euros (de los 5,5 millones del
presupuesto total) para el plan de rehabilitación de Russafa, casi la misma
cantidad que aportará al plan de la muralla islámica (Ciutat Vella), que lleva
meses de retraso. El Cabanyal, uno de los barrios de la fachada marítima, se
queda descabalgado de las inversiones de la Generalitat».
El homenaje a Cañuelo se convierte en un tributo a los vecinos
La familia agradeció el acto y la viuda del líder vecinal cerró la reunión echando sus cenizas al mar
Paco Varea, Valencia
El homenaje que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia realizó ayer a quien fue su presidente, el fallecido Antonio Cañuelo, se convirtió en un tributo a todos los socios de de las asociaciones de vecinos por su dedicación altruista y voluntaria por y para mejorar las calles, barrios y ciudades donde viven.
A Cañuelo no le faltó nadie en su homenaje, celebrado en el tinglado 2 del puerto de Valencia. Estuvieron las organizaciones de la capital de la Comunidad, o sea, todos aquellos que le conocieron y vivieron a su lado momentos de debate y de reivindicaciones, e incluso se sumaron otros colectivos, como Salvem el Cabanyal, AVACU y los Comerciantes de Benimaclet, para quienes la figura de Cañuelo fue algo más. Él desarrolló a lo largo de su vida una intensa actividad en pro de la mejora de su ciudad.
La organización, que ahora preside Mª José Broseta, invitó al acto, que tuvo lugar en el tinglado
II del puerto de Valencia, a políticos y otros representantes de sectores valencianos, y a buena que fe que respondieron, como concejales del equipo de gobierno (PP); del PSPV y de EU y de la Delegación del Gobierno y la Generalitat, pero los vecinos fueron los protagonistas.
Uno de
los primeros en intervenir fue un representante de la Asociación de Padres del
Instituto de Benimaclet, que en breve llevará el nombre de Cañuelo. Recordó la
lucha que protagonizó por mejorar la enseñanza en su barrio y después hablaron
sus compañeros de la asociación de Benimaclet, como Amparo Arce y Francisco
Guardeño, para dar paso a Juan Antonio Caballero, presidente de la Cave-Cova,
donde Cañuelo estuvo años como responsable de transportes. La presidenta actual
también intervino y cerró el turno la viuda del homenajeado, quien después de
agradecer el acto con palabras de cariño llevó en barco las cenizas de su
marido para tirarlas al mar.
El Cabanyal clausura la exposición de Portes Obertes
Una actuación del grup Combo Seda-Jazz sirvió ayer de clausura para la octava edición de la exposición Portes Obertes, una singular muestra de artes contemporáneo que se muestra en algunas de las viviendas que serán derribadas por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
El plan urbanístico está recurrido en el Tribunal Supremo, que tardará un mínimo de dos años en resolver esta cuestión. No obstante, la plataforma vecinal mantiene sus actividades culturales, como es el caso de Portes Obertes, para reiterar su rechazo a las demoliciones.
Estas afectarán a 1.650 viviendas, según los datos del plan. En muchos casos están deshabitadas y en ruinas, aunque la entidad vecinal propone una rehabilitación sin alterar la trama.
Anuncian el consejo de Cabanyal 2010
La empresa mixta que debe acometer las obras de la prolongación todavía no ha celebrado su primer consejo de Administración. Alfonso Grau manifestó su confianza en poder convocar antes de quince días una reunión de la Sociedad Cabanyal 2010, que se encargará de la ejecución del planeamiento del barrio, para nombrar al gerente y al director técnico.
A preguntas de los periodistas declinó adelantar los nombres de las personas que ocuparán estos cargos, aunque sí comentó que para el segundo puesto se ha pensado en un arquitecto.
El portavoz del gobierno municipal explicó que la sociedad no pudo inscribirse en el Registro Mercantil debido a la existencia de varios errores en los estatutos, deficiencias que ya han sido subsanadas, por lo que espera que en unos días la empresa quede registrada de manera definitiva.
Inician los derribos para el primer tramo de la prolongación de Blasco Ibáñez
Un edificio junto a la estación del Cabanyal será demolido para construir una rotonda
El edificio situado en la calle Juan Mercader, junto a la estación del Cabanyal, dará paso dentro de escasas fechas a una gran rotonda, en el arranque de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. La contrata ha iniciado ya los derribos, fuera de la zona protegida y que está en suspenso en los tribunales.
PACO MORENO/VALENCIA
El concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, informó ayer de esta demolición, producto de un convenio firmado en su día con Renfe, por el que la compañía ferroviaria cedía el inmueble al Consistorio, a cambio de una valoración económica todavía por decidir por la junta provincial de expropiación.
Desde mediados del pasado año, cuando se firmó el acuerdo para el derribo de las 24 viviendas, la empresa municipal AUMSA ha esperado el momento de encargar a la contrata el derribo de la finca, prácticamente colindante con la estación de Renfe del Cabanyal. Justo al lado, en la última campaña electoral se demolieron dos pequeños inmuebles cercanos, en lo que hoy son solares sin vallar repletos de hierbas y coches aparcados, algunos con aspecto de estar abandonados.
En lugar del antiguo edificio de Renfe, se construirá una gran rotonda para conectar la actual avenida Blasco Ibáñez con la futura prolongación. Las asociaciones vecinales, así como la plataforma Salvem el Cabanyal, no han intentado frenar el desalojo de los pisos ni su posterior derribo, como sí en otras zonas.
El motivo es que, según las tesis vecinales, estos deberían ser los últimos derribos en el barrio, para que la avenida termine en una gran plaza, sin internarse por la trama urbana del Cabanyal.
Bulevar San Pedro
Los planes del gobierno municipal son bien distintos. Es más, la empresa municipal AUMSA tiene en cartera la demolición de un conjunto de pequeños talleres y viviendas en los números 21, 95 y 101 de la calle San Pedro, así como el número 32 de la calle Francisco Eximenis y los números 8 y 10 de la calle Luis Despuig. Algunas de estas obras ya se han realizado, según confirmó el propio Grau. El futuro bulevar San Pedro será perpendicular a la prolongación de Blasco Ibáñez, según el proyecto municipal.
En total, la previsión es demoler 1.650 viviendas, muchas de ellas deshabitadas. La empresa AUMSA ha realizado varias compras directas, facilitadas por la apertura de una oficina en la calle de la Reina.
Aún así, la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, encargó un informe de tasación a expertos de TINSA, para intentar demostrar que las valoraciones de los edificios realizadas por el Consistorio se hicieron muy a la baja.
Según este documento, el precio de la expropiación tendría que ser el triple, a tenor de la situación inmobiliaria en la ciudad. El gobierno municipal replicó entonces, por boca del mismo Grau, que la estimación se realizó de todo el conjunto del barrio, y no de la zona afectada por la prolongación de la avenida.
En todo caso, la intención declarada del gobierno municipal es alcanzar acuerdos de compra venta, para evitar el proceso de expropiación de los inmuebles.
Acoso inmobiliario en El Cabanyal
Los vecinos abandonan las calles del barrio que coincide con la ampliación de Blasco Ibáñez por el hostigamiento y las amenazas
IGNACIO ZAFRA - Valencia
Cuando a Maite la amenazaron de muerte sabía que la cosa no iba en broma. Unos meses antes, El mudo le destrozó la puerta a otro vecino, con un hacha, unas manzanas más allá, después de que sus mujeres discutieran a gritos en la calle. A Maite la amenazaron sin sutilezas: "Me dijeron que bajara, que me iban a arrastrar del pelo por toda la barriada. Que si volvían a verme por el barrio, me mataban". Eran las 11 de la mañana. Maite acababa de pedirles que dejaran de tirar los escombros de la reforma desde el balcón a una camioneta. Hacía poco tiempo que se habían instalado en la casa de al lado.
Maite Barcete, de 38 años, profesora de danza en el conservatorio, es la única entrevistada que consiente en ver su apellido publicado en este reportaje. Seguramente porque hace dos años que abandonó la zona caliente de El Cabanyal, aunque no es la única que ha sido acosada hasta el agotamiento en el barrio por recién llegados, como El mudo o como el vecino al que le destrozó la puerta.
El Cabanyal es uno de los poblados marítimos de Valencia. Está formado por casas de dos plantas, levantadas a principios del siglo XX, y por calles largas que corren en paralelo al mar. Cuando la profesora se mudó a la calle de José Benlliure, en 1996, era "tranquilo como un pueblo". Hasta no hace mucho, la gente salía de casa sin cerrar la puerta.
Maite Barcete dice que la cosa empezó a ponerse fea a los tres años de vivir allí, coincidiendo con la aprobación municipal de la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez, que debía unir, en línea recta, el centro de la ciudad con la playa. La ampliación, paralizada mientras el Tribunal Supremo resuelve un recurso de Casación, interpuesto por los vecinos, atraviesa el corazón del barrio. Exige la demolición de 1.651 viviendas.
"Empezaron a ocupar casas, una enfrente de la mía", recuerda Maite, "empezaron a intimidar a los vecinos, a hacer hogueras y a vender droga. Nunca pensé que pudiera degradarse tan rápido".
Amparo tiene 50 años, y no se llama Amparo. Dice: "Preferiría que no pusieras mi nombre, porque estoy amenazada, me la tienen jurada". Amparo declaró en un juicio contra unos recién llegados, de etnia gitana, que organizaban peleas de gallos. Durante meses, en el corral de su casa, que es como llaman en El Cabanyal a los patios traseros, apareció cada mañana un pollo muerto, a veces más. Y luego bolsas de basura, pañales, ropa interior. Hasta que instaló una valla metálica de dos metros.
"Y no te creas que es racismo, porque yo he nacido en El Cabanyal, en Eugenia Viñes, y siempre me he llevado bien con los gitanos. Siempre nos hemos saludado y siempre nos hemos parado a hablar. Y cuando tenía un kiosco en la Malva-rosa enseñaba a muchos a leer, para que se sacaran el carné de conducir y no fueran por ahí por libre", dice Amparo.
Hay otra coincidencia que a los vecinos no se les escapa. De 17 puntos negros (por venta de drogas, degradación higiénica o inseguridad), 12 se encuentran en el rectángulo formado por las calles del Progreso (al este), de Pescadores (norte), de Amparo Guillem (sur) y de Sant Pere (oeste). Lo dice Salvem El Cabanyal, pero basta con darse una vuelta a pie por el barrio para comprobarlo. El rectángulo señalado por la asociación vecinal coincide con la espina dorsal del trazado de ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez, con el grueso de las casas que será necesario expropiar.
En el cruce de la calle de Amparo Guillem con Progreso una mujer gruesa, de más de 60 años, da un silbido y luego pregunta: "¿Qué quieres?, ¿Coca?". Al girar la esquina, quien repite el interrogatorio es un niño, de unos 11 años, con el pelo tintado de rubio, que añade: "¿hachís?". El chaval se dirige hasta una puerta en la que hay sentada una mujer joven, de unos 20 años, dando de mamar a un bebé. Repite: "¿Qué quieres?". A su alrededor hay suciedad y trozos de juguete, en varias manzanas no se ve un coche aparcado.
El niño pasa por encima de la mujer y del bebé, sube una escalera, sin baldosas, con las paredes mugrientas, y se asoma al primer piso, en el que sólo quedan los goznes de la puerta. Aquí, una tercera mujer, de unos 40 años, repite la pregunta y luego se mete la mano en el sujetador y saca un paquete envuelto en plástico. Corta a ojo un pedazo de hachís, y se lo da al chaval. En la casa de al lado, un comprador, un payo cincuentón, vestido con chándal, al que la red de vendedoras llama por su apodo, se agacha para recoger un pequeño papel doblado, envuelto en plástico, que acaban de dejar caer desde el balcón. Se lo guarda en el bolsillo, se despide, y sale caminando hacia la calle de la Reina.
En ese tramo de la calle del Progreso vivió durante 48 años Concha. Sus hijos se la llevaron en 2003. Para entonces Concha tenía 83 años y cuidaba de su hermano, disminuido psíquico, en una calle en la que mayoría de los vecinos habían muerto de viejos, habían vendido las casas o se los había llevado la familia. Una anciana que vivía enfrente falleció de un ataque al corazón, después de que los chavales de su calle le dispararan un tiro en el pecho con una escopeta de aire comprimido. Concha estaba acobardada, le daba miedo bajar a la acera; a su hermano los chavales le vacilaban, "y a veces le tiraban piedras".
Pero Concha no quería irse ni quiere vender, aunque a ella, como a Maite, Amparo, o Ana -otra vecina de 50 años que vive cerca de otro punto negro, la calle de Sant Pere-, los nuevos vecinos -en algún caso el mismo que en otras ocasiones les ha insultado- se les han acercado a decirles que querían comprarles, o al menos alquilar sus casas.
Ninguna ha vendido, pero representan la excepción más que la regla. En El Cabanyal se oyen historias de personas que han entrado en el banco con una bolsa llena de billetes, "porque los hay que pagan en metálico".
Los nuevos vecinos no son los únicos interesados en adquirir, a bajo precio, unas viviendas que serán derribadas si finalmente se ejecuta la ampliación de Blasco Ibáñez. Maite Barcete dice que lo último, quizá lo que peor sabor de boca le ha dejado, fue una llamada de teléfono, recibida en su nuevo piso, un año después de dejar el barrio, de una empleada de Actuaciones Urbanas Municipales Sociedad Anónima (Aumsa). "Me dijo que si quería vender la casa, ellos me la compraban. Le dije que de ninguna manera, y respondió: 'Bueno, si no quieres vender no vendas, pero te la van a expropiar igual".
Así es hoy esta parte de El Cabanyal, una zona en la que la mayoría de sus vecinos ha muerto, ha sido expulsado, o vive con miedo. Unas calles declaradas Bien de Interés Cultural en 1993 en las que desde hace años no se ha dado ni una sola licencia de rehabilitación. Y en el que las casas, tradicionalmente coquetas, aparecen sucias, o tapiadas con gruesos muros de hormigón. Un barrio que los antiguos vecinos, hijos o nietos de pescadores, de trabajadores del puerto y de astilleros, apenas reconocen.
Dejar morir un barrio
El Partido Popular aprobó la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez en 1999. Pretendía llevar a la práctica la vieja aspiración, barajada por otros responsables municipales a lo largo del siglo XX, de abrir una vía amplia entre el centro de la ciudad y la playa urbana. Un plan que siempre había chocado con un problema estructural: El Cabanyal, un antiguo pueblo de pescadores, está organizado en paralelo al mar, mientras que la ciudad ha crecido hasta sus puertas en perpendicular a la playa.
La medida fue aprobada por el Gobierno de Rita Barberá con el voto en contra de los partidos de la oposición, y con las críticas de los arquitectos. Al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura, que debía dar el visto bueno, les costó encontrar alguno dispuesto a bendecir el plan.
La resistencia más enconada, sin embargo, la establecieron los vecinos, que han conseguido retrasar seis años la ejecución de las obras. Pero este es un tema complejo. Durante más de una década, el PP fue la formación más votada en el barrio. Una hegemonía que acabó en las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, cuando en el conjunto de los poblados marítimos -El Cabanayal-Canyamelar, Natzaret y la Malva-rosa- los partidos de la izquierda recuperaron su mayoría tradicional. Los vecinos, sin embargo, mantienen un sólido enfrentamiento entre quienes piden la anulación del proyecto y una rehabilitación global y quienes prefieren que llegue la avenida, que tiren abajo la zona "podrida", con la esperanza de recuperar la tranquilidad.
La resistencia tampoco ha sido fácil. Salvem el Cabanyal denuncia que hace años que el Ayuntamiento dimitió de sus obligaciones, no sólo en materia de seguridad ciudadana, sino de la pura limpieza de las calles. Una acusación que un paseo puede respaldar.
Faustino Villora, portavoz de la plataforma vecinal, dice: "Durante mucho tiempo nos dedicamos a recoger firmas para exigir medidas básicas, como el baldeo de las calles o el vallado de solares de propiedad municipal. Pero hemos dejado de hacerlo. Movilizar a los vecinos por esa vía sólo daba trabajo, y la falta de respuesta sólo daba frustración. Desde hace algún tiempo ya sólo nos concentramos en resistir". Por aquello de que resistir es triunfar.
Manuel Vicent:«La melancolía hace que valores el tiempo que te queda»
«Verás el cielo abierto» está basado en las memorias del autor
Violeta Camarasa, Valencia
«Ya dijo Pío Baroja que la novela es un saco en el que cabe todo, su interpretación depende de cada lector». Con estas palabras justifica Manuel Vicent que su nueva obra se catalogue como una novela, a pesar de ser una fusión de géneros literarios que van de la autobiografía al libro de cocina o la guía de viajes. Verás el cielo abierto es, según su autor, «material de derribo, un espejo roto».
Básicamente, un elenco de pequeñas historias rescatadas de la memoria del escritor valenciano, ligadas por la presencia de la figura de una mujer, que, «a modo de coro griego», hace de hilo conductor. Sin embargo, Vicent insiste en que no se trata de un «libro de memorias» y que la novela narra «hechos reales, pero no autobiográficos, porque no me atañen sólo a mí». «Con el tiempo, memoria e imaginación se entremezclan y pueden dar lugar a un producto literario», explica el autor. Todo empieza un atardecer de finales de verano en una casa de Dénia frente al mar, donde Vicent solía veranear cuando era niño. Los recuerdos le invaden y revive algunos momentos de su vida, ausentes de sus libros Contraparaíso, Tranvía a la Malvarrosa y Jardín de Villa Valeria. «El material de trabajo es prácticamente el mismo de Contraparaíso y Tranvía a la Malvarrosa, pero cambia la mirada. El punto de vista de la primera era desde la infancia, el de la segunda desde la adolescencia. Ahora es la mirada de la madurez, desde el presente», explica Vicent.
A pesar de todo, según el autor, los recuerdos «no se abordan desde la nostalgia», porque, dice, «no es nada literaria». «La melancolía es nostalgia entendida hacia adelante, hace que valores el tiempo que te queda por vivir», añade.
A lo largo de la novela, y a través del tiempo, el lector es conducido por diversos rincones de la costa valenciana, un paisaje hoy dominado por los bloques de apartamentos y las urbanizaciones. «El paisaje tiene alma, un alma que es de todos. Es lo que en arquitectura se conoce como un asesinato, un asesinato por intereses económicos», cuenta el escritor. «La destrucción del Cabañal es terrorífica, lo del Balneario de las Arenas es lo más agresivo que he visto y Dénia es un ejemplo de destrozo general. Ahora hacer país es hacer PAIs», concluye.
Barberá presenta un presupuesto que asciende a 683 millones tras subir un 4,8%
El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2006 ascenderá a 683,47 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,8 por ciento respeto a 2005, mientras que la inversión superará los 77,8 millones de euros, lo que significa un aumento del 7,2 por ciento sobre el actual ejercicio presupuestario.
Así lo dio a conocer hoy la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, quien acompañada por el concejal de Presupuestos, Silvestre Senent, y por el resto de su equipo de Gobierno destacó en rueda de prensa que el presupuesto consolidado del Ayuntamiento alcanzará los 803,42 millones de euros, con lo que crece un cinco por ciento respeto a este año.
Barberá destacó que se trata de un "presupuesto expansivo" que responde "a las prioridades, demandas, inquietudes y retos de Valencia en 2006" y consideró las cuentas como "sensibles y dialogadas", porque, según dijo, recogen las reivindicaciones formuladas por los vecinos.
Así, señaló que la de Bienestar Social será la Concejalía que más crezca, con un aumento del 6,6 por ciento y un presupuesto de más de 19 millones de euros, que se destinarán a ayudas al domicilio y programas de asistencia, así como a organizar el quinto foro de ciudades contra la pobreza, que se celebrará en 2006.
Además, Urbanismo tiene prevista una inversión de 17,5 millones de euros, de los que seis millones se destinarán al Plan del Cabanyal, 1,5 millones a la remodelación de la plaza redonda y el resto a expropiaciones y adquisiciones de suelo y renovación de aceras.
Barberá reparte los 78 millones de inversiones para 2006 en pequeñas obras en los barrios
El distrito más favorecido
será el Marítimo, con 11,2 millones de euros, y la principal aportación
municipal se centrará en la apertura de Blasco Ibáñez
Día de números en el Ayuntamiento, donde la alcaldesa Rita Barberá presentó ayer los presupuestos municipales de 2006. El capítulo de inversiones alcanzará los 77,8 millones de euros, con un aumento del 7,2% respecto a este año. El criterio ha sido repartir el dinero en todos los barrios, para cumplir así las reivindicaciones vecinales.
PACO MORENO/VALENCIA
El presupuesto consolidado, es decir, el del Consistorio más sus empresas, llegará a los 803 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio actual. Barberá habló de unas cuentas “expansivas” por el aumento de la partida de inversiones, así como de conjugar las prioridades de los barrios con grandes proyectos en los que se ha embarcado la ciudad, como es el caso de los Mundiales de Atletismo en 2008 y el Encuentro Mundial de la Familia en 2006.
“Son responsables y coherentes con la propia evolución de la ciudad; respuesta a nuetro programa electoral y sensibles con las peticiones de las asociaciones de vecinos, con quienes hemos tenido varias reuniones para conocer sus inquietudes.” Entre las inversiones reales, las transferencias de capital y las actuaciones de la empresa municipal AUMSA se llega a un total de 77,8 millones de euros.
En su comparecencia, la alcaldesa desgranó todas las obras públicas y equipamientos que se harán en los barrios. La idea común en todos los distritos es llegar al máximo número de proyectos, con partidas que van desde los 1.500 euros de la reparación de una biblioteca en el barrio del Botánico hasta los seis millones de euros que se destinan a la empresa mixta para la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
Esta partida es la más abultada de todo el presupuesto de inversiones. Se trata de la aportación anual y Barberá destacó con ello que el distrito Marítimo se llevará 11,2 millones de euros, la séptima parte de lo que se hará en toda la ciudad.
Además de la cantidad para la empresa citada, también se aprobará en el próximo pleno la expropiación de solares para jardines en la calle Río Tajo, con una inversión de 1,58 millones de euros.
Valencia apuesta por las inversiones en el plan de El Cabanyal, Ciutat Vella y la Copa del América
Barberá deberá consultar al Gobierno para nuevos créditos al superar la deuda el 115%
SARA VELERT - Valencia
Responsables y coherentes con la realidad. Así definió ayer la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, los presupuestos del Ayuntamiento para 2006, que crecerán un 4,8% frente al 9,1% del ejercicio anterior y mantendrán un alto nivel de endeudamiento que exigirá la supervisión del Gobierno para contratar nuevos préstamos. Barberá consideró que los presupuestos, que ascenderán a 683,4 millones de euros, conjugan "las demandas ciudadanas" y la "ambición de ciudad". El PP mantiene su apuesta por el plan de El Cabanyal, inversiones en Ciutat Vella y la Copa del América. El porcentaje de crecimiento de las cuentas municipales frente a 2005 se reduce a la mitad, a pesar de lo cual para la alcaldesa el presupuesto "es expansivo" y "responde a las prioridades, inquietudes y retos de la Valencia de 2006", que afrontará la organización del Foro Mundial de Ciudades contra la Pobreza, el Encuentro de la Familia, regatas de la Copa del América y el Mundial de Atletismo de Pista Cubierta.
El presupuesto del Ayuntamiento -683.471.932,7 euros, que sube a 803.425.220 euros con empresas municipales y organismos autónomos- se verá condicionado por el fuerte endeudamiento, debido en parte al crédito extraordinario de 64,8 millones de euros pedido para realizar obras con vistas a la Copa del América de 2007. Según explicó el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, la deuda a 1 de enero de 2006 ascenderá a 772 millones de euros, el 122,8%. Este elevado porcentaje se verá reducido al 115,5% cuando se realice la liquidación del actual presupuesto, puntualizó Senent. No obstante, al superar el 110%, el Ayuntamiento se verá obligado a solicitar autorización al Gobierno para contratar 56,5 millones de euros en préstamos para afrontar el capítulo de inversiones de 2006.
La alcaldesa centró la presentación de los presupuestos en el capítulo de inversiones y transferencias de capital, que suma 74.161.855,18 euros, lo que supone una subida del 7,2%. En el desglose de las actuaciones previstas para cada concejalía, Barberá destacó el incremento en las áreas de bienestar social que, con un total de 19 millones de euros, aumentan su dotación un 6,6%, destinada principalmente a ayudas a domicilio y otros programas asistenciales. También resaltó la alcaldesa los refuerzos para la seguridad ciudadana, que contará para la Policía Local y los bomberos con 92,3 millones de euros.
"Los presupuestos mantienen la intensidad del ritmo inversor", señaló Barberá. Este "ritmo inversor" se reforzará en actuaciones de renovación urbana, dotaciones deportivas y culturales proyectadas con vistas a la Copa del América, y también se notará en El Cabanyal, donde el equipo de gobierno del PP mantiene su plan de abrir la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio, aunque no podrá actuar en la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) hasta que lo decida el Tribunal Supremo. Barberá resaltó que el Ayuntamiento invertirá seis millones de euros en la urbanización prevista en el plan de El Cabanyal, además de continuar, con una dotación escasa, la compra de viviendas para abrir la avenida y acometer la expropiación de suelo escolar. Aunque no todas las inversiones están ya asignadas a proyectos concretos en los barrios, Ciutat Vella se perfila como el distrito más beneficiado, con al menos 10,6 millones de euros, que se gastarán en la plaza de l'Almoina, urbanización del centro histórico, la rehabilitación de la plaza Redonda y del Mercado Central. En el distrito de Poblats Marítims, los 11,2 millones de euros asignados se destinarán a alcantarillado, expropiación de suelo escolar en El Grau, el mencionado plan de El Cabanyal y actuaciones en jardines.
Barberá también resaltó la remodelación del velódromo Luis Puig para la celebración del mundial de atletismo, la adquisición de nuevo suelo escolar, y obras de saneamiento y alcantarillado, entre otros planes. El presupuesto, que en el 43% se financiará con impuestos -incluidos las transferencias del Estado-, se llevará para su aprobación al pleno de este mes, indicó la alcaldesa.
Las cocinas de un hospital impedirán que Tarongers llegue hasta el paseo marítimo
El ayuntamiento corrige el plan urbanístico para atender una petición de Sanidad
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988 incluyó seis avenidas de conexión de Valencia con su fachada litoral. Debían ejecutarse, modificarse o prolongarse para mejorar las comunicaciones de la ciudad con su frente marítimo. Esas grandes vías son, de Sur a Norte, la Alameda y las avenidas de Francia, Baleares, del Puerto, Blasco Ibáñez y dels Tarongers.
P. Varea/J. Damiá, Valencia
Esta última se ha ido abriendo paso año tras año desde el scalextric de la avenida de Cataluña hasta Serrería, separando como gran bulevar los campus de las universidades de València y Politécnica. Pero ahora, después de años de expropiaciones y ejecución a tramos, terminará en la calle Isabel de Villena sin llegar al paseo marítimo, donde el arquitecto Miquel Colomina diseñó unos pórticos de hormigón blanco para recibirla. La Conselleria de Sanidad y el Ayuntamiento de Valencia han decidido cegar el avance de Tarongers y mantener el uso hospitalario en una franja de terreno que alberga las calderas y cocinas del hospital de Malvarrosa y que el plan inicial preveía demoler para conectar a avenida con el paseo marítimo.
La comisión de Urbanismo validó en su reunión de ayer la nueva ordenación viaria del entorno después de que se optara hace un año por cambiar el plan especial. Ahora, de los 20 metros que ocupan las cocinas y un pasillo al descubierto que las conecta con el hospital se usarán 10 para ampliar el recinto sanitario y los otros 10 serán para ampliar la calle Acequia de la Cadena, una anchura insuficiente para el paso de la avenida, que tendrá que desembocar en el paseo por la calle paralela.
Con este cambio el equipo de gobierno (PP) aparca la idea inicial de Colomina de llegar con la avenida hasta el paseo y se respeta la voluntad de la conselleria de mantener unos terrenos de uso hospitalario, que se convierten en el tapón de la vía.
La Conselleria de Sanidad cuenta con unos tres millones de euros en los presupuestos de 2006 para ejecutar el derribo de las cocinas y ocupar hasta su mitad con recinto hospitalario.
Así, cuando se abra la Avinguda dels Tarongers, los conductores llegarán hasta la calle Eugenia Viñes y girarán a la derecha, siguiendo la vía del tranvía, para incorporarse al paseo con un nuevo giro, pero esta vez a la izquierda, y entrar en un vial que, hasta ahora, sólo era de servicio para ambulancias de la residencia de El Carmen.
El portavoz socialista en el ayuntamiento, Rafael Rubio, comentó ayer que su grupo había respaldado el cambio de ordenación viaria pero incidió en los notables esfuerzos por respetar los deseos de la conselleria mientras en el caso del Cabanyal, con un casco histórico protegido, y pese la oposición vecinal a la prolongación, el ayuntamiento mantiene su tesis de ejecutar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. «Lo que aquí nos parece normal para no molestar a los vecinos, en el caso del Cabanyal no se considera como tal», explicó haciendo referencia al proyecto de prolongación de una avenida, la de Blasco Ibáñez, que, hasta estos momentos, permanece bloqueado a la espera del fallo del Tribunal Supremo por la oposición vecinal, que defiende la rehabilitación del barrio en vez de que quede partido por la mitad.
El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, explicó que «la modificación puntual del PGOU aprobada en la zona del paseo, realizada a petición del servicio de Circulación para resolver la comunicación de la avenida de los Naranjos (dels Tarongers) con la fachada marítima se ha hecho para resolver un problema de tráfico. Como la vía directa al mar desde la avenida de los Naranjos se estrecha debido a que el Hospital de la Malvarrosa ocupa parte de la calzada, se ha optado por dejar esa vía en sentido hacia la avenida y dirigir el tráfico contrario dando un rodeo a la residencia de El Carmen, de manera que este edificio haría la función de rotonda».
Con esta aprobación también se cambia la ordenación de la planta viaria original de la avenida, ya que terminaba en el paseo, cerca de la fuente de los delfines, y ahora un pequeño tramo es de salida a Eugenia Viñes y de incorporación a la Avinguda dels Tarongers en sentido al centro de la ciudad.
Tarongers, que era una vía de acceso al paseo marítimo, queda así estancada ante las cocinas de un hospital.
El coautor del plan del Paseo Marítimo emplaza a llevar Tarongers hasta el mar
El arquitecto Colomina
denuncia que faltan los pórticos en el área de Eugenia Viñes
Paco Varea, Valencia
El coautor del proyecto del Paseo Marítimo de Valencia y catedrático de Urbanismo, Juan Luis Piñón, emplazó ayer al Ayuntamiento de Valencia y a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat a terminar la avinguda dels Tarongers tal como figura en el plan especial y a respetar el proyecto original donde se contempla que termina en la calle Pavía, a derribar el edificio de las cocinas del Hospital de la Malvarrosa y a no ocupar más espacio del nudo viario, como sí se hará.
A Piñón no le extrañó nada la decisión de los actuales responsables de las instituciones valencianas de incumplir una vez más un plan aprobado hace años «porque en la costa han hecho lo que han querido» y espera que recapaciten la decisión tildada de «barbaridad».
El arquitecto recordó que desde el consistorio local se han olvidado por completo del plan aprobado e hizo hincapié en un incumplimiento más en la misma vía de comunicación de Tarongers. «La avenida termina en el mismo paseo pero en el cruce con Eugenia Viñes se diseñó, y así está en el plan, unos pórticos de llegada al mar. No los han hecho y que no digan en momento alguno que son otra cosa, como edificios, porque es mentira. Los pórticos del propio paseo también están inacabados», explicó el urbanista que junto a Colomina firmaron el plan. Él espera que no se produzcan más anomalías pero no le extrañaría nada.
Desde la Conselleria de Sanidad un portavoz manifestó ayer que están en negociaciones con el ayuntamiento para derribar el edificio de las cocinas y calderas pero no explicó si van a dar marcha atrás en ocupar más zona de la contemplada en el plan del paseo. Sanidad y ayuntamiento acordaron mantener más zona de hospital de la prevista en el planeamiento.
Ya no se verá la playa a 3 kilómetros
La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar se preguntaba ayer «dónde habían quedado los sueños oníricos de poder ver el mar desde tres kilómetros de tierra a dentro y quién había decidido que no merecía verse desde Tarongers».
El vicepresidente de la asociación, Vicente Gallart, calificó la decisión de no llevar la avenida hasta el mar de «arbitraria mientras a 800 metros al sur se quiere abrir Blasco Ibáñez demoliendo más de 1600 viviendas. No se quiere tirar el hospital sino ampliarlo 10 metros».
El dirigente vecinal destacó la importancia de la avenida «por desempeñar un papel más importante que la de Blasco Ibáñez porque forma parte de la ronda de la ciudad y es el acceso natural a la playa por la zona norte».
Salvem el Cabanyal insta a
los vecinos a no vender sus casas a cualquier precio
Los dirigentes dicen que la Generalitat expropia por más del triple que el ayuntamiento
Paco Varea, Valencia
La Plataforma Salvem el Cabanyal realizó ayer un llamamiento a los vecinos a oponerse a vender sus viviendas al precio que oferta la empresa municipal Aumsa en una una medida de resistencia a la administración municipal sobre sus planes de ejecución del plan del barrio que conlleva, en estos momentos, la prolongación lineal de la avenida de Blasco Ibáñez, según se acordó en la asamblea realizada ayer tarde en el salón de actos de la residencia del Carmen.
El portavoz de la plataforma, Faustino Villora, recordaba que hasta el momento la administración no ha hecho mucho por el barrio ni tan siquiera los equipamientos previstos en el planeamiento aprobado hace unos años y explicaba que «pese a figurar en los presupuestos de Aumsa y del ayuntamiento cantidades millonarias para invertir en el Cabanyal desde 2002, año del inicio del proceso de compra de viviendas, la mentada empresa sólo ha adquirido 32 casas». El portavoz explicó que en estos momentos Aumsa ofrece a los propietarios de viviendas entre 450 y 500 euros por metro cuadrado mientras que por la llamada Casa de la Palmera ha llegado a pagar 1.100 euros por metro cuadrado «cuando ese edificio se derribe habrá viales del llamado bulevar San Pedro. Por contra, la Generalitat paga por las expropiaciones para la obra del tranvía a 1.800. Las diferencias entre las cifras de adquisición son, en nuestra opinión, considerables». Por su parte, los representantes de la plataforma lamentan que desde las instituciones se haya alentado un inicio de la prolongación hasta en siete ocasiones pero nunca ha empezado nada.
El Cabanyal reafirma su rechazo contra los planes de Barberá
La plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar celebró ayer una asamblea general para repasar los acontecimientos de los últimos meses e informar a los vecinos del barrio. En la reunión, los integrantes de la plataforma y los vecinos reafirmaron su oposición a los planes de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal. Los afectados insisten en que el barrio necesita rehabilitación y un plan consensuado.
Tras la clausura reciente de las actividades culturales que cada año se realizan en el barrio bajo el paraguas de Portes Obertes, el teniente de alcalde, Alfonso Grau, habló de iniciar "derribos" en la zona, recordó ayer el portavoz de Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, un anuncio que el gobierno local del PP repite periódicamente. Sin embargo, el Tribunal Supremo mantiene paralizada cualquier actuación del Ayuntamiento en la zona del barrio declarada Bien de Interés Cultural (BIC) tras admitir a trámite el recurso de la plataforma Salvem El Cabanyal.
Mientras se sustancia en el Tribunal Supremo el recurso, un procedimiento que puede prolongarse años, el Ayuntamiento sigue sin impulsar una actuación decidida de rehabilitación en el barrio, denuncian los vecinos. Según destacó ayer Villora, los presupuestos municipales de 2006 reflejan la inversión prevista en la sociedad mixta creada por el Ayuntamiento, la Generalitat y la empresa privada para acometer el plan de actuación integral en El Cabanyal-Canyamelar, pero "no hay nuevas inversiones". En la sociedad participan varias constructoras, entre otras empresas.
Compra
de casas
La asamblea, que habitualmente se celebra cada tres meses y a la que ayer
asistieron más de 200 personas, también repasó la actividad de la empresa
municipal Aumsa, encargada de comprar viviendas en el barrio para ejecutar el
plan de El Cabanyal. Según los datos de la plataforma, Aumsa ha comprado 32
casas desde 2001, y recientemente pagó una a precio de mercado, cuando hasta el
momento "había ofrecido un tercio o una cuarta parte" del valor real
de las viviendas. De mantener Aumsa precios más altos, el coste del plan se
elevará considerablemente.
La plataforma recordó, además, que hace unos meses el Ayuntamiento inició el derribo de varias casas, una actuación que los vecinos llevaron a los juzgados tras manifestarse ante los inmuebles afectados. Villora explicó ayer que el Ayuntamiento ha tenido que reparar desperfectos en las casas para evitar peligros de derrumbe y su deterioro. Fuera del BIC, el Ayuntamiento ha concedido licencias de derribo en torno al bulevar de San Pedro, actos que también ha recurrido la plataforma en los juzgados.
Grau afirma que en 15 días
los vecinos afectados por las expropiaciones de El Cabanyal deberán vender sus
casas a una sociedad
El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, afirmó hoy que en quince días los vecinos del Cabanyal afectados por las expropiaciones tendrán que vender sus viviendas a la Sociedad Cabanyal 2010, porque ya está registrada en el Registro Mercantil.
AGENCIAS
Grau respondió de esta manera, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, al ser preguntado por el llamamiento que la Plataforma Salvem el Cabanyal ha realizado a los vecinos de la zona para que no vendan sus casas al precio que oferta la empresa municipal Aumsa.
Grau manifestó que si los vecinos lo prefieren, él estará "encantado" de que las vendan a la Generalitat porque también participa, a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), en la citada sociedad, que se encarga de la ejecución del planeamiento del barrio.
En todo caso, indicó que en quince días los vecinos tendrán que vender sus viviendas a la Sociedad, que ya está registrada el Registro Mercantil, después de solucionar unos errores técnicos en sus estatutos
El Levante se ha vuelto loco. Da palio a Grau es sus amenazas de robo de viviendas en el Cabanyal. ¿QUÉ VECINOS ESTÁN AFECTADOS POR LAS EXPROPIACIONES DE EL Cabanyal? Rigor periodístico es algo que no se da en el diario levante. ¿si los vecinos están afectados por las expropiaciones, por qué Grau los amenaza diciendo que tienen que vender? Ni mafias rumanas ni rusas, en Valencia hay una mafia que se llama PP Sociedad Anónima, alimentada desde la prensa
Carta desde el exilio
CARLOS ROJO JIMÉNEZ - VOLUNTARIO SOCIAL EN IRLANDA. EX MIEMBRO DE LA CÁRITAS PARROQUIAL MARÍA INMACULADA DE VERA DE VALENCIA
Quizá pueda parecer extraño a estas alturas de nuestra historia, pero les puedo asegurar que uno ha sentido la necesidad de marcharse de su barrio, de su ciudad, Valencia, y de su país, España. No voy a tratar de compararme a ninguno de los que tristemente lo tuvieron que hacer a causa de nuestra guerra fraticida y posterior régimen de bondad para los insurrectos vencedores. Pero en estos tiempos en los que nuevamente las posturas se enconan, cada vez más, en un o conmigo o contra mí, de repente uno se siente con esa necesidad de alejarse y respirar aires distintos.
Y todos tenemos corazón, y aunque se sigue pensando lo mismo, todos nos dolemos de los golpes y de las enemistades que provoca decir lo que uno piensa y luchar por la dignidad de las personas. Pero no me convertiré en un Flanders (cristianito y buen vecinito de la televisiva serie Los Simpson) que va a intentar llevarse bien con todo el mundo. Como dice Jesús en el Evangelio: «he venido a encender fuego en el mundo, ¡y cómo querría que ya estuviera ardiendo! (?) ¿Creéis que he venido a traer la paz a la tierra? Pues os digo que no, sino división. (?) El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre; la madre contra su hija y la hija contra su madre?». Lc 12, 49-53
Pero cuando uno se marcha a otro país espera que vaya a cambiar algo en casa y pronto uno se da cuenta que eso no va a pasar y ello no deja de irritar. Al darse una vuelta por los diarios digitales de mi país, y en concreto, los valencianos, se ve como nada cambia. Sólo se ve el eterno interés del gobierno local por autofinanciar a su partido a través de la concesión de grandes proyectos inmobiliarios, haciendo creer que con obras faraónicas se arreglan los problemas de la gente. Pero para conseguir todo ese glamour tienen que, precisamente, traficar a hurtadillas con el dinero público y, al fin y al cabo, con el día a día de los ciudadanos.
Nuestros políticos locales siguen sin ocuparse de aquellos que tendrían que ser su máxima preocupación, los empobrecidos por este sistema perverso. Condenando de por vida a niños, mujeres y ancianos a vidas de precariedad. Pero no, «cuanto menos nos cuesten esta pandilla de vagos, mejor». Porque es esa la concepción de la persona y del ciudadano que se trasluce de sus acciones políticas, llevando a porcentajes paupérrimos los presupuestos destinados al bienestar social.
La única política que ejercen con rapidez es, por poner un ejemplo, intentar que desaparezcan tramas urbanas históricas, de interés patrimonial tan interesantes como el Cabanyal, para poder darles suelo a sus amigos del hormigón. Sin atender lo importante que fue ese barrio como red social, sin atender la posibilidad turística de futuro que tiene un barrio de pescadores bien cuidado en la ciudad y sin atender, y más importante, que allí hay viviendo muchas familias sin recursos y sin la propiedad de las casas, que aunque ciertamente no tienen derecho legales sobre la vivienda, tienen derechos de trato digno por las administraciones públicas.
Y hemos de recordar que esta situación de familias sin recursos en viviendas que no son de su propiedad la provocaron tanto los gobiernos socialistas como populares en la ciudad, no concediendo en muchos años permisos de obras a los legítimos dueños, provocando la desazón y el abandono de sus propias casas. Si la ejecución de la ampliación de Blasco Ibáñez se lleva finalmente acabo, vamos a tener un gran problema social con todas las familias que no tenían más recurso que pegarle una patada a una puerta para alojar a los suyos.
Pero la gran idea llega a través de nuestro conseller Rafael Blasco (popular antes que socialista, o al revés, ya no lo sé). La idea es eliminar el problema concentrando a todas esas familias, más a todas las que actualmente no podemos ocupar en ningún sitio. ¿Dónde? En el nuevo barrio de la Coma. ¿Socio? qué? Por favor, no se rían de la gente de esta manera intentando llamar social al nuevo gueto en Valencia. Desde hace mucho tiempo son muy conocidas, en el ámbito de los profesionales de servicios sociales, las pretensiones del gobierno local con el nuevo proyecto de Sociopolis, oficiosamente claro.
Por más que los arquitectos encargados de desarrollar el proyecto estén dándole toda la intención por construir viviendas dignas y con buenos equipamientos comunes, tal pretensión política condena, a lo que quizá es un buen proyecto arquitectónico, a una degradación veloz y socialmente a ser un hervidero de nuevos problemas y situaciones de vida indigna para muchas personas, repitiendo el concepto de concentración de persona molestas para nuestros políticos. El barri de la Coma, fue la misma acción e incluso también las viviendas estaban bien equipadas en un principio, pero todos sabemos en lo que se convirtió. Y aun siendo un secreto a voces nadie dice nada y el proyecto cuenta o con el incomprensible beneplácito o con el cómplice silencio de políticos en la oposición y movimiento ciudadano, sin hablar de las organizaciones que tienen en sus estatutos luchar contra la pobreza, como Cáritas Diocesana de Valencia.
¿Para cuándo la paralizada Ley de Rentas Mínimas? ¿Para cuándo un inyección suficiente de recursos dignos y no meros maquillajes a los Servicios Sociales de la Generalitat? ¿Para cuándo la multiplicación, por lo menos por siete, de los profesionales de Servicios Sociales, tal y como recoge que se necesita alguna estimación sociológica reciente? O ¿es que con la Ciudad de Calatrava se ha gastado de por vida los recursos económicos del Consell? (Otro gran secreto a voces) Pero esas son las cuestiones que se esperan que alguna vez se aborden. Esas son las cuestiones que desde mi voluntario retiro a otro país se espera que empiecen a cambiar. Pero todo sigue igual.
Como dije, estar en la trinchera, bajo el fuego cruzado de unos y otros, no es nada cómodo, pero los que hemos tenido delante a tantas personas empobrecidas por este mísero sistema, y pensamos como yo, nunca nos quedaremos callados, mientras podamos. Pues realmente tenemos la certeza de que todo, algún día, va a cambiar, y para mejor.
Cabanyal 2010 se reunirá para poner en marcha el plan de actuación
P. Varea, Valencia
La Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y promotores celebrarán el próximo jueves, 15 de diciembre, la primera reunión de la Sociedad Cabanyal 2010 en la sede de la Conselleria de Territorio y Vivienda, en la calle Arquitector Alfaro, para nombrar al gerente y el director técnico de la entidad y comenzar a diseñar el plan de actuación en los barrios de los poblados marítimos.
Así lo anunció ayer el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, después de que se subsanarán los problemas que el Registro Mercantil detectó en la inscripción. Uno de ellos fue que se debía poner explícitamente que los consejeros no recibirán remuneración económica por asistir a las reuniones.
Una vez nombrados los responsables de la sociedad, cuyo fin es gestionar el plan del Cabanyal, el siguiente paso será dotarle de presupuesto que debe salir de las arcas municipales y autonómicas. Uno de los nombres que sonó para gerente fue el director de Vivienda, Bernabé Bueno.
Un jutjat suspén cautelarment l'enderroc de 4
edificis del barri del Cabanyal de València fora de la zona BIC
Salvem el Cabanyal diu que la interlocutòria
paralitza estes actuacions "perquè pretenen degradar" i demana un nou
PEPRI amb participació ciudadana
VALÈNCIA, 15 (EUROPA PRESS)
El jutjat contenciós administratiu número 2 de
València ha ordenat en una interlocutòria la suspensió cautelar del derrocament
de quatre edificis del barri del Cabanyal de la ciutat ubicats fora de la zona
declarada Bé d’Interès Cultural (BIC), segons ha donat a conèixer hui la
Plataforma Salvem el Cabanyal en una roda de premsa en què han participat
membres del col·lectiu veïnal i dels grups municipals del PSPV i EU-Entesa.
Des de Salvem, han subratllat la
"importància" d'esta resolució, ja que per primera vegada es
paralitza el derrocament d'immobles situats fora de l'àrea BIC, en este cas
integrats en l'anomenat Bulevard Sant Pere, per la qual cosa se "desmunta
la tesi de l'Ajuntament de València que no tindria cap impediment per a
realitzar derrocaments fora d'eixa zona", ha explicat José Luis Ramos,
portaveu del col·lectiu veïnal.
En concret, les llicències de derrocament
paralitzades corresponen a tres immobles situats als números 95, 101 i 21 del
carrer de Sant Pere i un edifici siti en el carrer Francesc Eiximenis 32. Este
últim és un magatzem que, "a pesar que Salvem el Cabanyal va recórrer
contra el seu derrocament el 5 d'octubre, l'endemà l'ajuntament va intentar
iniciar les obres de demolició", ha assegurat Ramos, que ha agregat que
finalment no es va completar esta actuació "perquè vam avisar del recurs".
En este punt, s'ha preguntat si "Rita Barberà, Alfonso Grau o algú de
l'ajuntament pensa responsabilitzar-se políticament o econòmicament si decidim
demanar que es reconstruïsca" este edifici.
La interlocutòria, contra la qual es pot
interposar un recurs d'apel·lació, respon al recurs presentat per Salvem el
Cabanyal el 5 d'octubre passat en què se sol·licitava la suspensió d'estes
llicències de derrocament. Ramos ha explicat que l'associació va argumentar que
amb l'enderroc d'edificis fora de la zona BIC, el consistori "està fent un
abús del dret i actuant de mala fe, ja que no ho fa amb ànim de beneficiar-se
sinó de perjudicar tercers", ha afirmat Ramos.
En esta línia, ha manifestat que
"l'ajuntament derroca, no per a construir el futur projecte del PEPRI del
Cabanyal, ja que no el té aprovat perquè està pendent de resolució del Tribunal
Suprem, sinó que ho fa per a crear solars i degradar l'entorn". Per això,
ha avançat la intenció de la Plataforma d'"actuar de la mateixa manera
cada vegada que es concedisca una llicència de derrocament que considerem
perjudicial, ja que creiem que amb esta interlocutòria el jutjat queda
lligat".
La interlocutòria del jutjat contenciós
administratiu número 2 es remet a una anterior resolució amb data del 24 de
juny del 2005, que assenyala que "tot i no ser ferma la sentència per la
qual podria considerar-se vigent i operatiu el PEPRI, no pot apreciar-se que la
no execució dels derrocaments perjudique l'interés general, innat en l'execució
del Plans Urbanístic, que justifique el derrocament dels edificis".
"Ans al contrari -prosseguix- mentre no es
produïsca una modificació de la situació jurídica actual, configurada per d'una
part la vigència de la suspensió parcial acordada pel TSJCV i en conseqüència
la no aplicabilitat del PEPRI, per a l'execució del qual van ser concedides les
llicències de derrocament l'execució de les quals se suspén, l'interés general
es voria pertorbat si estos enderrocs s'executaren".
"AMENACES I PRESSIONS"
José Luis Ramos ha insistit en el fet que la
corporació local "utilitza estos derrocaments perquè aquells ciutadans que
contínuament reben la visita d'Aumsa amenaçant-los d'expropiar-los se senten
més pressionats i vegen més motius per a desaparéixer com més prompte millor
del barri". Ha agregat que "el jutjat ha entés que els derrocaments
no són ajustats a dret perquè es fan per a enterbolir i degradar el barri i no
per a executar".
El representant de Salvem ha demanat que
"ningú entenga que nosaltres estem contra tots els derrocaments que
s'efectuen al barri", ja que "si es derroca una casa en estat de
ruïna per a substituir-la i millorar-la nosaltres ho aplaudirem". No
obstant, "quan es derroca per a crear solar i que això actue com un element
de degradació del barri i de coacció als veïns és quan ens oposarem".
Ramos ha enviat a més un "missatge" a la
societat Cabanyal 2010, a qui ha recomanat que en "la seua primera reunió
formal anote com un punt de l'ordre del dia que si no pot comprar edificis per
a derrocar-los i convertir-los en solar que s'afanye a comprar amb els diners
que tinga edificis que permeten fer equipaments que ja poden executar i
construir".
NOU PROJECTE
Per la seua banda, una altra representant de
Salvem el Cabanyal, Tina Díaz, ha llegit un manifest de l'entitat en què insta
el grup popular de l'Ajuntament de València a "retirar el PEPRI del
Cabanyal i començar l'estudi i la redacció d'un nou projecte de rehabilitació
integral amb la participació ciutadana". A més, sol·licita als grups
municipals del PSPV i EU-Entesa a presentar mocions al ple de l'ajuntament en
este sentit.
En el text s'assegura que "el
Cabanyal-Canyamelar, igual que altres barris de la ciutat amb què ens
solidaritzem, continua patint una forma de governar des del PP que es fonamenta
en la mentida i els interessos especulatius".
La plataforma lamenta "els diners i el
treball dels ciutadans desviats a actuacions mafioses d'Aumsa al Cabanyal, que
continua intentant acovardir i extorquir els propietaris", i acusa l'equip
de govern municipal d’utilitzar la mentida com a estratègia política amb l'únic
fi que el Cabanyal es degrade i es trenque i debilitar la resistència dels
veïns. "Però en açò també s'equivoquen perquè continuem tan ferms com fa
huit anys", advertix el col·lectiu.
Suspenden el derribo de cuatro edificios situados fuera de la zona BIC del Cabanyal
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia ha ordenado la suspensión del derribo de cuatro edificios incluidos en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, que se encuentran fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural.
AGENCIAS
El auto, dado a conocer hoy por la Plataforma Salvem el Cabanyal, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que validaba el plan está pendiente de un recurso de casación en el Tribunal Supremo, por lo que, hasta que este tribunal no se pronuncie, el PEPRI no es aplicable.
Según el juzgado, hasta que no se produzca una modificación de la situación jurídica, configurada por "la vigencia de la suspensión parcial acordada por el TSJCV" y por la "no firmeza de la sentencia dictada" por este tribunal, "y en consecuencia la no aplicabilidad del PEPRI", el interés general "se vería perturbado si estos derribos se ejecutaran".
Por ello, ha decidido la suspensión cautelar de las licencias de derribo que afectan a los edificios de la calle de San Pedro 21, 95 y 101, y del situado en la calle de Francisco Eximenis 132, en los que se prevé la construcción de una nueva vía conocida como Bulevar San Pedro.
PSPV y EU creen que la paralización de derribos en el Cabanyal frena al PP
Los grupos
municipales del PSPV y de EU-Entesa en el Ayuntamiento de Valencia coincidieron
en mostrar su "satisfacción" por el auto del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo Número 2 de Valencia por el cual se ordena la
suspensión cautelar de cuatro edificios del barrio del Cabanyal situados fuera
de la zona declarada BIC. Para la oposición, la resolución judicial frena
"los intereses especulativos" del equipo de gobierno municipal y
demuestra la "necesidad de negociar" para consensuar un nuevo plan
que cuente con el respaldo vecinal.
Así, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, aseguró que este auto "tiene una importancia fundamental porque vine a decir claramente que no se puede hacer aquello que no se puede hacer y que, por tanto, esa tesis que ha defendido la alcaldesa Rita Barberá de ir comprando casa a casa para destruirlas y generar minisolares que no son edificables por sí mismos se tiene que acabar".
Para el representante del PSPV, "hay que agradecer este tipo de autos porque es ir en contra de las manifestaciones especulativas que hasta este momento ha llevado el PP en esta cuestión".
En esta línea, consideró que "el tema del Cabanyal es muy complejo y adquiere dimensiones políticas, porque se trata de expulsar a los que allí viven a través de un tipo de operación urbanística en la que algunos han visto siempre una posibilidad de hacer negocio".
Rubio acusó al Ayuntamiento de Valencia de "estar dejando día a día que se degrade el barrio del Cabanyal de una manera constante con medidas urbanísticas como el derribo de algunos edificios, como en este caso que afortunadamente se ha parado, pero también con otras que inciden directamente en cuestiones de seguridad ciudadana y limpieza viaria".
Además, argumentó que "aquello que dijo Rita Barberá de que se pagarían las expropiaciones a precio de mercado es una falacia", ya que, según Rubio, el Consistorio "está expropiando cinco veces por debajo del valor de lo que se pagó al comienzo de una expropiación, no sólo en el Cabanyal sino en toda la ciudad". "Y esto es porque no hay un euro y esta es la manera de ir acumulando la deuda y los que vengan detrás que se apañen", apostilló.
Al respecto, el portavoz de la Plataforma Salvem el Cabanyal, José Luis Ramos, reveló que "Aumsa está pagando a los vecinos del Cabanyal unos 500 euros el metro cuadrado por superficie de suelo y de obra, mientras que la Generalitat ha establecido por unos terrenos anexos a la Junta Municipal expropiados por el paso del tranvía un justiprecio de 2.200 euros elm2". "El Ayuntamiento quiere descaradamente que la gente del Cabanyal pague su proyecto", sentenció.
Rafael Rubio recalcó que "esta ciudad, a parte de la America´s Cup, la visita en 2006 del papa, y la petición para no sé qué año de los Juegos Olímpicos, tiene graves problemas y los ciudadanos que viven aquí no esperan que se lo resuelvan con grandes acontecimientos sino con medidas concretas".
Negociar
Por ello, instó a, "de una vez por todas, sentarse y negociar una salida a esta situación porque si no se va a encallar no sabemos hasta cuando". Desde esa perspectiva, "me parece razonable la posición de Salvem el Cabanyal de trabajar por una solución consensuada para que no haya ni vencedores ni vencidos en este tema y que los problemas del barrio se solucionen". "Y si no se hace así es sencillamente porque a la señora Barberá no le da la gana", afirmó Rubio, que acusó a la alcaldesa de "aplicar el criterio de ser fuerte con los más débiles y con los más fuertes siempre lo que ellos quieran".
Asimismo, el portavoz socialista advirtió de que si al final del proceso el Tribunal Supremo da la razón a la Plataforma en su lucha contra el PEPRI del Cabanyal "tendremos que empezar de cero después de haber permitido la degradación de la zona durante años" y se preguntó "qué intereses hay detrás de todo esto". En opinión de Rubio, "no pueden decir que sólo es la rehabilitación del barrio, porque este se recuperaría con muy poco dinero, alguna operación de cirugía urbanística y dejando a los vecinos tal y como están".
Agregó que "si conscientemente el PP está dejando que el barrio se degrade sólo hay una lógica y eso está en el manual del buen especulador y Rita Barberá de eso entiende y mucho", manifestó.
Por su parte, la concejala del grupo municipal de EU-Entesa María Victoria González expresó su "alegría" porque el auto supone que "el Ayuntamiento de Valencia no puede ya decir alegremente que el PEPRI se llevará a cabo excluida la zona BIC".
Además, exigió a la alcaldesa Rita Barberá que "empiece a ver que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez no es un capricho de ella y que hay que respetar las opiniones de los ciudadanos y también el patrimonio cultural de la ciudad de Valencia". De esta manera, le recomendó utilizar los fondos disponibles "en la rehabilitación integral del barrio en vez de estar especulando y amenazando a los vecinos y presionarles para que vendan".
González destacó que su partido "recoge el guante lanzado por la Plataforma para empezar a negociar con el PP u obligarle a hacerlo". "El PSOE y EU así lo haremos para que se estudie otro PEPRI y no estemos esperando años para ver qué pasa con el Plan del Cabanyal", concluyó.
Un juzgado amplía la prohibición de derribar edificios a todo el Cabanyal
El auto argumenta que las demoliciones perjudican el recurso vecinal contra la apertura de Blasco Ibáñez
Un juzgado ha ordenado la paralización del derribo de cuatro edificios en el Cabanyal. El auto se produce a petición de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal y supone la ampliación de dicha prohibición del área protegida al resto del barrio. La jueza aduce que las demoliciones van en contra del recurso en el Supremo.
PACO MORENO/VALENCIA
La empresa municipal AUMSA ya había contratado el derribo de los cuatro inmuebles y uno de ellos fue demolido el pasado día 6 de octubre, como recordó ayer el abogado de la plataforma vecinal, José Luis Ramos. Un día antes, los residentes pidieron la paralización de estas obras, al entender que el planeamiento urbanístico no está vigente y, por lo tanto, hay que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso sobre la zona protegida del Cabanyal, por donde pasará la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.
Se trata de tres inmuebles situados en la calle San Pedro y un cuarto en la calle Francisco Eiximenis. En los razonamientos jurídicos, la jueza dice que el plan urbanístico está pendiente de un recurso de casación en el Supremo y que la “ejecución de las licencias de derribo puede hacer perder su finalidad legítima al recurso”, debido a que si se ejecutan es para acometer el planeamiento de dicho plan.
Ramos comentó que presentarán en el futuro nuevos recursos, en caso de que la empresa AUMSA decida contratar más demoliciones. Para la prolongación y el resto del proyecto, es necesaria la compra de 500 inmuebles y el Ayuntamiento tiene de momento unos cuarenta.
Área protegida
A las pocas horas de conocerse el auto, el gobierno municipal anunció un recurso, al entender que las licencias de derribo “están ajustadas a Derecho.” El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, recordó que el Tribunal Superior “sólo suspendió la aplicación del planeamiento en el área declarada Bien de Interés Cultural, con lo que la actuación del Ayuntamiento ha sido consecuente con la única sentencia que hasta la fecha ha recaído y que dió la razón a la Administración local”.
El abogado de la plataforma vecinal matizó que los recursos a nuevos derribos se presentarán sólo en el caso de que sirvan para “degradar el barrio o romper la trama”, por lo que no se opondrán a actuaciones que sirvan para la construcción de equipamientos, como bibliotecas o colegios, entre otros servicios.
A la rueda de prensa donde se dio a conocer el auto asistieron el portavoz socialista, Rafael Rubio, y la concejala de Esquerra Unida María Victoria González. El primero dijo que los derribos aprobados por AUMSA “tratan de expulsar a los vecinos y forman parte de una operación urbanística especulativa”, tras lo que pidió a la alcaldesa Rita Barberá que modifique el plan urbanístico, con la eliminación de la apertura de Blasco Ibáñez. Precisamente ayer estaba prevista una reunión del consejo de la sociedad mixta Cabanyal 2010, donde se debía nombrar gerente y director técnico.
El encuentro fue cancelado, aunque el Ayuntamiento ya ha aprobado en sus presupuestos una aportación de nueve millones de euros para esta empresa, donde también participa la Generalitat y varios accionistas privados.
Rehabilitación integral
La concejala de Esquerra Unida emplazó a la alcaldesa a “respetar la opinión de los vecinos y el patrimonio cultural del Cabanyal”, tras lo que apostó por una rehabilitación integral del barrio.
El planeamiento del Cabanyal fue aprobado en 1999, aunque no está vigente debido a que es objeto de un recurso en el Supremo, así como de otro contencioso en la Audiencia de Madrid, al entender la plataforma vecinal que vulnera la ley de Patrimonio estatal.
El
pasado 17 de mayo, el Tribunal Superior aceptó el recurso de suspensión
cautelar en la zona protegida, hasta que se dilucide la cuestión en el Supremo.
AUMSA había iniciado varios derribos. Tras la decisión judicial, tuvo incluso
que reconstruir algún inmueble.
Un juzgado paraliza por primera vez el derribo de edificios fuera de la zona BIC del Cabanyal
Vecinos y oposición exigen la retirada del proyecto urbanístico y Barberá anuncia que recurrirán
H. G., Valencia
El Ayuntamiento de Valencia se encuentra cada vez más atado de pies y manos para desarrollar el plan especial del Cabanyal que incluye la polémica prolongación de Blasco Ibáñez. El juzgado nº 2 de lo contencioso-administrativo de Valencia ha dictado, con fecha 7 de diciembre, un auto judicial en el que ordena la suspensión cautelar de los derribos de cuatro edificios ubicados fuera de la zona BIC (Bien de Interés Cultural) del Cabanyal. El auto responde al recurso que presentó en octubre pasado Salvem el Cabanyal contra las licencias de derribo de cuatro inmuebles de las calles San Pedro y Francisco Eximenis afectados por la apertura del futuro bulevar San Pedro.
En el
auto, que por primera vez paraliza unos derribos fuera del entorno BIC, la juez
entiende que el plan [y por ende los derribos] no es ejecutable al estar
pendiente de un recurso de casación que presentó Salvem el Cabanyal ante el
Tribunal Supremo. Los juzgados ya paralizaron, a instancias de los vecinos, el
pasado mes de mayo el derribo de siete inmuebles, si bien en esa ocasión se
encontraban dentro del entorno BIC, que representa un 2% del ámbito urbano a
intervenir. El ayuntamiento entendía que podía actuar en el resto del barrio no
sujeto a la normativa de Patrimonio, que exige la edificación sustitutoria en
caso de derribo, si bien este último auto invalidaría esa teoría.
Rita Barberá y el concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, anunciaron ayer que recurrirán el auto al entender que las licencias «se ajustan
a derecho». Salvem el Cabanyal, por su parte, anunció que recurrirán todas las
licencias de derribo que supongan crear «más solares y más degradación» en el
barrio. Así lo explicó ayer el abogado de Salvem, Toni Ramos, en una rueda de
prensa que los responsables de la plataforma ofrecieron en el ayuntamiento
acompañados por concejales de la oposición.
Tina Díaz, portavoz de Salvem el Cabanyal, leyó un manifiesto en el que instan al consistorio a retirar el plan especial (Peri) y a elaborar uno nuevo para «la rehabilitación integral» del barrio consensuado con los vecinos. Díaz tildó de «es especulativo» el plan al tiempo que denunció el modo de actuar «mafioso» de la empresa municipal Aumsa, que ejecutará junto con la Generalitat (a través de la sociedad Cabanyal 2010) el plan especial. Según los vecinos, el ayuntamiento está pagando cuatro veces menos que la Generalitat por las viviendas del Cabanyal. En Doctor Lluch, explicó Ramos se han pagado 2.200 euros/m2 por unos edificios que había que tirar para la línea del tranvía y en el Cabanyal Aumsa sólo ofrece 500 euros. Ramos manifestó que «el ayuntamiento utiliza los derribos para presionar a los vecinos para que se marchen y para degradar»
El portavoz del PSPV, Rafael Rubio, apuntó en la rueda de prensa que el gobierno del PP intenta «minar la moral» de los vecinos, mientras que Victoria González (EU) destacó que «la prolongación de Blasco Ibáñez es un capricho de la alcaldesa Rita Barberá que debe abandonar de una vez por todas».
Un juzgado amplía la suspensión de derribos del plan de El Cabanyal más allá del área protegida
Barberá afirma que recurrirá el auto que impide demoler cuatro edificios del barrio
SARA VELERT
- Valencia
Nuevo varapalo de la Justicia al plan de El Cabanyal que promueve la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Después de la admisión por parte del Tribunal Supremo del recurso de casación contra el proyecto de abrir la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio valenciano, y de la suspensión del derribo de varias casas en el entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC), un juzgado ha decidido paralizar también las licencias para demoler cuatro edificios fuera de la zona protegida en el Pepri de El Cabanyal. Barberá, sorprendida por la prohibición, recurrirá el auto. "El Ayuntamiento de Valencia interpretó que fuera del BIC no tenía impedimento" para desarrollar el plan de El Cabanyal, ironizó ayer José Luis Ramos, abogado de la plataforma Salvem El Cabanyal, con el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia en la mano. La juez sustituta Herminia Fos se apoya en su resolución en la argumentación que expuso el mismo juzgado en mayo para parar los derribos iniciados por la empresa municipal Aumsa en edificios del BIC de El Cabanyal, y considera que la suspensión afecta también a la zona del Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) del barrio aunque los inmuebles no estén integrados en el área protegida. Recuerda la juez que los autos anteriores constataron que el plan de El Cabanyal está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, que debe confirmar o revocar el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que dio vía libre al Ayuntamiento para abrir Blasco Ibáñez, y que el Pepri, en esta situación, no es aplicable.
De esa forma, la juez extiende el criterio de protección del entorno BIC a cuatro edificios situados fuera del ámbito protegido para cuya demolición el Ayuntamiento dio licencia en octubre con la pretensión de preparar la construcción del futuro bulevar de San Pedro, para el que aún carece de proyecto de urbanización. Tras la sentencia del TSJ de octubre de 2004, que refrendó los planes de Barberá, el Consistorio ya intentó ejecutar varios derribos en el BIC, pero aceptó retirar sin plazo las máquinas después de la paralización cautelar del juzgado y la decisión del Supremo de admitir a trámite un recurso de casación contra el fallo del alto tribunal valenciano.
Salvem El Cabanyal recurrió las cuatro licencias para derribar fuera del BIC porque considera que el PP comete "un abuso de derecho" y actúa "de mala fe". Los derribos "no se hacen para ejecutar el planeamiento" de El Cabanyal, sino "para enturbiar y degradar el barrio, hacer solares que se convierten en lugar de escombros", opinó Ramos. "Con ello se crea más presión para que los vecinos se vayan", añadió.
La alcaldesa, Rita Barberá, expresó su sorpresa por el auto, que afecta a actuaciones fuera del BIC ("únicamente el 2% de la superficie del plan") y aseguró que la recurrirá. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, abundó en el argumento de que las últimas licencias concedidas afectan a edificios "fuera del área declarada BIC y, en consecuencia, no es de aplicación la Ley de Patrimonio Valenciano, que exige en dichas zonas" que el permiso de derribo "se acompañe de un proyecto básico de la nueva construcción".
El Ayuntamiento insistió en que sólo es intocable el BIC, hasta que se pronuncie el Supremo. Por contra, Ramos sostuvo que cualquier actuación dentro del Pepri de El Cabanyal es susceptible de ser paralizada porque la sentencia del TSJ incluyó una modificación del plan que aún no se ha publicado, por lo éste "no es aplicable". Así, el TSJ, aunque aprobó el proyecto de Barberá, exigió que se incluyera en el Pepri todo el BIC declarado por la Generalitat, lo que exige publicar de forma oficial la modificación. Este trámite no ha sido cumplimentado, por lo que cualquier actuación del Pepri podría paralizarse hasta que el Ayuntamiento subsane esta cuestión. No obstante, Ramos recalcó que la plataforma recurrirá el derribo "indiscriminado" de edificios, pero no aquellas actuaciones que impliquen la rehabilitación del barrio y la dotación de equipamientos.
El portavoz socialista, Rafael Rubio, y la concejal de EU-L'Entesa María Victoria González, exigieron de nuevo al PP que negocie un nuevo plan integral.
El consistorio sigue adelante con el plan del Cabanyal y desafía a Salvem a recurrir uno a uno los derribos
El ayuntamiento aprueba la conducción del manantial del futuro Balneario de la Lactancia
H. G., Valencia
El Ayuntamiento de Valencia seguirá adelante con el desarrollo del plan especial (Pepri) del Cabanyal a pesar del auto judicial que ha paralizado los derribos fuera de la zona BIC (Bien de Interés Cultural), donde ya se suspendieron los derribos en mayo pasado. Así lo anunció ayer el primer teniente de alcalde Alfonso Grau al término de la Junta de Gobierno. Aumsa «seguirá adelante con las actuaciones», destacó Grau quien desafiando a los vecinos de Salvem el Cabanyal aseguró que «tendrán que recurrir una a una las licencias de derribo». Grau acusó a Salvem y a quienes le apoyan de «mentir para intentar retrasar la ejecución del plan». El concejal dijo que la plataforma vecinal «ha dicho que sólo se oponen a la prolongación de Blasco Ibáñez y que les parece bien el resto del plan», pero los derribos paralizados «se encuentran fuera de la zona BIC y no tienen nada que ver con la prolongación».
Grau, quien dijo que la semana próxima se celebrará la reunión de la sociedad Cabanyal 2010, creada por el ayuntamiento y el Ivvsa para el desarrollo del Pepri, ratificó que el ayuntamiento recurrirá el auto del juzgado número 2 de Valencia que ha suspendido cautelarmente los derribos del futuro bulevar San Pedro.
La empresa que ejecutará las obras del Cabanyal elige gerente a un letrado del Ivvsa
Alejandro Ródenas es especialista en derecho urbanístico y también ha trabajado en Justicia
Laura Ballester, Valencia
El consejo de administración de Cabanyal 2010 SA ha nombrado gerente al abogado Alejandro Ródenas. Esta mercantil fue creada este verano por la Conselleria de Territorio y Vivienda, el Ayuntamiento de Valencia y once empresas inmobiliarias para acometer las obras del Plan del Cabanyal. Ródenas es abogado especialista en derecho urbanístico y ha ocupado hasta ahora diversos cargos en la administración. Fue letrado-jefe en la dirección general de Justicia de este departamento, durante la etapa en la que se crearon las Oficinas de Ayuda a la Víctima del Delito. En 2003 se incorporó al Ivvsa como director de gestión administrativa y, desde entonces, ha desempeñado funciones de gestión de inmuebles y de relaciones institucionales, además de ejercer de letrado en el consejo de administración del Ivvsa, que dirige José Fermín Doménech.
Cabanyal 2010 SA se creó este verano con un capital social de 35 millones de euros, repartidos en 35.000 acciones (a razón de 1.000 euros por acción). Los accionistas mayoritarios son las empresas públicas Ivvsa y Aumsa con 9.625 acciones cada uno. Los inversores privados participan con 1.856 acciones hasta 201, la que menos.
Preguntado el nuevo gerente si se reunirá con los vecinos que se oponen a la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a través del Cabanyal -una intervención que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo-, Ródenas asegura que está «abierto a hablar y a recibir a todo el mundo, no sólo a esperar sentado en un sillón. Con buena voluntad todo se puede arreglar». Aunque por lo pronto, el recién nombrado directivo de Cabanyal 2010 SA empleará estas semanas festivas a «ubicarse, tomar constancia de la situación» y habilitar las oficinas de la mercantil.